Conadecus y Odecus hicieron ver sus pros y contras de la norma a los parlamentarios que estudian sus ideas matrices al interior de la Comisión de Economía.
Duplicar los fondos concursables para las asociaciones de consumidores es uno de los puntos que dispone el proyecto en segundo trámite, que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), cuyo texto está siendo analizado por los integrantes de la Comisión de Economía.
En ese entendido, los legisladores recibieron en su última sesión a los titulares de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) y la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), quienes calificaron como insuficientes los dineros que se pretenden incrementar.
El presidente de la citada instancia parlamentaria, el senador Eugenio Tuma reconoció la pertinencia de escuchar la opinión de estas entidades considerando que son ellos son los actores principales de la propuesta.
“Hemos recogido la inquietud de las asociaciones que defienden los derechos de muchas personas que se sienten abusadas por el sistema y por la justicia que no resuelve sus demandas. Ellos nos expresaron su preocupación con la norma respecto a que no se fortalecen lo suficiente estos grupos intermedios”, aclaró el legislador.
En cuanto a los fondos para estos grupos, el congresista reconoció que “los dineros son escasos, prácticamente se les deja en la indefensión porque solo se les duplican los actuales montos”. En tal sentido, manifestó que “en el curso del debate legislativo esperamos introducir cambios, de manera de potenciar esta parte del articulado”.
En esa línea, aseguró que “el Sernac pasa de contar con 8 mil millones de pesos a 32 mil, por lo que creemos que si se hizo ese esfuerzo pensando en la institucionalidad, ¿por qué no puede hacerse uno similar pensando en las organizaciones?”.
Tras la sesión, presidente de Conadecus, Hernán Calderón reconoció la buena disposición de los senadores a escuchar sus demandas. En cuanto a ello, manifestó que “necesitamos fortalecer a la sociedad civil, por eso nos preocupa que en el proyecto esté ausente aquello”.
“Entendemos que la defensa de los consumidores pasa en forma importante por la existencia de organizaciones fuertes. Por ello hemos hablado de opciones como crear un consejo de consumo o generar sistemas integrados como los que existen en otros países. A ello también deben sumarse los recursos necesarios porque hoy contamos con fondos para meses, no para todo el año, y la verdad es que los reclamos surgen todos los días”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de Odecus, Stefan Larenas valoró la propuesta indicando que “avanza en quitar obstáculos importantes que hoy enfrentamos como por ejemplo, en todo lo que se relaciona con generar modelos propios de negocios. Eso nos parece bien”.
En cuanto a los contras, el dirigente coincidió con su par respecto a que el incremento de los fondos es insuficiente. “Creemos que para poder avanzar en ello deben externalizarse servicios y entregarnos a nosotros responsabilidades como lo educacional y la atención al público”, graficó.
Cabe recordar que al respecto el proyecto propone derogar la prohibición a las Asociaciones de Consumidores de desarrollar actividades lucrativas, las cuales a esta fecha sólo pueden limitarse al financiamiento o recuperación de costos en el desarrollo y cumplimiento de actividades que les son propias.
La norma contempla que el Estado, a través del Fondo Concursable contemplado en la ley, asignará recursos a estas asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Así se multiplican los actuales fondos.
La actual ley dispone para el 2015, un presupuesto total de $379 millones de pesos. Cada Asociación de Consumidores puede presentar hasta un máximo de 5 proyectos, cuyo monto mínimo por cada uno es de 3 millones de pesos. El monto total que se le puede asignar a cada asociación no podrá superar los 43 millones 200 mil pesos.
El propósito de este fondo es apoyar las acciones de las Asociaciones de Consumidores y facilitar la generación de redes a nivel nacional que permitan el fortalecimiento del movimiento organizado de los propios consumidores y consumidoras en defensa de sus derechos.
Además, las organizaciones pueden realizar campañas de difusión sobre los derechos de los consumidores, crear centros de atención en consumo, desarrollar programas educativos, estudios de calidad de productos o servicios, entre otras iniciativas.
Como contrapartida a los nuevos derechos que se les confieren, se introduce la prohibición de repartir excedentes, utilidades o beneficios pecuniarios de sus actividades entre sus miembros fundadores, directores, socios, personas relacionadas con los anteriores o trabajadores, sin perjuicio de las gratificaciones legales que les correspondan.
Los ingresos que obtengan con sus actividades servirán exclusivamente para su financiamiento, desarrollo institucional, investigación, estudios, o para el apoyo de sus objetivos. Asimismo, se contempla la prohibición para las Asociaciones de Consumidores de celebrar actos o contratos con sus miembros fundadores, directores, socios o personas relacionadas con los anteriores, incluyendo la prestación de servicios o contratos de trabajo.
Cabe consignar que la próxima semana han sido invitado académicos expertos en Derecho Procesal en materia de juicios que buscan defender los derechos de los consumidores. La idea es identificar en la práctica cuáles han sido las dificultades que se reiteran en estos procesos, las que podrían ser solucionadas con una nueva legislación.
Fuente: Senado
