Los antecedentes entregados por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Libre Competencia respecto de una supuesta colusión entre dos empresas –SCA, que antes era Pisa, propiedad del ex ministro Gabriel Ruiz-Tagle y la compañía CMPC Tissue– para controlar los precios y las cuotas de mercado de los productos de papel higiénico, no dejaron indiferente al Gobierno, el Sernac y los organismos de consumidores.
Al respecto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, apuntó a que la llamada “colusión del confort” afecta al sector más vulnerable de la población.
“Tenemos una situación extremadamente grave, que causa indignación y que es completamente inaceptable en un producto que es de primera necesidad para millones de chilenos, que genera ventas con 480 millones de dólares al año y que afecta principalmente a los más vulnerables”, sostuvo en Radio Cooperativa.
“Los antecedentes que la Fiscalía puso en conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hablan de una planificación muy pensada respecto a cómo poder coludirse”, agregó el secretario de Estado.
En esa línea, dijo que esta situación “coincide con la fecha de la colusión de las farmacias, cambiaron los métodos de operación de forma tal de poder ser menos detectables por parte de la autoridad, así que estamos ante un caso gravísimo”.
Asimismo, el titular de Economía recordó que el Ejecutivo envió en marzo un proyecto para endurecer las multas en este tipo de casos: “Las multas máximas en nuestro sistema están en torno a 22 millones de dólares, cuando los beneficios que obtienen quienes se coluden pueden llegar a muchas veces ese número, por lo que hemos dicho que las multas tienen que ser proporcionales al beneficio económico de aquellos que se han coludido o el 30 por ciento de las ventas en el caso de que no pueda ser determinado lo anterior, y también penas de cárcel”.
“La delación compensada ha demostrado mundialmente ser la herramienta más eficaz para desbaratar carteles, pero ciertamente tenemos que aumentar las multas”, hizo hincapié Céspedes.
Por su parte, el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, aseguró que los consumidores tienen derecho a ser compensados.
Por tal razón, dijo, el Sernac evaluará el requerimiento de la FNE en detalle para decidir las acciones a seguir y eventuales demandas compensatorias para los clientes afectados.
“Estamos trabajando desde hoy para analizar los antecedentes y vamos a acompañar todo este proceso y usar todo lo que nos permite la ley para ayudar a los consumidores”, indicó Muñoz.
En tanto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, afirmó que esta colusión posiblemente “quede en la impunidad y los consumidores no reciban las compensaciones”.
“Siempre en estos casos se busca que se repare el daño causado y se apliquen los intereses e indemnizaciones correspondientes. Como estos casos son tan especiales, son de interés difuso, es difícil identificar a cada consumidor afectado y tampoco tienen cómo acreditarlo, pero hay mecanismos para establecer compensaciones en tribunales”, señaló en ADN Radio.
“¿Quiénes tramaron esta irregularidad? Es imposible que un ejecutivo se maneje solo, ya que los directores también son responsables. No me podría imaginar que un ejecutivo pueda llevar a cabo estas prácticas sin conocimiento de los directorios. Si el directorio no supo que sus ejecutivos estaban haciendo una práctica anticompetitiva y de colusión, quiere decir que el directorio no está entendiendo cómo está funcionando su empresa”, concluyó.
Fuente: ElMostrador
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21 Nov 2024