Chile en la prensa mexicana: ante la colusión comercial, la rabia ciudadana

La revelación de que las tres principales cadenas de supermercados –SMU, del Grupo Saieh; Cencosud S.A., de la familia Paulmann, y Walmart Chile S.A.– se coluden para subir precios, ha provocado protestas y boicots por parte de la ciudadanía, así como la búsqueda de nuevas redes de distribución de mercancías.
Los acontecimientos se desencadenaron el pasado miércoles 6. Ese día la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el que denuncia que al menos entre 2008 y 2011 las citadas cadenas de supermercados “han participado de un acuerdo o práctica concertada destinado a fijar por intermedio de sus proveedores un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados, igual o superior a su precio de lista mayorista”.
Según la FNE, de esa manera “se restringió la competencia en precios en el mercado de comercialización de carne de pollo fresco en supermercados a los consumidores finales”.
En su escrito, la FNE asegura que las cadenas denunciadas infringieron lo dispuesto en el Artículo Tercero, incisos primero y segundo, letra a, de la Ley de Defensa de la Libre Competencia, “por lo que se solicita al Tribunal ordenar el cese de tal conducta” y condenar a las cadenas requeridas al monto máximo de multas que contempla la ley para casos de solución: 22.5 millones de dólares al cambio actual.
Según la FNE, Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel), Walmart (Líder) y SMU (Unimarc, OK Market, Supermercados del Sur, Mayorista 10 y Alvi), “en forma colectiva y por medio de sus proveedores comunes observaron y exigieron a sus competidores aplicar una regla que buscaba impedir la venta de pollo fresco en supermercados bajo el costo de adquisición mayorista”.
La Fiscalía aseveró en su acusación que las cadenas mencionadas “actuaron bajo el conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a idéntica regla y además fueron activos en monitorear los eventuales incumplimientos de dicha regla por parte de estos, solicitando al proveedor común su intervención a objeto de restablecer el Imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de referencia”.
En la acusación se menciona un hecho extremadamente grave: “el tipo de interacciones señaladas entre supermercados y proveedores no se limita a la categoría de pollo fresco, existiendo antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma respecto de otros productos que componen la canasta”.
Formas gansteriles
Este escándalo de colusión se da poco tiempo después de que la Corte Suprema ratificó el 25 de octubre pasado las sanciones aplicadas por el TDLC a las principales empresas productoras de pollos (Aristía, Agrosuper y Don Pollo) por el delito de colusión. Estas empresas fueron multadas por un total de 60 millones de dólares, mientras que la Asociación de Productores Avícolas –que las reunía– fue disuelta por la Justicia.
No es todo: tres días después de esta última resolución judicial, la FNE presentó ante el TDLC un requerimiento contra los dos consorcios que cubren la casi totalidad del mercado del papel higiénico, servilletas y pañuelos de papel en Chile: Pisa –que era propiedad del exministro de Deporte del presidente Sebastián Piñera (2010-2014)– y CMPC, del poderoso grupo Matte, el más influyente y elitista del país.
En esa ocasión los antecedentes provocaron tanto o más conmoción en la opinión pública porque la FNE detalló en su presentación las gansteriles formas en que se generaban las reuniones en que se fijaban los precios. Según la FNE, los ejecutores de la conducta “crearon cuentas de correo electrónico personales con el objeto de intercambiar información del acuerdo, hicieron uso de celulares de prepago para comunicarse con la competencia, y ejecutivos de CMPC llegaron incluso a deshacerse de computadoras arrojándolos al canal San Carlos de Santiago en diciembre de 2011”.
Según la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), el daño provocado a los consumidores por esta colusión era de al menos 500 millones de dólares.
Chile registra la mayor concentración en el rubro de los supermercados a escala mundial, proceso que se ha acrecentado en las dos últimas décadas. Según Pulso –periódico especializado en economía–, en 1996 las cuatro principales cadenas acaparaban el 47% de dicho mercado. Una década más tarde esa cifra alcanzaba el 69%.
Actualmente son tres los consorcios dominantes y sus ventas representan casi el 90% del mercado.
Casi lo mismo sucede en el ámbito de las farmacias, cuyas tres principales cadenas –Cruz Verde, Salco Brand y Ahumada, las cuales fueron condenadas por coludirse en 2008– detentan el 90% de dicho negocio.
Ninguno de los ejecutivos y dueños de empresas involucrados en todos estos ilícitos está en la cárcel. Esto se debe en gran parte a que en la reforma penal de 2003 –impulsada por el presidente socialista Ricardo Lagos Escobar– se derogaron los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 211 (DL 211), que castigaban con penas de cárcel el delito de colusión.
Un día sin compras
La colusión de los supermercados pareció agotar la paciencia de los chilenos. Aunque hubo respuestas violentas –un grupo de universitarios de ultraizquierda apedreó el 8 de enero un supermercado en Estación Central, al poniente de Santiago–, la mayoría de las respuestas fueron pacíficas y creativas.
En la sureña ciudad de Concepción, pobladores coparon las puertas de acceso y clausuraron simbólicamente un supermercado Walmart-Líder, una práctica que se replicó espontáneamente en otras ciudades.
