Colusión de medicamentos en Chile: fiscalía buscará revertir absolución de ejecutivos

A mediados de junio, y luego de varias audiencias y muchos testimonios, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a los 10 ejecutivos de las principales cadenas de farmacias de Chile, acusados del manejo irregular del precio de cientos de medicamentos. La medida, criticada por especialistas sanitarios y funcionarios del gobierno, dejó sin efecto los pedidos de prisión efectiva para quienes a criterio de la fiscalía manejaron las alzas de manera intencional, un fraude que estafó a millones de pacientes. El encargado de llevar adelante el caso confirmó que buscarán revertir la sentencia, ya que consideran que el delito fue probado durante las audiencias.
El fiscal Jaime Retamal, titular de la Fiscalía Centro Norte, fue el encargado de llevar adelante el caso, y desde un comienzo pidió prisión efectiva para los imputados. Esta semana, el tribunal dio a conocer los fundamentos del fallo absolutorio, sentencia votada en disidencia. Mientras que los magistrados María Inés Collin y Laura Assef decidieron que el delito no estaba probado, José Flores condenó la maniobra de los imputados, que alteraron de forma fraudulenta el precio de medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
Para la fiscalía es muy importante la argumentación del magistrado José Flores, que fue el voto disidente     y que sí dictó una sentencia condenatoria. Retamal explica que ahora se enfocarán en estudiar el análisis del caso que hizo el magistrado. “Él ya nos adelantó que sostiene que el mero hecho de la existencia de un acuerdo anticompetitivo per se, es antijurídico y que entiende la maquinación fraudulenta en términos amplios, como cualquier acuerdo que infringe la ley”, dijo.
El fiscal tiene 10 días para interponer un nuevo recurso para llevar el caso a una nueva instancia. La Fiscalía Centro Norte imputaba a los acusados de haberse coordinado para elevar artificialmente el precio de más de 200 medicamentos, usando como intermediarios a ejecutivos de laboratorios.
Las cadenas farmacéuticas involucradas, Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, concentran alrededor del 95 por ciento del mercado farmacéutico chileno y de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, obtuvieron beneficios por unos 41 millones de dólares tras el acuerdo para elevar los precios. La coordinación entre las cadenas en la fijación de precios, según el Ministerio Público, se tradujo en un alza desconocida para el mercado que sorprendió a los consumidores, que vieron que 48 medicamentos de uso diario, muchos de ellos de primera necesidad, duplicaron su valor habitual.
Sin embargo, para los jueces, la palabra “coordinación” que se advierten en los correos investigados de los imputados “no prueba que se trate de aumento fraudulento en los precios de los medicamentos, sino más bien tiene que ver con cómo se entiende la industria con los laboratorios”.
Los imputados fueron Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (ex Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (relacionados en el caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Ávila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
Después de que se diera a conocer la sentencia, el fiscal Jaime Retamal de la Fiscalía Centro Norte, señaló que las posibilidades de continuar con este caso “están dadas si logramos identificar en esta sentencia alguna infracción de ley. Esto significa que el fallo, al momento de dictarse, haya incurrido en algún error de derecho que sea de tal magnitud que permita a la corte anular la sentencia”.
Una vez conocida la absolución, la indignación fue ganando la opinión pública en Chile. Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) fueron más tajantes: “este juicio consagra que los delitos de cuello y corbata tienen un trato especial y siempre quedan en la impunidad”. Así lo afirmó Hernán Calderón, presidente de la organización, a Radio Chile.
 
Fuente: MiradaProfesional