La Corporación Nacional de Defensa de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, junto al diputado, Juan Luis Castro, condenaron el aunmento de las ganancias de la isapres y las practicas discriminadoras contra miles de usuarios en su planes de salud, excluyendo es por sexo, edad y estrato económico, y que, hasta ahora, la Superintendencia de Salud, en lugar de fiscalizar y frenar las “malas prácticas”, avala dicho proceso.
Conadecus advirtió que la ley que se tramita en la Cámara se puede traducir en un abuso mayor por parte de las isapres, especialmente por el IPC de la salud, que puede transformarse en una obligación de aceptar los contratos que éstas ofrecen.
Calderón criticó además que las grandes utilidades de las prestadoras de salud, más de 68 mil millones en 2011, han aumentado a costa de los usuarios. “Eso se está reflejando en estas utilizados estratosféricas que están obteniendo estas empresas y que cada día aumentan más, que es además con recursos públicos, a través del Plan Auge”.
Los dirigentes subrayaron que con esto no resuelve los principales problemas de los usuarios e instala muchos privilegios para las empresas privadas. “Coloca un IPC de la salud, sin embargo, lo deja solo como un referente y no como obligatorio para evitar las alzas desmedidas de precio. Leda poder a la superintendencia para poder legalizar todos los reajustes presentes y futuros en los precios de las isapres, dejando más desvalidos a los usuarios en cuanto a su derecho de reclamar en los tribunales de justicia.
El Plan Garantizado de Salud, es una canasta básica de prestaciones, en vez de ser un plan universal garantizado como debiera ocurrir, para que así los usuarios de isapre no se vean afectados por las típicas letras chicas de los contratos, enfermedades catastróficas, preexistencias, etc.”, sostuvo