Sin embargo, la protesta que más impactó nació en el mundo virtual. La usuaria de Facebook Carolina Correa subió el mediodía del 7 de enero un video grabado en su celular en el que llamaba al boicot: “Pensando en la colusión, ahora de los supermercados, podríamos un día, 24 horas de nuestra vida, hacer que ningún chileno pise un supermercado. Un día solamente que no se compre nada en el supermercado”.
La iniciativa prendió. Entre los participantes de ese posteo en Facebook –que se compartió 13 mil veces en menos de 12 horas– se definió que el día sin compra a los supermercados sería el domingo 10.
También se acordó convocar para que ese día la ciudadanía comprara en mercados populares y pequeños almacenes. En Twitter los usuarios instalaron por dos días el hashtag “Colusión Ciudadana” entre los tópicos más comentados del país.
La campaña resultó todo un éxito. La mañana del domingo 10, numerosos supermercados del país permanecieron vacíos, como se documentó ampliamente en las redes y en algunos medios tradicionales de comunicación y tal como lo constató este corresponsal en un recorrido por supermercados de Santiago y Valparaíso.
En las redes la colusión ciudadana continúa: se planifica una segunda jornada de boicots contra las grandes cadenas de supermercados para el próximo 31 de enero.
Por otra parte, periodistas y líderes de opinión publicaron columnas en las que atacaron duramente a los empresarios involucrados en este nuevo caso de colusión y a toda la clase gobernante, que cada día está más desprestigiada.
Quien más representó el sentir de indignación ciudadana tras este nuevo delito económico fue la periodista Beatriz Sánchez. En su columna difundida en el diario Publímetro del 8 de enero expresó: “Esta semana nos enteramos de una nueva colusión. Esta vez son los supermercados. Antes fueron el papel de limpiar, el asfalto, las navieras, buses interurbanos, las farmacias etc. Pero si no se hubiesen coludido, la actual concentración de muchos de estos sectores les hace posible ‘matar’ a la competencia, maltratar a sus proveedores pequeños y no considerar a sus clientes. Da rabia”.
Agregó: “El 89% de los que hoy están presos son pobres. ¿Sólo los pobres cometen delitos? Claramente, con todo lo dicho anteriormente, no. Sin embargo, en el Congreso se apuran por legislar una ley corta antidelincuencia para el que roba un celular en la calle y el ladrón de ‘cuello y corbata’, ese ‘emprendedor’ que se colude, paga una multa y sigue viviendo su vida sin sobresaltos. Seguimos acumulando rabia”.
Concluyó: “Después nos preguntamos por qué luego de marchas o celebraciones llega una turba a destrozar todo lo que encuentra (…) O cómo es que nadie participa de los procesos electorales. O por qué los niveles de desconfianza son de los más altos de toda América Latina”.
Mercados populares
El rechazo a la colusión de farmacias y supermercados ha originado el surgimiento de emprendimientos que apuntan a quebrar el monopolio de grandes cadenas de supermercados y farmacias.
El 15 de octubre pasado el alcalde comunista de la santiaguina comuna de Recoleta, Daniel Jadue, inauguró la primera “Farmacia Popular”, que vende remedios a precio de costo. Esta iniciativa revolucionó el mercado de las farmacias: desde su inauguración, medio centenar de municipios han comenzado las gestiones para crear sus propias “farmacias populares” imitando el sistema implementado en Recoleta.
Un paso más adelante dio el municipio de Tocopilla (Región de Antofagasta), que el miércoles 13 anunció la próxima puesta en marcha de un “supermercado popular” cuyo fin es “combatir la colusión” y favorecer a los ancianos “que tienen pensiones miserables”, como destacó el alcalde Fernando San Román al anunciar la iniciativa que comenzará a operar en marzo próximo y que ya está generando gran expectación.
Hay otros emprendimientos que tienen mucho más tiempo de funcionamiento, pero que a partir del estallido de los escándalos de colusión y como resultado de los altos precios de los productos en los supermercados, están concentrando la atención de los consumidores.
Una de estas iniciativas son las “bioferias”, surgidas hace cuatro años en Quilpué, Región de Valparaíso, que se han multiplicado por toda esa zona y se caracterizan por poner en contacto al consumidor directamente con el productor.
“Las bioferias parten como una gestión individual, pero en el camino se transforma en un proyecto colectivo. Buscamos generar una economía a escala humana, donde el vínculo con el productor sea directo, y que exista responsabilidad social y respeto con el medio ambiente”, señala en entrevista con Apro Brano González, activo promotor de este esfuerzo.
González –que es productor y comercializador de cereales orgánicos– señala que “la idea es generar una masa crítica con respecto al tema de la alimentación”, agregando que este tipo de experiencias son el prototipo de los supermercados del mañana”.
Añade: “Representamos la antítesis de lo que estamos viendo con la colusión de los supermercados, adscritos al individualismo y a la ambición extremas. Nosotros sostenemos una visión en que lo central es el bien común y el respeto por el medio ambiente (…) Esta es la economía que funciona y que la gente quiere. El neoliberalismo se acaba porque no tiene sustento ambiental ni social”.