En abril de este año la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas de gases industriales, Indura S.A y Linde Gas Chile S.A. por colusión en el mercado de los gases industriales, medicinales y especiales, que se desarolló enre noviembre del 2019 y enero del 2021.
En agosto, las empresas contestaron al requerimiento de la FNE, negando las acusaciones. Pero el 17 de octubre, Conadecus, representado por los abogados Mario Bravo y Gabriel Trafilaf, presento un escrito al TDLC, donde expresa que la colusión de los gases comenzó en 2015 y no en 2019 como lo dicta la FNE.
Conadecus expone que el impacto es mucho mayor al presentado por el organismo económico, argumentando que la colusión afecta a consumidores y a grandes empresas como Codelco u Agrosuper.
El documento señala que “La colusión afectó a los consumidores, como a grandes clientes”, en el documento exponen que la empresa Linde y Air Lquide tiene reuniones desde el 2015 para coordinar prácticas anticompetitivas, la organización presento pruebas de un proceso judicial laboral en el Juzgado de Leras del Trabajo de Concepción, donde un testigo, Arnoldo Vargas afirmo que “el 70% o 80% del contenido esta asociado a malas prácticas comerciales”.
En esa línea, describió que una reunión en 2015 entre el gerente de Linde, David Lori y Astur Estrada, gerente general de Air Liquide, donde expusieron que ““tuvimos una reunión […] en la que yo lo único que quiero es que NOSOTROS NO NOS PELEEMOS LOS CLIENTES Y ACORDEMOS UNOS MÁRGENES DE PRECIOS”.
El escrito de Conadecus señala el rol organizador de David lori, como ente principal de la colusión: “Las pruebas acreditan esta situación son las reuniones “las pruebas que acreditan esta situación son las reuniones en las oficinas en Santiago y las visitas en invitaciones que hizo en Concepción […] y la mayor prueba es la tolerancia de todo esto, sin tomar medidas como dice su política de compliance”. Dice el escrito
Asimismo, las reuniones que tuvieron los gerentes tanto en Santiago como Concepción. Además, se señaló que Linde llevó a cabo una investigación interna en 2017 y 2018, tras denuncias de prácticas anticompetitivas, que concluyó con una simple amonestación a Lori.
Conadecus también cuestiona el beneficio de la delación compensada para Linde. Según la corporación, el DL 211 estipula que dicho beneficio debe revocarse si se demuestra que el solicitante fue el organizador del cartel o coaccionó a otros a participar. Conadecus resaltó que Linde dijo que “no coaccionó a Indura a participar en ella”, pero esto no descarta la coacción a individuos específicos. La organización recuerda que, según la ley, “la coacción puede ser institucional, pero también puede ser respecto de personas naturales”, y se cita la jurisprudencia de la Corte Suprema que adopta un criterio amplio para definir la coacción en casos de colusión.
