La directiva del Colegio de Periodistas de Chile llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para reunirse con Felipe Irarrázabal, titular de la entidad, con el fin de solicitar el levantamiento de información y su consecuente estudio, que derive en la elaboración de un informe que indague en la concentración económica del mercado de los medios de comunicación en Chile.
A la entrevista asistieron la presidenta de la orden, Javiera Olivares, junto a los vicepresidentes y el prosecretario, quienes manifestaron al fiscal la preocupación de la organización ante las evidencias de concentración, colusión y escasas posibilidades de libre competencia real en el mercado mediático en el país.
Luego del encuentro, Javiera Olivares expresó: “hemos planteado lo urgente que es, que este organismo autónomo del Estado asuma el estudio de un mercado que está funcionando defectuosamente. Lamentablemente, no quedamos conformes con el resultado de esta reunión. No vemos disposición de la Fiscalía Nacional Económica de abrir una investigación en esta materia: aún cuando no hubo un rechazo a evaluar la solicitud, tampoco existió un compromiso por iniciar una investigación en el mediano plazo. Desgraciadamente, esto mantiene la apatía por estudiar y evaluar el funcionamiento de nuestro sistema de medios y perpetúa la ausencia de políticas públicas que prevengan la concentración mediática, para lo cual lo primero es contar con un diagnóstico acabado al respecto”.
En la cita, los dirigentes entregaron diversos antecedentes a Irarrázabal, entre los que se cuentan estudios e informes internacionales, junto a la denuncia que el Colegio de Periodistas realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la OEA, en 2015, a propósito de la tendencia a la concentración de la propiedad mediática en Chile y su afectación a la garantía del derecho humano a la información.
Los documentos ponen en contexto y evidencian la existencia de oligopolios informativos privados en nuestro país, que limitan el desarrollo de un periodismo más diverso que efectivamente sirva de herramienta para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la ciudadanía.
En ese contexto, la Presidenta del Colegio de Periodistas aseveró que la organización realizará las acciones administrativas o jurídicas necesarias para estudiar el actual escenario de concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la ausencia de pluralismo mediático que tanto afecta la democracia de nuestro país.
Lo anterior se acentúa cuando se observa que existe una concentración vertical y horizontal de la propiedad de medios chilenos. Es decir, particulares o empresas de la comunicación son, a la vez, dueños de distintos medios de comunicación de distinto tipo; escritos, radiales o televisivos, además de empresas de distribución en el caso de la prensa impresa. “Esto se torna problemático cuando, además, las normativas constitucionales no ponen límites a la propiedad de los medios comerciales, como sí los tienen los estatales y comunitarios”, sentenció Olivares.
En el mismo sentido, la dirigenta señaló que acudir a ciertos organismos públicos, como la FNE, constituye el planteo de una de las demandas histórica del sector, que aún no ve solución. Además, fue una de las acciones comprometidas luego de la controversia suscitada a raíz de las filtraciones publicadas por la revista Qué Pasa, relativas a diversos actores políticos.
A la entrevista asistieron la presidenta de la orden, Javiera Olivares, junto a los vicepresidentes y el prosecretario, quienes manifestaron al fiscal la preocupación de la organización ante las evidencias de concentración, colusión y escasas posibilidades de libre competencia real en el mercado mediático en el país.
Luego del encuentro, Javiera Olivares expresó: “hemos planteado lo urgente que es, que este organismo autónomo del Estado asuma el estudio de un mercado que está funcionando defectuosamente. Lamentablemente, no quedamos conformes con el resultado de esta reunión. No vemos disposición de la Fiscalía Nacional Económica de abrir una investigación en esta materia: aún cuando no hubo un rechazo a evaluar la solicitud, tampoco existió un compromiso por iniciar una investigación en el mediano plazo. Desgraciadamente, esto mantiene la apatía por estudiar y evaluar el funcionamiento de nuestro sistema de medios y perpetúa la ausencia de políticas públicas que prevengan la concentración mediática, para lo cual lo primero es contar con un diagnóstico acabado al respecto”.
En la cita, los dirigentes entregaron diversos antecedentes a Irarrázabal, entre los que se cuentan estudios e informes internacionales, junto a la denuncia que el Colegio de Periodistas realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la OEA, en 2015, a propósito de la tendencia a la concentración de la propiedad mediática en Chile y su afectación a la garantía del derecho humano a la información.
Los documentos ponen en contexto y evidencian la existencia de oligopolios informativos privados en nuestro país, que limitan el desarrollo de un periodismo más diverso que efectivamente sirva de herramienta para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la ciudadanía.
En ese contexto, la Presidenta del Colegio de Periodistas aseveró que la organización realizará las acciones administrativas o jurídicas necesarias para estudiar el actual escenario de concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la ausencia de pluralismo mediático que tanto afecta la democracia de nuestro país.
Lo anterior se acentúa cuando se observa que existe una concentración vertical y horizontal de la propiedad de medios chilenos. Es decir, particulares o empresas de la comunicación son, a la vez, dueños de distintos medios de comunicación de distinto tipo; escritos, radiales o televisivos, además de empresas de distribución en el caso de la prensa impresa. “Esto se torna problemático cuando, además, las normativas constitucionales no ponen límites a la propiedad de los medios comerciales, como sí los tienen los estatales y comunitarios”, sentenció Olivares.
En el mismo sentido, la dirigenta señaló que acudir a ciertos organismos públicos, como la FNE, constituye el planteo de una de las demandas histórica del sector, que aún no ve solución. Además, fue una de las acciones comprometidas luego de la controversia suscitada a raíz de las filtraciones publicadas por la revista Qué Pasa, relativas a diversos actores políticos.
Fuente: RadioUChile
