Santiago, 7 de febrero de 2020.- La Cámara de Diputados despachó el proyecto “Chao, Dicom”, que prohíbe que se informe sobre las deudas que se contraen para financiar la educación superior y además que se eliminen los registros del boletín comercial.
Por 82 votos a favor, 2 en contra y 47 abstenciones, la iniciativa queda en condiciones de pasar al Ejecutivo para promulgarse como ley de la República.
La iniciativa incluye aquellas deudas adquiridas con instituciones financieras, o en el marco de las líneas de financiamiento administradas por la Corfo, y aquellas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
Según cifras entregadas, más de dos millones de chilenos se verán beneficiados con esta nueva ley, que prohíbe a las instituciones financieras informar a Dicom sobre las morosidades de las personas.
La moción incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, encendió la alarma frente a una realidad que no puede ser abordada por la ley “Chao Dicom”: “Para los deudores CAE es lo mismo, aunque tengamos Ley Dicom, las listas negras existen, aunque no sean legales”. Una realidad a la que apuntó el senador Carlos Montes (PS), en la comisión de Economía del Senado, donde indicó que “las instituciones financieras operan con dos tipos de registros: uno de carácter interno y otro de carácter público, el primero de ellos nunca ha podido ser objeto de regulación, en razón de que es de carácter privado”. (publicado en El Mostrador)
El proyecto, originado en el Senado, entrega como antecedente la existencia de más de cuatro millones de deudores morosos en Chile, según indicó el último informe Deuda Morosa, publicado por Dicom en el segundo trimestre del año 2018. De ese total, un 4% se encontraba bajo el índice “enseñanza”, es decir, casi 180 mil personas estaban en los registros por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
