Tras un estudio encargado por los ministerios de Salud y Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet, académicos e investigadores de la Universidad de Chile adelantaron los resultados que proponen elevar los impuestos de alimentos ricos en grasas, azúcares y sodio.
El estudio interdisciplinario presentó una fórmula de multiplicar cada gramo de azúcar por 1,9 pesos, de sodio por 23 pesos y de grasa por 31 pesos. A cada resultado se le agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para tener el total de impuestos que paga cada producto y de este modo combatir la epidemia de la obesidad en Chile.
De acuerdo a los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-17, el 74 por ciento de la población tiene exceso de peso y el 3,2 padece de obesidad mórbida.
La investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Camila Corvalán, advirtió que “el resultado del estudio es bien fuerte en relación al alza que implica en los precios de algunos alimentos”.
Por ejemplo, si se aplica el impuesto a un kilo de vienesas que hoy tiene un costo de 2.000 pesos, podría llegar a costar cerca de 10.000. En cambio, una mayonesa de 1.800 pesos alcanzaría el costo de 4.000.
La profesional detalló que “si uno lo mira desde un punto de vista concreto de aplicabilidad, nosotros avanzamos en tener reuniones con impuestos internos y organismos que lo tendrían que ejecutar, y la verdad es que no hay ninguna imposibilidad práctica“.
Sin embargo, advirtió que “si lo miramos ya desde una perspectiva de economía política, por supuesto que ahí hay otras transacciones que hacer, que son más bien del orden político” y recomendó que se debiera aplicar de manera gradual.
En tanto, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Carlos Cuadrado, subrayó que “el precio que los consumidores pagan por esos alimentos no está considerando hoy las consecuencias que tiene para la salud que pagamos entre todos”.
Para el científico, la obesidad implica para el país costos en hospitalizaciones, tratamientos y pensiones de invalidez prematuras que finalmente lo financian todos los contribuyentes.
Fuente: ADN