Por Rodrigo Lobos Palacios.
El estallido social generó un revuelo político sin precedentes. La normalidad que no era tal, se desvaneció para denunciar abusos tan incorporados que eran asumidos con normalidad. Una dura y triste consecuencia de años de abusos institucionales, amparados en una legislación que respalda dichos excesos. No es secreto que la Constitución del 80´ consagró tales abusos -un cáncer que hizo metástasis y del que no se mejora con facilidad-. Las voluntades políticas y el actuar del gobierno, no han sido capaces de dar respuestas satisfactorias para terminar con las movilizaciones. Y aunque el presidente Piñera gusta de hacer anuncios que buscan instalar una concordancia con las demandas sociales, sus medidas pro-consumidor, no tocan los temas de fondo y son insuficientes. En palabras de Hernán Calderón, presidente de CONADECUS: “para que el mercado logre consolidar un equilibrio que represente un sistema saludable, se deben establecer cuotas de mercado máximo por cada empresa. A nuestro entender, estas no deben superar el 15% para asegurar que la libre competencia actúe y el mercado se autorregule.” Tampoco debemos olvidar que el buen desarrollo del mercado, está limitado y se ve comprometido porque sus actores mantienen conflicto de interés, vínculos materiales y sociales que perjudican y atentan contra la transparencia del mercado. Lamentablemente estas prácticas deleznables están instauradas a fuego y son parte de un turbio pasado autoritario que los gobiernos no han corregido o no han querido enmendar. De ahí que las movilizaciones no decaigan y tampoco se vea una pronta salida al conflicto. Lo cierto es que las movilizaciones no tienen fecha de caducidad, una realidad que el gobierno no ha querido ver, y que deja en evidencia, una falta de liderazgo que nos dejó atónitos, al que se suman un clamor popular que superó toda expectativa y, en palabras del gobierno, sobrepasó a las policías. Para que hablar de teorías internacionales conspirativas y la resurrección de demonios del pasado que tan bien encarnaron varios/as “honorables” que ante las circunstancias, no entendían el compromiso y la necesaria altura de miras que la situación requería. Una espera orquestada que no daba luces de entender el problema y mucho menos manejaba una solución. Las movilizaciones y protestas pacíficas siguen vivas y el paso de los días pareciera no afectarla. ¿Será que Chile despertó o simplemente no hay vuelta atrás? La respuesta es lógica si atendemos a la cruda y dura realidad: de AFP, Salud Pública, Educación, Sueldo Mínimo, y un largo etcétera, no se habla. Todavía les vale apagar el incendio por goteo, con dineros de nuestros impuestos, en un juego con reglas viciadas y sin ánimo de cambio. Ni hablar del 10% de las Fuerzas Armadas o decretar con Fuerza de Ley el reparto del 50% – US$511 Millones de dólares de ganancias a septiembre de 2019-, sólo el 50%, de las utilidades de las AFP; o que éstas asuman las pérdidas y no el afiliado. Tampoco debemos olvidar los $178 Mil Millones de pesos en la caja chica de las AFP, pertenecientes a cotizantes que han muerto. Lo cierto, es que todos hablan de ser prudentes con el gasto fiscal, aunque Chile se venga abajo. Será por eso que molesta tanto enterarse de los desfalcos de Carabineros de Chile -$40 mil millones de pesos-, el caso “MilicoGate”-$2.200 millones de pesos-, el financiamiento ilícito de la política “Penta/SQM” -$2.900 Millones de pesos-, la colusión de los pollos -$830 mil millones de pesos-, y el papel higiénico -$361 Mil millones de pesos- por nombrar algunos. Algo así como U$5.000 Millones de dólares, equivalentes a: 126.621 viviendas sociales; 1.538 Consultorios, 366 colegios, 28 hospitales y más de 33 millones de pensiones básicas. ¿Por qué debemos creer la mentira que en Chile no hay plata? La plata sobra, pero se la roban a diario, casi por planilla, en nuestras narices. Súmale el drama de la sequía y robo de agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es privada. Un ejemplo de ello y los vicios del sistema que protege el gobierno de Piñera, es el caso del Ministro de Agricultura, Antonio Walker, que justifica la propiedad del agua sin miramientos: cabe recordar que él posee derechos de agua, que otorgan la sorprendente cifra de veintinueve mil litros por segundo (29.000 Litros x Segundo), el equivalente necesario para cubrir las demandas de doce millones y medio de personas. Se entiende porque resulta tan difícil para el gobierno plantear salidas concretas. Es sabido que los conflictos de interés desbordan La Moneda y el Congreso Nacional, donde los beneficios personales están por sobre las necesidades de un país; los 18 millones, y no el selecto grupo de familias que se acomodó bajo el alero de Pinochet. Demasiados años sacando partido de triquiñuelas y artimañas cocinadas en dictadura, con el fin de desangrar Chile y repartir migajas. Esa es la triste realidad que no queríamos ver, la misma de aquellos que reclaman su “normalidad”, la misma que tiene a la calle protestando hace ya largos cincuenta y cinco días. Un sistema abusivo, corrupto y a la vez frágil. Un espejismo de prosperidad que no era tal, un oasis como señalara el presidente. Un sistema económico desbordado en créditos de consumo que fueron ahogando a un número importante de chilenos -4.6 millones de sobre endeudados- que no lograron mantener el ritmo de pagos y hoy son presos del sistema financiero. Por lo mismo CONADECUS A.C estima que las medidas Pro-Consumidor y Anti-Abusos son insuficientes y no dan abasto a las exigencias que el mercado y la ciudadanía reclaman con justa razón. Por lo mismo, CONADECUS, ha planteado que se necesitan medidas concretas respecto del sobre-endeudamiento. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debe hacerse cargo de las elevadas tasas de interés que están fijadas para el mercado. En palabras de Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile: “resulta necesario bajar la tasa máxima de interés convencional del 36% al 18%. Entendiendo que un 36%, es un cobro usurero”. Complementariamente, plantea la necesidad de: “considerar la rebaja del IVA de los servicios básicos a un 4%, lo que significaría que las personas puedan percibir un beneficio directo asociado al costo de la vida. Todas ellas, medidas concretas que esperamos ver materializadas prontamente en un proyecto de ley.” Ojalá las demandas no se las lleve el viento.
