La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra un grupo de panaderos industriales de la provincia de Iquique. Según la FNE, estos panaderos se coludieron entre 2019 y 2022 para coordinar alzas en los precios mayoristas del pan que abastece a los almacenes de la zona.
Desde la bullada colusión de las Farmacias en 2009, las acciones y faltas cometidas por empresas en este sentido han estado en la palestra pública, en el radar de la ciudadanía, y de las entidades correspondientes desde entonces. Desde aquel precedente, diversas han sido las colusiones de empresas y productos de primera necesidad destapadas, como por ejemplo, años después, lo fue la colusión del confort. Su conocimiento y reprobación pública, como las sanciones, no han evitado que estas faltas premeditadas por parte de distintos sectores empresariales y productores se hayan vuelto a repetir. Así ocurre una vez más, con el más reciente caso dado a conocer en estos días, sobre la colusión cometida por los panaderos industriales de la región de Inquique, información recopilada y comprobada por la Fiscalía Nacional Económica.
De acuerdo a la investigación, hace unos días, se detallaron una serie de acciones planficadas y realizadas por los panaderos industriales de la región, quienes realizaban reuniones presenciales para acordar los aumentos de precios y, posteriormente, difundían la información en medios de comunicación locales y redes sociales. El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, fue categórico: “Para la FNE todos los carteles son inaceptables. Este caso demuestra que estamos muy activos monitoreando las regiones de nuestro país, especialmente en mercados sensibles para la ciudadanía”. Los líderes de este movimiento, identificados como Samuel Campusano y Marlene Martínez, eran quienes organizaban las reuniones y promovían los incrementos en los precios a través de la prensa local.
La FNE pidió al TDLC que imponga multas por cerca de $65 millones a los responsables y, como medida preventiva, exige que todos los involucrados reciban capacitaciones en libre competencia. Este caso pone de manifiesto la importancia de proteger mercados tan esenciales como el del pan, que afecta directamente a miles de familias chilenas.
