Caso La Polar: Alcalde, Moreno y Farah cumplirán pena de 5 años en libertad vigilada

El Segundo Juzgado de Garantía confirmó la pena de cinco años de cárcel y el pago de millonarias sumas de dinero al ex presidente del directorio y ex gerente general, Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, en el marco del caso La Polar.
Sin embargo, el tribunal accedió a la petición de la defensa para que los ex ejecutivos para que cumplan la condena en libertad vigilada.
El lunes los ex ejecutivos fueron declarados culpables de diferentes delitos de los que los acusó la Fiscalía Centro Norte en el marco de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa del retail entre 2006 y 2011.
En un juicio abreviado los acusados reconocieron los delitos de los que los acusó el fiscal José Morales, por los que solicitó una pena de cinco años de cárcel y el comiso de millonarias sumas de dinero para cada ejecutivo. Los querellantes estuvieron de acuerdo con la acusación de la fiscalía.
Se trata de la primera condena por lavado de dinero derivado de la Ley de Mercado de Valores, así como la primera condena por los delitos de declaración maliciosamente falsa (Ley de Mercado de Valores) y  declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa (Ley general de bancos).
DETALLE DE LAS PENAS
Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente de La Polar, fue condenado como autor del delito de entrega de información maliciosamente falsa al mercado; además, la Fiscalía obtuvo su condena como como autor del delito de lavado de dinero y como autor del delito de declaración maliciosamente falsa.  Por estos ilícitos el tribunal concedió la pena solicitada por la Fiscalía Centro Norte y lo condenó cinco años de presidio y al pago de $220 millones, que fue lo que el imputado recibió por concepto de bonos.
Durante la audiencia del lunes, Alcalde entregó voluntariamente de $155 millones para reparar el mal causado a las víctimas.  Accediendo a la solicitud de las defensas le concedió la libertad vigilada.
María Isabel Farah fue condenada por los delitos  de  entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa. Por estos delitos fue condenada a cinco años de presidio y el comiso de $228 millones que la imputada recibió por concepto de bonos más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones.
Julián Moreno, en tanto, fue condenado por los delitos  de  entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa. La pena para Moreno fue de 5 años de presidio y el comiso de$228 millones, que correspondían a dineros que recibió por concepto de bonos más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones. También se le concedió la libertad vigilada.
OTRAS CONDENAS
En este caso también fue condenado el ex gerente Nicolás Ramírez, quien fue sentenciado a la pena de cinco años de cárcel por los delitos de entrega de información maliciosamente falsa al mercado; uso deliberado de información privilegiada; declaración maliciosamente falsa en la escritura de emisión de valores de oferta pública y obtención fraudulenta de créditos suministrando datos falsos o maliciosamente incompletos. Tras dictar la condena el tribunal le aplicó a Ramírez el beneficio de la libertad vigilada.
En este caso también fueron condenados el ex gerente de informática de la Polar, Pablo Fuenzalida May, quien fue sentenciado a la pena de dos años de presidio como autor del delito de uso de información privilegiada y cómplice de entrega de información falsa al mercado.
Junto con la pena de dos años de presidio remitido, Fuenzalida fue sancionado con una pena que lo inhabilita por dos años para desempeñarse en cargos del mercado de Valores.
Asimismo, fueron suspendidos condicionalmente los acusados con menor responsabilidad en el caso. Le salida se aplicó a Ismael Tapia Vidal y Marta Bahamondes, acusados como cómplices del delito de entrega de información falsa al mercado, y a Martín González Iakl, acusado por el delito de declaración maliciosamente falsa para valores de oferta pública, para quienes se pedía una pena de 541 días de presidio.
La suspensión condicional, que se fijó por el plazo de un año, establece como condiciones para los tres acusados cumplir 60 horas de trabajo comunitarios, colaborar con la investigación de la Fiscalía, no comunicarse con los otros acusados y fijar domicilio.
 
Fuente: LaTercera