Ernesto Benado, socio de CONADECUS
Seguramente muchos lectores todavía recuerdan el desfalco producido por un señor Dávila como operador de Codelco, quien arriesgando operaciones a futuro de cobre provocó enormes pérdidas y lo hizo compartiendo comisiones con los operadores en Londres.
Este hecho hay que tenerlo presente al leer las declaraciones de don Andrés Santa Cruz quien dirige la Asociación Gremial de AFP, cuando afirma que las comisiones cobradas por ellos se calculan sobre la base de los sueldos de los imponentes y no sobre sus aportes previsionales. ¿Entonces por qué hay tanto interés en administrar los cuantiosos aportes adicionales que se sumarian a los actuales? La iniciativa del Gobierno y el Ministro de Hacienda Valdés de integrar una comisión con representantes de gobierno y Oposición ha fracasado, demostrando que hay conflictos de interés insuperables para una propuesta de consenso.
Las sociedades anónimas que controlan las AFP se destacan por sus altas utilidades que oscilan entre el 10 y el 30% anuales sobre sus capitales (Habitat declara 28% antes de impuestos sobre su patrimonio al 31 de Diciembre 2016). Independientemente del hecho que la administración de los grandes recursos administrados por las AFP haya sido exitosa o no, ¿qué garantía hay que el poder de administrar recursos adicionales, no conduzca a ganancias adicionales para los operadores en los mercados financieros? Éstas tienen el nombre eufemístico de “gastos en comisiones de intermediación”.
Las posibilidades que un organismo estatal pueda controlar bien los acuerdos celebrados entre los operadores privados en los mercados financieros internacionales son muy pequeñas. Sus repartos de comisiones quedan sin sanciones e ingresan a las platas negras.
Es cierto que también hay casos de “descuidos” en el actuar de organismos estatales en que una burocracia negligente permite abusos y estafas. Sin ir más lejos en la CORFO se perdieron dentro de un “jarrón” documentos al portador que fueron vendidos a terceros y que todavía no se pueden recuperar totalmente. También en la administración de los Carabineros de Chile, se han coludido los administradores financieros internos de su sistema previsional para hacer transacciones falsas por miles de millones de pesos. La diferencia con los agentes privados es que estos son castigados y van a la cárcel.
No nos perdamos: hay que crear un nuevo sistema nacional de previsión de reparto al que concurran con sus aportes el 10% actual de los imponentes, el 5% adicional de los empleadores y un porcentaje a determinarse del Estado. Mantener el sistema de AFP con el 10% actual y sumar el 5% de aporte patronal, permitir los aportes voluntarios en un monto regulado por la Superintendencia de Pensiones. Y permitir la libre elección de los imponentes a cualquiera de los dos sistemas para cambiarse entre ellos una sola vez en su vida laboral.
¿Cómo administrar bien los nuevos recursos destinados al sistema previsional?
Hay que separar para ello los dos procesos en la administración y distribución de esos fondos.
El Estado chileno cuenta con un eficiente sistema de distribución de las pensiones tanto del antiguo sistema de reparto, como en el de las pensiones mínimas solidarias: es el Instituto de Previsión Social IPS. Cuenta con oficinas a lo largo de todo el país, personal eficiente en la atención de público y con capacidad instalada de sobra para hacerse cargo de un nuevo sistema solidario de reparto. Utilizarlo no significaría ningún gasto adicional al erario.
El Ministerio de Hacienda cuenta con dos Fondos Soberanos, el FEES y el FRP, cuya administración la ha delegado en el Banco Central creando además un Comité Financiero externo para controlar y asesorarlo en las decisiones de inversiones. La Tesorería General es la depositaria de los valores del Estado en custodia. Aparece como primera opción crear un nuevo Fondo Soberano para financiar el sistema solidario de reparto al que se dedicaría el 5% de aporte adicional y entregar su administración al propio Banco Central.
Si por razones que aún no se conocen el Banco Central no quisiera hacerse cargo de esta función , la segunda buena opción sería que la propia Tesorería General cumpliera esa función para lo cual debería contratar asesores externos para el manejo de ese nuevo Fondo Soberano solidario.
El problema más serio respecto a esos Fondos Soberanos, no es solo como se administran , sino como su inversión puede significar un aporte a la economía nacional , en lugar de ser invertidos en bonos extranjeros y/o apoyando economías de otros países .Un plan para revertir la tendencia a invertir fuera de Chile los nuevos recursos y reorientarlos a actividades productivas y de infraestructura nacional daría un notable impulso a la economía nacional. La modesta tasa de rentabilidad de los actuales Fondos Soberanos que en los dos últimos años apenas llegan al 3% , se pueden comparar con las rentabilidades del actual sistema de Concesiones Públicas, en que en el caso de las autopistas más que triplican esa rentabilidad para las empresas extranjeras que las han ido adquiriendo .Si a medida que esas concesiones van terminando se las recupera para el Estado se pueden incorporar al patrimonio nacional y colaborar a las inversiones futuras y a mejorar las pensiones.
No nos perdamos: hay que crear un nuevo sistema nacional de previsión de reparto al que concurran con sus aportes el 10% actual de los imponentes, el 5% adicional de los empleadores y un porcentaje a determinarse del Estado. Mantener el sistema de AFP con el 10% actual y sumar el 5% de aporte patronal, permitir los aportes voluntarios en un monto regulado por la Superintendencia de Pensiones.
Y permitir la libre elección de los imponentes a cualquiera de los dos sistemas para cambiarse entre ellos una sola vez en su vida laboral. Esta propuesta ya fue presentada por CONADECUS a la llamada comisión “Mario Marcel” en 2008 y no fue considerada.
Fuente: ElMostrador
