Conadecus pide a TDLC poner condiciones a adquisición de CGE por Gas Natural Fenosa

La adquisición de la Compañía General de Electricidad (CGE) por parte de la catalana Gas Natural Fenosa (GNF), podría enfrentar una demora si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acoge a tramitación una consulta presentada ayer por la asociación de consumidores, Conadecus.
En un escrito presentado ayer, la entidad solicitó al tribunal revisar las condiciones del acuerdo, por los posibles efectos que esta operación, valorada en unos US$ 3.300 millones, tendría sobre la competencia.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, explicó que GNF es un importante productor y distribuidor de gas natural a nivel mundial, y su llegada al mercado chileno, a través de esta compra, podría afectar a la industria la que, a su juicio, ya se está altamente concentrada.
En el escrito, que al cierre de ésta edición aún no había sido admitido por el TDLC, la organización de consumidores pide establecer condiciones a la operación, tal como sucedió en su momento con la fusión de LAN y TAM.
La Conadecus trabajó la consulta junto con el estudio Bravo, ligado al abogado Mario Bravo, mientras que el informe económico en que se sustentan sus argumentos fue realizado por el economista y ex integrante de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) Gonzalo Escobar.
Desintegrar la industria
Calderón señaló que conadecus también está preocupado por las relaciones de propiedad que existen en la industria del gas, donde existen cruces entre las principales empresas del rubro. En este sentido, el documento ingresado al TDLC también pide aplicar una serie de normativas para lograr la desintegración, tanto vertical como horizontal, de la industria de gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Gasco, filial de la eléctrica CGE, es propietaria del 51%
de Metrogas, la mayor distribuidora de gas natural y de ciudad por redes del país, con unos 500 mil clientes y también participa del terminal de regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) de Quintero, en conjunto con Enap, Endesa y la española Enagás.
Asimismo, otro accionista relevante de Metrogas es Empresas Copec, ligada al grupo Angelini, que tiene un 40% de la propiedad y a su vez es dueña de Abastible, que compite con Gasco en el negocio de GLP.
El grupo Yaconi Santa Cruz, dueños de Lipigas, el mayor actor en el segmento de GLP del país, también participa de la propiedad de Metrogas, a través de la sociedad Trigas.
“Lo que queremos es que el TDLC desintegre la industria del gas. Terminar con la integración vertical y horizontal”, dijo Calderón. La consulta también apunta a regular los denominados servicios accesorios y complementarios en la distribución de gas por redes, entre ellos las conversiones, que han estado en el ojo de la discusión entre la autoridad y Metrogas en las últimas semanas debido a los resultados del chequeo de rentabilidad realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Las conversiones representan el 36% de los activos de Metrogas y están valoradas en unos US$ 660 millones.
Presión a Pacheco
La acción de Conadecus, junto a la solicitud presentada ayer también ante el TDLC por el alcalde de Maipú, Christian Vittori, podría obligar al Ministerio de Energía a acelerar la definición de su estrategia legal para regular las tarifas de Metrogas.
Ambos solicitaron esta medida al tribunal, la que de ser aceptada, presionaría al ministro Pacheco a tomar una definición respecto del mecanismo que llevarán adelante en este tema. Vittori señaló que además buscarán compensaciones a los clientes por los cobros excesivos.
Ayer, Pacheco ratificó desde Alemania que la autoridad anunciará en dos semanas el camino que tomará el gobierno.
“Estos antecedentes son suficientes para que el TDLC le pida al ministerio regular las tarifas. No tiene ningún sentido esperar más tiempo”, dijo el edil de Maipú.
El gobierno está siendo asesorado por los abogados y expertos en libre competencia Nicole Nehme, Javier Velozo, Andrea Butelmann y Juan Pablo Montero.
Controladores de eléctrica se preparan para OPA y aceptación llegaría a 90%
Sociedades de los Marín, Pérez Cruz y Hornauer pusieron acciones en custodia ante Banchile.
A dos semanas de que venza el plazo propuesto por la catalana Gas Natural Fenosa (GNF) para concretar la adquisición de la Compañía General de Electricidad (CGE), las familias controladoras comenzaron a mover sus fichas para participar de la operación. Ayer, y a través de una serie de movimientos en la Bolsa de Comercio de Santiago, integrantes de las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer, pusieron en custodia sus acciones ante la corredora Banchile con el propósito de participar de la OPA por unos US$ 3.300 millones que lanzó la catalana a mediados de octubre, y por la cual busca hacerse del 100% la propiedad de la eléctrica, que también participa del negocio del gas a través de Gasco y Metrogas. Integrantes de las distintas ramas de laas familias Pérez Cruz, Marín y Hornauer acudirán a la operación con sus participaciones. Los tres grupos controlan de manera directa el 54,97% de la propiedad, y tienen en conjunto otro 11,26% a través de Indiver. La venta de las acciones a GNF le reportaría a las familias unos US$ 2.186 millones.
Operación en marcha
La aceptación de la oferta por parte de otros accionistas minoritarios relevantes aún es un misterio. Este es el caso de los canalistas del Maipo (6,81% de la propiedad), los que deberán decidir en junta de accionistas si acuden a la operación. Su participación está valorada en US$ 288 millones.
Fuentes conocedoras del proceso señalan que hay un alto interés de los accionistas por acudir a la oferta lanzada por la catalana, y estiman que la aceptación estaría en torno al 90%. La semana pasada, la superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ofició a GNF para que realizara modificaciones a la oferta, solicitándole identificar a sus principales controladores, modificar el precio estimado para las acciones con que se calculó el premio que pagarán a los accionistas, y aclarar si tiene la intención de mantener a CGE como una sociedad anónima abierta. Esto último fue confirmado por la firma catalana al regulador.
 
Fuente: Diario Financiero