En 2012, el Sernac exigió terminar con el cobro de estacionamientos y baños en malls. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía -que encabezaba Pablo Longueira- le quitó el piso e instaló una mesa de diálogo. En mayo de 2012 el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto al Servicio Nacional del Consumidor, por parte del sector público, y la Cámara Chilena de Centros Comerciales, por parte del empresariado, constituyeron una “mesa técnica de estacionamientos y servicios higiénicos en mall”, con el fin de resolver las inquietudes presentadas por los consumidores ante el Sernac sobre dichos servicios. Tras un mes, la instancia expresó que la Ley General de Urbanismo y Construcción no prohibía el cobro de los estacionamientos, sólo exigía a recintos como los centros comerciales, de salud, educación, de eventos, deportivos, edificios de oficinas y viviendas, contar con una dotación mínima de éstos.
Se acordaron tiempos, montos y exigencias pero todo fue letra muerta. Dos años después, diputados de la Democracia Cristiana presentaron un proyecto de ley para establecer las regulaciones pertinentes. Avanzó hasta Comisión Mixta y perdió toda su esencia. Tres años después, algunos de los mismos diputados democratacristianos volvieron a presentar un proyecto que pasó por el Senado y que se transformó en ley. Pero nuevamente falló en su intento de defender a los consumidores y los precios aumentaron.
No obstante, se había llegado al acuerdo que los primeros 29 minutos de aparcamiento serían gratis. Al mismo tiempo, se acordó el retiro de los letreros que señalan la exención absoluta de responsabilidad por daños, hurtos y robos, que tengan lugar en los estacionamientos, la creación de un sistema de consultas y reclamos, vinculado al uso de estos servicios. Y además, se aseguró la existencia de servicios higiénicos en buenas condiciones en los centros comerciales. Pero todo quedó en nada.
Su majestad, el lobby
El 18 de noviembre de 2014, los diputados de la Democracia Cristiana Fuad Chahin, Marcelo Chávez, Aldo Cornejo, Sergio Espejo, Ivàn Flores, Pablo Lorenzini, Victor Torres y Matías Walker, tomando en cuenta que existían recintos comerciales que aún cobraban a los usuarios desde el primer minuto que entraban al estacionamiento, presentaron un proyecto de ley para establecer las regulaciones al uso de este servicio. La iniciativa proponía que la primera media hora de uso sería gratuita; a partir de la primera media hora y hasta las dos horas de permanencia, el usuario quedaría liberado del pago presentando una boleta de bienes o servicios presentes en la edificación principal o anexa al centro comercial; y el cobro, una vez pasadas las dos horas de estadía, debería ser cobrado por minuto, quedando absolutamente prohibido el cargo por tramos de tiempo ni el redondear al alza.
De esta forma, el 12 de marzo de 2015 la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley presentado. Posteriormente, el 7 de abril, se aprobó en su forma particular. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, los miembros de las comisiones de Economía y Transporte del Senado aprobaron una indicación sustitutiva que reducía la gratuidad y otorgaba opciones de cobro a los comerciantes. Por unanimidad, los legisladores acordaron que los proveedores que ofrecieran el servicio por períodos inferiores a 24 horas, podrían optar al el cobro por minuto efectivo. La gratuidad sólo sería efectiva en los primeros 30 minutos. Peor aún, en la Comisión Mixta se determinó rechazar la gratuidad en centros comerciales. Así, el cobro se realizaría a los conductores por cada minuto que utilizaran el estacionamiento.
En aquel momento, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), aseguró que en ese escenario era preferible que no hubiese ley pues los consumidores “quedaban peor que antes. El lobby empresarial le ganó a los consumidores por goleada”. Tanto ayer como hoy, el hermano del diputado Patricio Melero (UDI) y también presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, José Manuel Melero Abaroa, se dice tuvo una importante injerencia en el debate parlamentario. “Esto se hace para evitar la saturación de los aparcamientos con autos de quienes no van a los malls”, sostuvo en su momento.
Nada nuevo bajo el sol
El pasado 17 de febrero de 2017 comenzó a regir la Ley N° 20.967, que regula el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos. Dicha ley además modificó la Ley N° 19.496, que establece las normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Lamentablemente, en la tramitación en el Senado se confundieron los conceptos de estacionamientos como giro principal y como servicio accesorio, los cuales requieren diferente regulación.
