Un año después de que la Superintendencia de Pensiones (SP) aprobara la polémica fusión de las AFP Cuprum y Argentum, en enero de 2015, Tamara Agnic presentaba su renuncia al cargo en medio de una lluvia de críticas y la objeción de la Contraloría General de la República a la operación que en la práctica implica millonarias pérdidas tributarias para el fisco.
Pero antes de dejar el cargo de superintendenta, la ingeniera comercial dio la pelea e intentó por todos los medios validar la decisión que permitió a la estadounidense Principal Financial Group declarar un beneficio tributario denominado goodwill, de unos US$ 130 millones. De hecho, y luego de que la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, le indicara mediante un oficio que se abstuviera de autorizar movimientos similares, Agnic aprobó una operación similar: la fusión entre las AFP Metlife y Provida a través de Acquisition, que generó un goodwill por unos US$ 288 millones.
La defensa de los argumentos que terminaron por marcar su gestión, también abarcaron la contratación, autorizada directamente por Agnic, de tres prestigiosos estudios de abogados por más de 54 millones de pesos.
Así se desprende de la información solicitada vía Ley de Transparencia, en que se piden a la SP los gastos de informes en derecho, asesorías comunicacionales y defensas judiciales en el marco de la defensa de los argumentos que responden a las críticas de la fusión. Así como si se estos se hicieron a través de licitación o contratación directa.
La respuesta detalla que la entonces superintendenta autorizó cinco contratos por trato directo entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre de 2015, por un total de $ 54.370.230.
De esta forma, en agosto de 2015 se contrató a Asesorías Pfeiffer y Cía. Ltda. bajo el ítem de estudios e investigaciones, para realizar un “informe en derecho referido a las atribuciones y facultades con que cuenta la SP para autorizar la creación de una administradora de Fondo de Pensiones y su posterior fusión con una AFP ya existente” ($ 12.521.110).
Un mes después, el 9 de septiembre, se autoriza bajo el mismo ítem la contratación de Barahona Bonacic Abogados Ltda. para la representación y defensa judicial del caso, lo que fue dividido en tres contratos distintos por un total de $ 30.399.120.
Este bufete fue contratado también en diciembre por $ 4.450.000 para elaborar un informe en derecho relativo al caso.
El mismo mes se contrató a la Consultora Feliú y Asociados Ltda. para elaborar un informe en derecho sobre las atribuciones y facultades con que cuenta la SP y la representación de la superintendencia ante el pronunciamiento de la Contraloría, por $ 7.000.000.
Los detalles de estos gastos, según la respuesta de la superintendencia, se encuentran publicados en el sitio web de la institución fiscalizadora. Pero al intentar acceder aparece que no se encuentra disponible y que se intente más tarde.
Desde la SP señalaron además que “no se contrataron asesorías comunicacionales que específicamente se refirieron a la materia consultada”.
Fuente: ElMostrador
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19 Dic 2024
