El Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda contra Uber interpuesta por el Ministerio de Transporte, que argumentó por su parte que la aplicación viola los derechos a la libre competencia.
El recurso estipula que los demandados tienen 10 días para para contestar y solicitar la práctica de pruebas tal y como lo dispone el artículo 22 de la Ley 472 de 1998.
“El Ministerio de Transporte de Colombia, actuando por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, interpuso demanda contra la sociedad comercial UBER COLOMBIA S.A.S., con el fin que se protejan los Derechos Colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”, dijo el Tribunal.
La idea de la medida es poner en cintura no solo a Uber, sino a todas aquellas plataformas que funcionan de manera irregular.
De ahí que la cartera de Transporte deba informar al representa legal de la empresa, al ministro de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna y al director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
“Infórmese con cargo al actor popular sobre la existencia de la presente demanda a los miembros de la comunidad a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz. La constancia de tal comunicación se hará llegar al despacho, en el término de diez (10) días”, agrega.
Para finalizar, el alto tribunal pidió el respaldo de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las partes.
Cabe recordar que el pasado 28 de febrero la Superintendencia de Puertos y Transporte recordó a las autoridades locales y regionales y a todos los conductores que servicios como el de Uber son ilegales.
Mediante la circular 08 del 10 de febrero de 2017, la entidad reafirmó que todos aquellos vehículos y conductores que se movilicen bajo la modalidad de servicio público individual con estas plataformas serán sancionados. Al tiempo, anunció controles más estrictos para vigilar el cumplimiento de las medidas.
En el documento dirigido a las autoridades de tránsito y transporte municipal, a gobernadores, alcaldes y secretarías y gestores de transporte, la Superintendente delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, Lina María Margarita Huari Mateus, dio a conocer “los indicadores que en adelante servirán de herramienta para el control de todas las formas de piratería, informalidad e ilegalidad en la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor”.
Fuente: Kienyke
