Un brusco cambio sufrirían las cuentas de la luz en los próximos meses, producto de un alza que llegaría hasta un 21% en promedio. Esto se da porque se llegaría al límite del “Fondo de Estabilización”, según lo informado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Dicho fondo rigió desde el “estallido social” buscando evitar el aumento en el costo de las cuentas, pero el beneficio finalizará próximamente y obligará a hacer un recálculo en las tarifas.
El académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó que, si bien en un principio se estimaba que las alzas serían a inicios del 2023, ésta se podría adelantar para el segundo semestre de este año. “El gobierno entrante va a tener un problema muy grande para poder aminorar este problema, ya que va a impactar directamente a las personas que lo pasaron mal durante la pandemia”, dijo. Asimismo, el experto aclaró que “es muy poco lo que podemos hacer” y apuntó a que la situación “parece la tormenta perfecta”.
En el contexto de propagación del coronavirus COVID-19, se publicó la Ley N°21.301 que prorrogó las medidas dispuestas en el marco de la agenda para enfrentar los efectos sociales y económicos generados por la pandemia y los confinamientos. Se establecieron medidas para los usuarios relativas al suministro y cobro de servicios de distribución de agua y alcantarillado, electricidad y gas de red. En este sentido, establece que durante los noventa días siguientes a su fecha de publicación, las empresas proveedoras de estos servicios no podrán cortar el suministro por mora en el pago a las siguientes personas, usuarios y establecimientos:
a) Usuarios residenciales o domiciliarios.
b) Hospitales y centros de salud.
c) Cárceles y recintos penitenciarios.
d) Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
e) Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
f) Bomberos.
g) Organizaciones sin fines de lucro.
h) Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416 que las regula.
Además, la ley establece que las deudas que se contraigan con estas empresas entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los 90 días posteriores a su publicación, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final, hasta un máximo de 12, y el comienzo de su cobro se postergará hasta la primera facturación que ocurra una vez que hayan transcurrido los 90 días, sin multas, intereses ni gastos asociados. El referido prorrateo podrá incluir deudas generadas antes del plazo señalado, hasta el monto de 10 U.F. para el consumo de electricidad y de 5 U.F. para los consumos de agua y de gas. Para poder acceder a estos beneficios de postergación y prorrateo los usuarios deberán acreditar que cumplen con alguno de los requisitos señalados en el Art. 3° de la ley, o bien, justificar estar imposibilitados de pagar mediante una declaración jurada simple.
La ley impone a las empresas proveedoras el deber de establecer plataformas de atención a sus clientes, que permitan recibir las solicitudes. El plazo para resolver y comunicar la decisión será de 5 días hábiles, y en caso de ser negativa, deberá ser justificada. Del rechazo podrá reclamarse ante la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador respectivo.
Finalmente, se establece que si los beneficiarios hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio por mora en el pago, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno para el usuario
Más de un millón de usuarios se encuentran en la condición de morosos. Se calcula que en promedio, cada uno debe al menos unos $350 mil pesos mensuales.
No obstante, la anterior normativa no garantiza un tratamiento de la deuda acumulada en el periodo en cuestión, situación que producirá graves problemas futuros una vez que finalice la protección legal que evita la realización de corte del servicio por parte de las empresas concesionarias, pudiendo estas ejercer acciones de presión en un contexto difícil para las familias de nuestro país. Sumado a ello, con el fin de la vigencia del “mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía”, se proyecta un aumento en el monto de la tarifa eléctrica que pagan los clientes regulados a partir del segundo semestre del año 2022, dificultando aún más el escenario económico y financiero para los usuarios de estos servicios fundamentales y básicos para el desarrollo de la vida humana.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, señala que el modelo debe ser a través de una fijación de precios de utilidad máxima; y no de tarifa máxima.
“Hay un tema de fondo que es el endeudamiento que se ha ido provocando por las postergaciones o la cesantía, la falta de trabajo y la falta de ingreso de los trabajadores y de los ciudadanos y se ha ido acumulando una deuda que se está transformando en impagable para estas personas”, argumentó Calderón.
