La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) estudia acciones legales para demandar en tribunales a las farmacias Cruz Verde y Salcobrand a fin de que compensen económicamente a los clientes afectados por la colusión de precios detectada en el 2008. “Vamos a buscar todos los mecanismos posibles para demandar a estas farmacias (Cruz Verde y Salcobrand) para que los consumidores sean compensados e indemnizados”, afirmó Hernán Calderón, presidente de la entidad civil.
“Hay un equipo de abogados que revisarán el fallo del tribunal y vamos a buscar todos los mecanismos posibles para demandar a estas farmacias con el objetivo de que los consumidores sean compensandos e indemnizados”, sostuvo Hernán Calderón, presidente de la organización.
VACÍO LEGAL
Calderón criticó el vacío legal que existe en el país para compensar e indemnizar a los consumidores que son afectados por las prácticas de colusión de precios que se generan en el mercado, por lo que piden que el gobierno patrocine una indicación que sancione el atentado a la libre competencia en la Ley del Consumidor. “Aquí queda de manifiesto la debilidad de nuestra legislación, donde no está contemplada la violación de la libre competencia a la ley del consumidor, por lo que no podemos pedir compensaciones por estos casos”, acusó Calderón.
De hecho, en conversación con 24 horas, el director del Servicio Nacional del Consumidores (Sernac), Juan Antonio Peribonio, explicó que las sanciones por atentar a la libre competencia no están contempladas en la normativa que protege a los consumidores afectados.
A juicio de Calderón, el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que multa en US$38 millones a las dos farmacias, “es la oportunidad de hacer un cambio legislativo, porque no hemos sido escuchado en los últimos dos gobiernos para poner un artículo único a la ley de consumidor para colocar esta infracción (colusión de precios), pero necesita del patrocinio del gobierno”.
El ex director del Sernac en el gobierno de Michelle Bachelet, José Roa, denunció que en el año 2009 se envió un proyecto de ley al Congreso para
