La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda contra las empresas del gas debido a “los abusos sistemáticos y gravísimos en los precios del gas licuado y gas natural por redes”, revelados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
A mediados de octubre, un informe de la FNE alertó que el mercado del gas en Chile no estaría funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva, tras analizar la comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural (GN) entre 2010 y 2020.
La primera demanda de Conadacus se presentó contra Metrogas, y su empresa relacionada AGESA el pasado 7 de noviembre ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, en representación de 785 mil consumidores de gas natural de las regiones Metropolitana y de O´Higgins.
“Desde 2016 y hasta la fecha, estas empresas han cometido un fraude civil aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas, por la vía de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, en un acto de triangulación fraudulenta”, afirmó la institución.
A través de un comunicado, detallaron que los altos “costos artificiales” fueron traspasados “subrepticiamente a los consumidores, valiéndose de información falsa y engañosa”. “Esta práctica ilícita ha permitido a Metrogas efectuar cobros indebidos (…) de aproximadamente US$ 80 millones por año”.
La segunda demanda fue interpuesta contra Gasco, Abastible y Lipigas, el 11 de noviembre, en representación de todos los consumidores de gas licuado del país. “Estas empresas pertenecen a grandes grupos económicos nacionales: Grupo Pérez Cruz, Grupo Angelini y Grupo Yaconi-Santa Cruz, respectivamente”.
“Desde 2014 y hasta la fecha, esas empresas efectuaron un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores (…) y llevando adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público”, explicaron.
Las demandas se fundan en infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en que han incurrido estas empresas. Estas faltas pueden ser sancionadas sin tener que esperar el pronunciamiento de otras autoridades u organismos, obligando a las empresas a restituir los cobros abusivos denunciados.
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