Por Eugenio Tuma,
Senador por la Región de La Araucanía
El proyecto que fija un nuevo parámetro de cálculo de interés máximo convencional ha tenido como preocupación central en las familias más endeudadas de Chile.
Tenemos un millón 58 mil trabajadores que perciben el sueldo mínimo y ellos utilizan principalmente el crédito, no para comprar bienes de consumo durables como una vivienda o un automóvil, sino que, principalmente, lo usan como complemento de su remuneración.
Esto me recuerda lo que ocurría con las salitreras, cuando se le pagaba al trabajador con una ficha al trabajador y estaba obligado a adquirir mercaderías en una pulpería que era del mismo propietario, del dueño de la mina. Y, en definitiva, pagaba cuatro veces el valor de esa mercadería.
Casi podemos reproducir el sistema que tenemos hoy día, donde hay una gran concentración de la oferta de crédito y en casi todos los rubros, y donde los deudores que adquieren un crédito se ven impelidos a pagar tasas usureras de intereses que no están limitadas por la ley.
Si vemos el modo en que se calcula la tasa máxima convencional -que fue originada en un momento en que la historia económica de Chile estaba en crisis, había una inflación galopante, y recién los bancos estaban saliendo de un endeudamiento que tuvo el Estado que salvarles- son los mismos bancos los que determinan cuál tasa es la que se fija. Porque eso nace a raíz de calcular el promedio de las colocaciones de los bancos, más un 50 %, que creemos que es absolutamente excesivo en un país donde tenemos una inflación del 2,5%; 2,8% ó 3%.
Si ve cuánto le cuesta el dinero al banco, el Banco Central dice: “Mire, el costo interbancario es de 5,25”. Pero eso no es válido para los consumidores. Para los consumidores es hasta un 50% sobre las colocaciones que andan por el 33 % promedio en el segmento de deudores que deben menos o se endeudan menos de 200 unidades de fomento, es decir, menos de 4 millones de pesos.
En definitiva, si a ese promedio de 33% le agrega el 50% que establece la ley, llegamos a permitir una tasa del 50% anual, en circunstancias de que costo de fondo para los retail, para los bancos, para las financieras, que se las piden a las AFP, al 5%.
Los trabajadores que no tienen una pensión asegurada, garantizada, con el sistema AFP, que ahora, recientemente, ha perdido 25 mil millones de dólares. En realidad, el país se dice que es rico porque tiene más de 40 mil millones de dólares en fondo de reserva del cobre, pero tiene más de 130 mil millones de dólares producto del ahorro que los trabajadores han hecho en el Fondo de Pensiones.
Ese Fondo de Pensiones se administra, parte de él, en un crédito que se le da a la banca, que se le da bajo distintas fórmulas de títulos diferentes a los retail. La Polar le colocó acciones de la AFP en su empresa. Es decir, la AFP compra acciones de La Polar y La Polar hace liquidez con esa plata.
En el fondo, mientras los financistas toman al 5% la plata de los trabajadores, a los mismos trabajadores se las vuelven a prestar al 50%. Y no es que quiera satanizar el crédito, lo que estamos buscando es una tasa justa de interés, un tratamiento justo y no que el deudor pague 4 veces su televisor.
Junto con los senadores que han trabajado conmigo este proyecto, hemos puesto el tema en debate y durante su discusión en particular analizaremos la mejor fórmula.
El Gobierno no ha querido presentar indicaciones a este proyecto de ley y en su lugar ha presentado otro que permite que se cobre un 45 % de interés anual. Es decir, de un 5% del costo de fondo a un 45%.
La amenaza de que ciertos sectores van a perder la posibilidad de endeudamiento, no es cierto. No hay ninguna entidad financiera que tenga ese costo de fondo que va a dejar de colocar los créditos en los sectores más necesitados, que son los que tienen mejor cumplimiento.
Queremos instalar con este proyecto de ley un debate en el Congreso para hacer una fórmula justa, que no permita seguir abusando de los trabajadores, de los deudores. Que este acceso al crédito sea justo.
Tenemos un sistema que no da cuenta del modo en que la banca, la financiera, tiene una legislación tremendamente favorable. ¿Por qué no fijamos en el Congreso una tasa que incluya todos los costos? Porque aun cuando fijemos una tasa razonable, lo más probable es que a los deudores después les agreguen gastos de comisiones, gasto de administración de la tarjeta, gasto de información. Y, en definitiva, le cobren de todas maneras una tasa de interés usuraria disfrazada bajo otros costos.