Producto de esta confusión, se facilitó que los prestadores del servicio como giro principal alzaran sus precios para compensar el margen de ingresos que dejaron de percibir por la imposibilidad de cobrar por tramos al alza. Aprovechándose de la situación, algunos concesionarios -que no entran en la nueva ley- también subieron sus precios. Es más, algunos proveedores inventaron y publicitaron artículos de la supuesta nueva ley, buscando eximir su responsabilidad frente al robo o hurto al interior de sus espacios.
Frente al vendaval de críticas, y en vista de lo problemático que puede ser tener a la ciudadanía en contra en un año de elecciones, tres propuestas por enmendar las fallas y no permitir las alzas se presentaron por parte de parlamentarios de RN, UDI y DC. A pesar de sus buenas intenciones, no existe ninguna nueva medida (tomando en cuenta lo exigido por Sernac en 2012 y lo presentado por la DC en 2014). Incluso, algunas caen en lo ridículo: los montos y tiempos exigidos para la gratuidad son un buen ejemplo de una tarea escolar hecha bajo la ley del mínimo esfuerzo.
Las propuestas
La bancada UDI presentó una moción, respaldada por los diputados Juan Antonio Coloma, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, Joaquín Lavín, Celso Morales, Iván Norambuena, David Sandoval, Jorge Ulloa, Osvaldo Urrutia y la diputada Andrea Molina.
Gracias a la propuesta, se pretende presentar una modificación a la Ley N° 19.496, buscando incorporar nuevos incisos. Por ejemplo, en el caso de estacionamientos de centros comerciales, malls y supermercados, durante la primera hora de permanencia, el usuario estará liberado del pago, exhibiendo una boleta por un monto no inferior a 0,25 UF (alrededor de $6.600). En lo relativo a las multas, propone doblar la sanción, adicionando como falta el inducir al engaño con el contenido de los textos legales relativos a los derechos y deberes de los consumidores.
En lo que respecta a los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Rojo Edwards (IND), junto a la diputada Paulina Núñez (RN), su moción aprecia como desproporcionado el imponer una gratuidad absoluta, por tanto apoya el disponer una gratuidad por tramos, que considere los bienes y servicios que efectivamente se consumieron en el establecimiento. Es decir, adscriben a un periodo inicial liberado de 60 minutos a aquellos que acrediten la adquisición de bienes o servicios por un valor igual o superior a un octavo de unidad tributaria mensual (a marzo, $5.796). Este periodo liberado se extenderá hasta 120 minutos si se acredita la adquisición de bienes o servicios por un valor igual o superior a un cuarto de unidad tributaria mensual (a marzo, $11.592).
Finalmente, la Democracia Cristiana, a través de los diputados Fuad Chahín, Marcelo Chávez, Iván Flores, Pablo Lorenzini, Juan Enrique Morano, Daniel Núñez, Víctor Torres, Matías Walker y la diputada Maya Fernández, propusieron distintas modificaciones que si bien aportan al debate, no cambian en lo medular lo ya expresado con anterioridad por su misma coalición, a excepción de los cambios referidos a dos casos: el primero, en que el usuario se encuentre bajo un tratamiento debidamente certificado por una institución médica, quien podrá utilizar el servicio por el lapso de tiempo que dure su permanencia en el recinto hospitalario; el segundo, frente a quien administre el servicio de estacionamiento en la vía pública, quien no podrá exigir al usuario, bajo circunstancia alguna, el pago por rangos o tramos de tiempo superior o distinto del tiempo efectivamente utilizado.
De esta forma, se agregan otras modificaciones, como la referida a que la primera media hora de uso será gratuita y sin condiciones. Una vez trascurrido este lapso, y por las siguientes dos horas, el usuario quedará liberado del pago con la sola presentación de una boleta (no especificando monto). Una vez transcurridas estas dos horas y media de estadía, o la primera media hora de uso en caso de no presentación de una boleta, sólo se podrá cobrar por minuto efectivo de permanencia, quedando prohibido el cargo por rangos o tramos de tiempo, sin que el prestador del servicio pueda redondear la tarifa al alza.
Por consiguiente, el panorama no es alentador. De aceptarse la inclusión de gratuidad, independiente de los tiempos, nadie asegura que a partir del minuto siguiente los cobros no sean abusivos. Mientras, las y los ciudadanos que utilizan a diario este servicio, ven disminuídos los ya alicaídos bolsillos domésticos por un robo legal, en muchos ámbitos, pero que en este caso denota un abuso y una colusión que de comprobarse, y dada la actual legislación, podría acabar con la cárcel de sus acusados.
Fuente: ElCiudadano
