Por Rodrigo Lobos Palacios.
El problema del sobre endeudamiento es una realidad social. Mejor dicho, un verdadero karma para casi cinco millones de compatriotas. El sistema financiero y la economía del crédito han cazado a consumidores de un modo indiscriminado. La facilidad en el otorgamiento de créditos a todo nivel y la irrupción del Retail con sus propias tarjetas, fueron captando consumidores a un ritmo frenético. De un momento a otro, todo mundo pagaba con tarjetas de crédito y en cuotas. A simple vista, una ganga.
Bajo esta lógica, el problema fue creciendo sin disparar las alarmas, amparados por un sistema al que poco importaba acreditar la solvencia de sus nuevos clientes. La intención no era esa, sino capturar ese gran nicho de ciudadanos ávidos de consumo. Lo cierto es que un gran número de estos consumidores, tentados por el mercado, fueron adquiriendo nuevas obligaciones con distintas entidades. Créditos paralelos que muchas veces terminaron por ahogar a consumidores inexpertos, que ya no sólo ocupaban la tarjeta de crédito para satisfacer necesidades recreacionales o de ocio. La tarjeta reemplazó rápidamente al dinero y el problema se escapó de las manos.
Si analizamos el problema estructuralmente y damos crédito a las cifras, debemos consignar que el sueldo promedio del trabajador chileno, no supera los $400.000 pesos, prácticamente el 50% de la mano de obra activa nacional. Si consideramos una familia de tres o cuatro integrantes, donde generalmente hay un ingreso fijo para su sustento, los números no cuadran. La mayoría de nuestros compatriotas, vive sorteando obstáculos que hacen cada vez más difícil llegar a fin de mes. La falta de un Estado robusto y comprometido con su rol fiscalizador, nos deja indefensos ante prácticas reñidas con la ética y contrarias al espíritu de libre mercado. Así nos enteramos por TV de la colusión de farmacias, papel tissue y los pollos, por nombrar algunos.
Todos productos de amplio alcance y que afectaron el bolsillo de millones de chilenos que por años fueron presa de precios abultados en productos de uso diario. Sin darnos cuenta, vivimos arriba de una bicicleta que va siempre cuesta arriba. El elevado costo de la vida, salud, alimentación, salarios precarios y un largo etcétera, nos obligan a endeudarnos para cubrir necesidades básicas. Dicho esto, no es de extrañar que Chile ostente el título del país más endeudado de América Latina.
El Banco Central confirma que el endeudamiento nacional alcanzó techos históricos, una cruda realidad que afecta a la sociedad en su conjunto y que no da luces de solución. En una economía que se contrajo un 3,4% al momento del estallido social y que no tenía precedentes desde las crisis financiera mundial del año 2009.
De ahí el interés del gobierno por desempolvar el proyecto de “Deuda Consolidada” -que busca establecer un nuevo estatuto para el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero y crediticio- introduciendo modificaciones a gran parte de la Ley N° 19.628 y diversas normas nuevas. Dicho proyecto quedó congelado -en 2011- por el fuerte rechazo que generó en su momento el Retail a la obligación de compartir los datos. Un sin sentido, si consideramos que el uso de información sensible al respecto, pudiese propiciar mejores condiciones de mercado para los consumidores con buen comportamiento crediticio y disminuir los riesgos propios del otorgamiento de créditos a sujetos que no califican. Al existir un sistema de información comercial de carácter centralizado que albergue la información de distintas entidades crediticias, los acreedores podrán estudiar el comportamiento y obligaciones de los distintos sujetos de crédito, reduciendo sus riesgos y costos de transacción. Lo que debiese traducirse en tasas de interés más bajas, con un mayor y mejor acceso al crédito; tendientes a reintegrar a los más de trecientos mil consumidores que hoy pululan en el mercado informal de préstamos.
La finalidad del proyecto es la inclusión financiera, el perfeccionamiento y digitalización de la información crediticia. De igual modo, se busca reforzar los derechos de los titulares de los datos, estableciendo normas y principios básicos que resguarden la privacidad y el control de la información por parte de los titulares, generando un mayor nivel de empoderamiento de los consumidores.
