La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá hoy martes, el proyecto que establece un “borronazo” de los registros de deudas impagas menores a $2,5 millones. La iniciativa tiene en alerta a la banca y al retail financiero, quienes lo consideran una “mala política pública“.
El proyecto de “borronazo” es una moción presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS) y apoyada por un grupo transversal de parlamentarios, entre los que se encuentran: Miguel Ángel Calisto (DC), Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL) y Sofía Cid (RN).
La regulación se aplicaría a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, como por ejemplo Dicom, pero no significa que se condonarán estas deudas, sino que solo serviría para borrar del registro de morosos a las personas que deban una cifra inferior a dicho monto. De esta forma, quienes cumplan con los requisitos podrían acceder a algunos beneficios bancarios y/o comerciales que actualmente no tienen permitido.
El proyecto establece entonces la obligación de eliminar de los registros y bancos de datos las deudas exigibles e impagas inferiores a $2,5 millones por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro.
Actualmente existe un endeudamiento y sobreendeudamiento de los consumidores producto de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la inflación que nos azota. En tal contexto deben buscarse medidas que ayuden a los consumidores y que les permitan incorporarse al sistema financiero, comercial y laboral.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus señaló: “por una parte, valoramos que el proyecto busque hacer frente al endeudamiento, lo que sería una salida para los consumidores que les permita incorporarse al sistema financiero. En este sentido, se debe tener en consideración que los acreedores tales como: banco, retail financiero, cajas de compensación, financieras, etc., cuentan con una serie de derechos para hacer valer su crédito, siendo la información financiera solo una de esas herramientas. Dichos acreedores siempre podrán perseguir judicialmente al deudor y buscar el pago del crédito, por ende, este proyecto solo restringe la información al sistema financiero“.
“En segundo lugar, se debe considerar que habitualmente el riesgo en los créditos es asumido por el consumidor o deudor, pues el no pago o el atraso lo excluirá del sistema financiero de forma íntegra, no tendrá acceso al crédito, será excluido del sistema bancario, no será sujeto de arriendo, etc. En cambio, las normativas propuestas traspasan dicho riesgo a la entidad financiera, reequilibran en parte la situación. Esto debe vincularse con la entrega indiscriminada de créditos de consumo por parte de las entidades financieras y sobre todo del retail financiero sin revisar la situación financiera del consumidor. Dicho riesgo, si se verifica, este proyecto lo coloca de cargo del acreedor, aunque, recordemos, siempre podrá perseguir su pago judicialmente. No se puede perder de vista que, durante años, el retail financiero ha otorgado créditos de forma indiscriminada aportando al sobre endeudamiento de la ciudadanía traspasando todos los costos a los deudores”.
Ahora bien, también debemos considerar las críticas al proyecto. “En primer lugar, el proyecto no se hace cargo del problema de fondo, del endeudamiento real de la persona, de la deuda misma. Solo viene a regular o a eliminar la información respecto a la existencia de la deuda en un banco de datos. El endeudamiento continuará y la carga de las personas será la misma o, incluso, podrá aumentar.
Esta situación puede implicar un aumento del riesgo en el otorgamiento del crédito por parte de las entidades financieras, lo que encarece el crédito a los consumidores más vulnerables, (precisamente los menores a 2,5millones de pesos que es el objeto del proyecto).
En la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas, expuso por parte de Conadecus, Luis Solís, Ingeniero Comercial, Director del Instituto de la Pequeña Empresa y la Economía Social, IPEES, asesor y socio de Conadecus.
Críticas de la banca y el retail financiero
La iniciativa no es vista con buenos ojos por la banca ni el retail financiero, ya que según dicen se trata de “una mala política pública” que en definitiva irá en desmedro de los consumidores que a futuro quieran acceder al crédito.
El vicepresidente de Retail Financiero, Claudio Ortiz, le explicó a DF que, a diferencia de proyectos anteriores, que buscaban eliminar la comunicación de los datos, “esta iniciativa busca la eliminación de estos datos, lo que afectará no solo a los distribuidores, sino que también a los emisores de crédito”.
“No solo es un ‘borronazo’ de información, sino que es un ‘borronazo’ de las deudas en el sistema, dado que esto podría transformarse en un verdadero obstáculo para que las empresas puedan recuperar lo prestado”, añada.
Desde la Asociación de Bancos (Abif) en tanto, explicaron que contar con información crediticia permite mejorar el acceso y las condiciones de los créditos, recordado que con los “borronazos” de 2002 y 2012 “el crédito se contrajo
