La mañana del martes 3 de agosto las diputadas Camila Vallejo y Maite Orsini, la alcaldesa Javiera Reyes (Lo Espejo) y los alcaldes Daniel Jadue (Recoleta), Ítalo Bravo (Pudahuel), Gonzalo Durán (Independencia), Mauro Tamayo (Cerro Navia, presidente de la Asociación de Municipios Libres), Antonio Olivares, abogado de CONADECUS, junto a deudores, lanzaron la campaña #ChileSinCortes, que alerta sobre el grave problema que tienen miles de familias por endeudamiento y morosidad en sus cuentas de luz.
El presidente de la Asociación de Municipios Libres, el alcalde Mauro Tamayo, detalló que son miles los chilenos y chilenas los que arriesgan corte de su suministro eléctrico debido a la deuda de arrastre en sus cuentas.
“Más de 720 mil hogares desde el 1 de enero pueden sufrir cortes de suministro eléctrico. Sorprende el silencio del gobierno, sorprende la indolencia y ningún pronunciamiento que hoy es apremiante. Las familias no pueden pagar la luz, no es que no quieran pagar, sino es que no tienen ingresos suficientes para hacerse cargo de deudas que, en promedio, estamos hablando de 175 mil pesos por hogar”.
El alcalde Tamayo especificó las propuestas de la Asociación de Municipios Libres (AML) para resolver esta problemática: “por una parte, un subsidio permanente para los servicios eléctricos, tal cual como ocurre hoy día con el agua potable para los sectores más vulnerables. Hacerse cargo de la deuda, además, como ha ocurrido en Colombia, Perú y en España, en especial el gobierno catalán en el cual la industria renuncia a parte de sus utilidades, el Estado entrega una parte y de esa forma se resuelven las deudas para no perjudicar a cientos de miles de familias que hoy lo están pasando muy mal”.
Por su parte, el abogado de CONADECUS, Antonio Olivares, coincidió en que “es necesario que se extienda el subsidio a los grupos más vulnerables porque son finalmente ellos quienes se ven afectados. Conadecus a diario recibe decenas de reclamos de consumidores en morosidad que se ven afectados y suelen ser las personas de más escasos recursos de nuestra ciudadanía”.
El acalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, instó al Gobierno para que entregue solución a una deuda que afecta mayormente a los sectores más vulnerables. “Hacemos un llamado al gobierno porque efectivamente la crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores, la crisis no la pueden seguir pagando y costeando los sectores populares”, dijo.
Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, también hizo hincapié en la necesidad de que el Estado apoye a las familias más vulnerables en la deuda de servicios básicos, pues son las que la pandemia ha golpeado con más fuerza. “Hoy, que el gobierno pueda tomar la decisión política de apoyar a las familias en términos de servicios básicos considerando la pandemia, considerando la crisis social y económica, sigue siendo un aspecto de vital importancia. Requerimos apoyo real porque lamentablemente los sectores que han sido azotados por la pandemia, han sido los sectores populares de nuestro país y en ello el apoyo no solamente se ha caracterizado por llegar tarde, sino la mayoría de las veces por ser un apoyo bastante pequeño”, detalló.
La diputada Camila Vallejo reiteró el llamado al Gobierno para que atienda la necesidad de servicios básicos de miles de familias. “Aquí el emplazamiento al ejecutivo a que prevea escenarios, a que se anticipe a los hechos y a actuar. Son millones de familias, millones de personas que viven en situación de endeudamiento, no solo por el suministro de luz, sino también por las deudas educativas que han tenido que financiar de sus propios bolsillos. Las conexiones a internet, para las modalidades de clases o para el teletrabajo, porque no ha sido de cargo del Ministerio de Educación ni de los empleadores. Tenemos una situación muy compleja, y por eso este llamado es de todas y todos a que Chile esté sin cortes, y para eso tiene que estar el Estado. No podemos dejar siempre al mercado la provisión de servicios básicos. El Estado tiene que involucrarse, tiene que invertir para apoyar a las familias chilenas”.
La diputada Maite Orsini detalló que la salida a este problema radica en la iniciativa legal que desde el Ejecutivo debe ser enviada al Parlamento. “Lamentablemente, este es un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República y nosotros no tenemos facultades para presentar un proyecto de ley que tenga gasto fiscal, pero sí estamos acá para hacer un llamado al presidente para que se haga cargo de la situación”, dijo.
Finalmente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamó al candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, a que interceda ante el Gobierno para dar solución a esta problemática. “Quiero hacer un emplazamiento al candidato presidencial que representa la derecha hoy sobre este tema, a que se pronuncie, que aborde este tema y que le pida a su gobierno, si efectivamente va a ser líder de la coalición, que apruebe una ley para evitar que este desastre que vamos a vivir a partir de diciembre, para el cual las eléctricas ya se están preparando las cuadrillas para acelerar la velocidad de los cortes, no suceda en nuestro país. Es tiempo que se pronuncie sobre todo él, el continuador de este gobierno”, dijo el edil.
Cifras preocupantes
Según datos de la SEC la deuda asociada a electricidad para el 31 de mayo asciende a $248.512 millones de pesos. Esto equivale a 720.840 clientes morosos.
Por otro lado, la morosidad asociada al período de la pandemia se acrecentó en $125.133 millones de pesos, posterior a la publicación de la Ley de Servicios Básicos (SSBB), en agosto de 2020. Si tomamos la morosidad de clientes desde marzo del 2020, fecha de inicio de la pandemia, a mayo de 2021, esta asciende a $ 160.062 millones de pesos para 206.000 clientes morosos.
Es importante señalar que antes del inicio de la pandemia, al 31 de marzo de 2020, la morosidad de base era de 514.418 clientes. Esto equivale al 71% del total de morosos.
Un 67% de los clientes morosos corresponde a quienes consumen promedio cuentas de electricidad (luz) de $20.000. De la deuda total, un 57% del monto total adeudado corresponde a clientes de mayores consumos y un 43% a clientes residenciales. 124.950 mil clientes no han accedido a ningún convenio de pago o recptación de la deuda desde marzo de 2020. Más del 50% de la deuda total en cuentas eléctricas proviene desde antes del inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
