Actualmente nuestros vecinos, vecinas y consumidores cuentan con el amparo de la Ley Nro. 21.249, que de manera excepcional dispone medidas a favor de los usuarios finales de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, garantizando así la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2021. A la fecha y según el informe presentado por la SEC se han firmado más de 196 mil convenios de pagos durante el periodo de pandemia, siendo este el mecanismo establecido por ley para regularizar la deuda de los clientes de servicios básicos. No obstante, la anterior normativa no garantiza un tratamiento de la deuda acumulada en el periodo en cuestión, situación que producirá graves problemas futuros una vez que finalice la protección legal que evita la realización de corte del servicio por parte de las empresas concesionarias, pudiendo estas ejercer acciones de presión en un contexto difícil para las familias de nuestro país. Sumado a ello, con el fin de la vigencia del “mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía”, se proyecta un aumento en el monto de la tarifa eléctrica que pagan los clientes regulados a partir del segundo semestre del año 2022, dificultando aún más el escenario económico y financiero para los usuarios de estos servicios fundamentales y básicos para el desarrollo de la vida humana.
La experiencia internacional nos muestra la importancia de que el Estado se haga parte en la solución del problema, países como España, Portugal, Perú y Colombia han efectuado acciones que van en directo beneficio de los habitantes del país, materias como: el apoyo económico a familias para el pago de sus cuentas de servicios básicos; el establecimiento de categorías de consumidores que busca proteger a los sectores más vulnerable de la población; disminución de la tarifa del servicio a usuario del sector residencial; entrega de beneficios como bonos para el pago de la deuda contraída; así como la disminución de los impuestos asociados a los servicios básicos y fundamentales para el desarrollo de la vida humana son algunas de las medidas excepcionales que se han tomado en países alrededor del mundo.
Por lo anterior, es necesaria la intervención Estatal mediante el pronunciamiento del Ejecutivo con el fin de garantizar el servicio oportuno y de calidad para los habitantes de nuestro país, el Gobierno debe elaborar una propuesta que disminuya el impacto en las ciudadanas y ciudadanos, siendo prioritaria la incorporación y establecimiento de medidas que vayan en apoyo de la comunidad, como:
- Que el Estado se haga parte de la solución del problema mediante el diseño de una propuesta cuyo enfoque sea el bienestar de la comunidad, así como también realizar una ayuda económica en la regularización de la deuda generada en las familias más vulnerables del país.
- Que el concesionario del servicio reduzca sus utilidades y asuma parte de la deuda con el fin de conseguir el saneamiento de la misma.
- Establecer un mecanismo que permita a nuestros vecinos, vecinas y consumidores regularizar la deuda sin afectar de forma profunda su economía familiar.
Creemos que lo anteriormente descrito garantiza un resultado en directo beneficio de las personas, siendo el acceso y continuidad de los servicios básicos una necesidad humana, cuya falta se traduce en un problema social que afecta directamente el bienestar, la salud y las condiciones mínimas de vida digna para cada uno de los habitantes de este país. De esta forma contribuiremos en no aumentar las ya existentes brechas de pobreza energética existentes en nuestro país.
