Santiago, 8 de febrero de 2019.- El primer país de Latinoamérica en prohibir las bolsas plásticas es Chile, en todo su territorio. La medida, que comenzó a aplicarse esta semana tiene a la ciudadanía como principal aliada: de acuerdo a la encuesta Cadem publicada en diciembre pasado, el 80% de los consultados aseguró que acostumbraba a usar bolsas reutilizables (de género) para transportar sus compras.
La ley se publicó hace seis meses, pero se le dio un periodo de gracia a los grandes comercios, en el que podían entregar gratuitamente hasta dos bolsas plásticas.
Es una medida que la ciudadanía ha integrado poco a poco y que cuenta con el respaldo de la opinión pública: según la última encuesta nacional de Medio Ambiente de febrero de 2018, el 95% de los encuestados estaba de acuerdo con prohibir la entrega de bolsas plásticas para no contaminar el medio ambiente.
Hasta antes de la promulgación de la ley, por otra parte, cerca de 80 municipios chilenos contaban con normativas propias que prohibían o restringían la entrega de bolsas plásticas en el comercio. En Las Condes, por ejemplo, una de las zonas de más altos ingresos de la capital chilena; o en Pucón, en el sur del país, una localidad turística del borde del lago Villarrica. En ambas experiencias, según el Ministerio del Medio Ambiente, se comprobó que luego de un periodo de adaptación se generan cambios en los hábitos de compras de las personas.
Según datos de la ONU, al año en todo el mundo se consumen 5 billones de bolsas plásticas hechas de polietileno, un material contaminante derivado del petróleo que tarda 500 años en degradarse.
Para Hernán Calderón, presidente de Conadecus señaló: “esta medida representa un gran avance para descontaminar el medio ambiente, los consumidores tendrán que cambiar sus hábitos lo que es muy favorable, apoyamos estas medidas que van en beneficio de la comunidad”.
Conadecus es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada a la promoción y protección de los derechos de los consumidores y usuarios en Chile, mediante acciones de capacitación, información y defensa legal, en alianza con otras organizaciones sociales y entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional.