Hoy por hoy, existe la información de los deudores del sistema financiero, aunque ésta sea segregada y no considere a deudores de Crédito Hipotecario, Cajas de Compensación y Crédito Automotriz. Basta que una persona se atrase más de siete días en el pago de una cuota para engrosar automáticamente las listas de DICOM. Pero esa no es la información relevante; lo que interesa a los acreedores, son los sujetos de crédito a quienes puedan ofertar más deuda, potenciales nuevos clientes. Por lo mismo el proyecto de Deuda Consolidada, debe ser concordante con el proyecto de Protección de Datos, que busca resguardar la información de cada persona.
En palabras de Claudio Ortíz, Vice-presidente del Retail financiero, es vital complementar las medidas que aseguren la inclusión financiera con el perfeccionamiento y digitalización de la información crediticia. Lo importante es evitar una mayor fuga hacia el mercado informal, “ya sea revisando el algoritmo que establece la Tasa de interés máxima convencional o bien crear un tramo especial que permita a los segmentos con mayor riesgo, mantenerse dentro del mercado formal.”
Sin duda el estallido social y las causas que lo originaron marcarán gravemente nuestro futuro próximo. La contracción de la economía así lo demuestra: bajo crecimiento económico, gran cantidad de destrucción y saqueos, los cerca de cien mil puestos de trabajos que se perderán, la afectación de casi quince mil Pymes y medidas de gobierno que son insuficientes para dar respuesta a las demandas sociales, nos tienen en una encrucijada. Qué duda cabe que el sobrendeudamiento será uno de los flagelos contra los que deberemos luchar los próximos meses y probablemente los próximos años. El obstáculo a sortear para que los ciudadanos salgan airosos de esta crisis económica, una recesión que ya partió y cuyos efectos están aún por verse.
En palabras de Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, “la deuda consolidada es uno de los elementos para evitar el endeudamiento. Pero hoy, si bien es necesaria, estamos partiendo al revés: “estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Lo primero es resolver el problema de endeudamiento y segundo consolidar la deuda. Si hoy consolidamos la deuda, vamos a cerrarle las puertas a los que pudieran tener acceso a un crédito con mayor facilidad, para poder resolver ese sobrendeudamiento que los afecta.”
Si esto se hubiera hecho hace cinco años, probablemente habría sido una medida acertada, no tendríamos la magnitud del sobrendeudamiento que tenemos y la situación estaría más controlada. Por lo tanto, si hacemos las cosas bien, lo urgente sería resolver con medidas concretas para que los afectados puedan dar solución a sus problemas de sobrendeudamiento.
Paralelamente, empezar el inicio de la discusión de la deuda consolidada. Estableciendo cómo atacar el problema del sobrendeudamiento y después ver que esas personas no vuelvan a sobrendeudarse más.
La perspectiva de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios –CONADECUS- es clara, consolidar la deuda también conlleva responsabilidades de quién emite los créditos. Porque si un oferente de crédito financiero –banca, retail, o quién sea- le da crédito a una persona, por sobre sus posibilidades de pago, aun manejando la información que esa persona se va a sobrendeudar, esa conducta debiera tener un castigo. En esa lógica, no se entiende que dichas tarjetas o créditos, se entreguen por ejemplo y sin requerimiento alguno, a estudiantes universitarios que aún no se incorporan al mundo laboral. En palabras de Hernán Calderón: “estas son las conductas que deben ser sancionadas.”
Conadecus plantea la responsabilidad de la banca y el sistema financiero en cuanto a no otorgar crédito más allá de las posibilidades de pago de los consumidores. El problema del sobrendeudamiento escapó de las manos. La falta de fiscalización del Estado es evidente, siempre llegando tarde a tareas que son propias de sus competencias. Si a esto sumamos el estallido social, el panorama no mejora. Por el contrario, delata y advierte falencias propias de un sistema económico frágil, que basaba gran parte de su fortaleza en el otorgamiento de créditos. La realidad de las PYMES lo grafica claramente. Toda medida tendiente a dar una mano que permita superar el difícil camino que nos queda por recorrer para salvar al sistema, marcará la verdadera diferencia. Los coletazos del estallido social y la poca empatía que muestra el gobierno con las demandas sociales, no auguran un futuro promisorio generando mayor turbulencia en un clima ya agitado. En un sistema colapsado a todas luces, lo relevante es que cada quién, dentro de sus competencias, saque lo mejor de sí y sea parte de un proceso inédito que reclama estar a la altura.
link para inscribirse: https://www.conadecus.cl/nomasdeudas/
