Caso Pollos: Avícolas contactan abogados ante inminente demanda por US$1.200 millones

Al menos dos estudios han sido consultados por las empresas Agrosuper, Aritzía y Don Pollo para enfrentar las futuras demandas de indemnización de perjuicios. Conadecus ya anunció una y encargó estudio a ex fiscal económico, Mario Bravo. 
Ad portas del dictamen de la Corte de Suprema en el denominado caso Pollos, los máximos ejecutivos de las empresas avícolas sancionadas por colusión han activado sus contactos legales.
Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, previendo un escenario desfavorable, están buscando asesoría legal para enfrentar las eventuales futuras demandas de indemnización de perjuicios que vendrán en caso que la Suprema confirme el fallo por colusión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que sancionó a las empresas con multas por sobre los US$100 millones en conjunto.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) ya anunció que presentará una demanda de indemnización de perjuicios en contra de las tres avícolas en caso que la Suprema valide la sanción del TDLC, que consideró una serie de correos electrónicos en su sentencia en que acusó a las compañías de ponerse de acuerdo para fijar cuotas de producción y así manejar a su gusto el mercado de los pollos.
Conadecus cuenta con un equipo jurídico liderado por los abogados Andrés Parra y Mario Bravo. Ambos de destacada participación en litigios de estas características. De hecho, Parra fue el abogado que presentó la primera demanda colectiva en Chile, y fue contra BancoEstado. El resultado fue favorable para los consumidores afectados.
En tanto, Mario Bravo cuenta con una dilatada experiencia en materia de infracciones a la libre competencia. Fue ex fiscal nacional de la FNE y es pieza clave del equipo de Conadecus.
El presidente de la corporación, Hernán Calderón, dice que la independencia de la entidad no está en tela de juicio y, por ende, presentará la demanda en forma paralela a la que estaría preparando el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El directivo dice que se basarán en un estudio del actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, que cuantificó en más de US$1.200 millones el impacto de la colusión en los consumidores.
Fundamentos
En 2012, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) encargó un estudio a los economistas Gómez-Lobo y José Luis Lima.
Dicho documento estimó que el daño generado por la colusión entre las avícolas supera los US$1.200 millones para el período comprendido entre 1996 y 2010.
El estudio acota que dichos daños se basan en el modelo que entregó menores sobreprecios, por lo que corresponde a un piso mínimo de perjuicios. “Los resultados presentados en este informe son conservadores, siendo el daño total de colusión probablemente mayor”, concluye el estudio de los economistas.
El documento -que forma parte de los escritos que presentara la Fiscalía Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- es visto con atención por parte de los equipos legales de las empresas avícolas. Más aún cuando el dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema está ad portas de ser público
Fuentes altamente informadas del proceso consignan que la propia jueza a cargo de la redacción del fallo, Rosa Egnem, ya habría entregado un tercer borrador a sus pares de la Tercera Sala de la Corte Suprema.
La sala es integrada por los magistrados Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Rosa Egnem. El pasado 27 de mayo, a esta última magistrada se le encomendó la redacción del dictamen.
Es precisamente ante la Corte Suprema donde las avícolas buscan revertir la histórica multa.
En su defensa, las empresas han insistido en que no se coludieron. En esta instancia, Agrosuper es asesorada por el estudio Barros & Errazuriz, y Ariztía es representada por Ortúzar Vergara & Boetsch.
 
Fuente: Pulso