CONADECUS presenta estudio de comisiones financieras

-El estudio fue ejecutado por el economista Álvaro Gallegos y el sociólogo Patricio Escobar
Desde el retorno a la democracia, la industria financiera ha experimentado una notable expansión que ha multiplicado 6,8 veces en términos reales la cartera de colocaciones de la banca.  Este crecimiento ha sido acompañado de un proceso de incorporación de nuevos segmentos sociales al mercado financiero en demanda de recursos para satisfacer necesidades de consumo y vivienda de los hogares.
El motor de la expansión financiera ha estado centrado en el crédito a personas naturales.  De hecho, en el periodo 1990-2014, la cartera de créditos de consumo ha crecido a una tasa promedio real anual de 13,6% y a un 10,7% lo hicieron los préstamos para vivienda.  De esta manera, la llamada “bancarización” se expresa en una tasa de crecimiento anual de 11,5% real de la cartera de créditos a personas.
La extraordinaria expansión de los servicios financieros a personas ha permitido a la población disponer de una amplia gama de instrumentos para adelantar el consumo de bienes durables, lo que se traduce en un positivo impacto en su bienestar.  La amplitud de productos también ha contribuido a suavizar los vaivenes financieros de los hogares, facilitando el tránsito por situaciones complejas como las de gastos imprevistos para sus presupuestos, las de bajas en sus ingresos por desempleo transitorio u otras causas.  El país ha sido favorecido, entonces, con una bancarización profunda y amplia.
Como es natural, el uso de servicios financieros, en particular el crédito, debe estar acompañado de la prudencia, pues de lo contrario puede llevar a situaciones de exceso de endeudamiento  que agobia a las familias y que puede tener efectos muy destructivas en ellas y en las perspectivas de desarrollo de sus miembros.  De acuerdo a las encuestas de ingresos de los hogares, es claro que no estamos libres de ese mal.
Aunque no es materia de este estudio, existe la percepción de una ausencia de cuidado por parte de los oferentes financieros en materia de endeudamiento de los hogares.  Sin perjuicio de algunos esfuerzos en materia de educación financiera, los incentivos propios de un sistema financiero con fines de lucro pueden llevar a comportamientos comerciales agresivos que, enfocados en la ganancia pronta y de corto plazo, no atienden a las consecuencias negativas de altos niveles de deuda de las familias.  La contención de estas conductas difícilmente puede ser encargada a las entidades de crédito que operan en el mercado, aunque existen mecanismos de control de riesgo que pueden ser de mucha utilidad.  La responsabilidad final recae en el diseño de políticas públicas apropiadas, en adecuadas regulaciones específicas y en la capacidad coercitiva del Estado para aplicarlas.
En esa línea, se aprecian debilidades en las actuales regulaciones sobre tarifas.  Atendida la amplia libertad que tienen los oferentes para fijar sus tarifas, son escasas las normas que las regulan.  Las que existen, se han originado usualmente en la reiteración de situaciones donde las asimetrías de información y de defensa de los derechos de las contrapartes han sido tales que ha sido necesario imponer normas legales o administrativas para proteger el interés general.
Un ejemplo de ello son las tarifas asociadas al uso de tarjetas como medios de pago, cuestión que ha sido abordada por la Fiscalía Nacional Económica y en la cual se han logrado modestos avances en comparación a otras jurisdicciones como Australia o Europa.
Otra área en la que existen deficiencias importantes y que han sido puestas en evidencia por este estudio dice relación con la cantidad y calidad de la información que los oferentes deben poner a disposición de los consumidores financieros.
Como se ha señalado en el cuerpo de este informe, el consumidor financiero no tiene un acceso expedito y de fácil comprensión a las diversas comisiones que pueden ser aplicadas por el oferente a los servicios que contrata.  No se trata aquí de discutir la razonabilidad de las tarifas, sino de la falta de la disposición al cliente de la información necesaria para comprender cómo su comportamiento en el uso de los servicios contratados puede afectar su costo, de forma que los ocupe de la manera más eficiente posible.  Un mal uso de estos servicios por parte de los clientes debilita su capacidad financiera y por esa vía se transforma en un riesgo adicional para el oferente.
Como se aprecia en la Tabla 5, sólo 9 de 23 bancos presentan información sobre comisiones y tarifas en sus páginas Web.  Al investigar por internet mediante el uso de un buscador (“googlear”), se obtienen los datos de 5 entidades adicionales, mientras en las otras 9 simplemente no se encuentra información.
La situación no es mejor en el caso de las tiendas del “retail”, cuya información de tarifas no se encuentra claramente identificada en los sitos web.  El proceso de búsqueda para llegar a ella requiere de una exploración ardua en los respectivos sitios hasta localizar los modelos de contrato y luego escudriñarlos para hallar las cláusulas dónde aparecen las tarifas.
Al comparar la transparencia con que se proporciona la información sobre tarifas y comisiones por parte de las entidades de crédito en Chile versus lo que se observa en Latinoamérica, se tiene que el sistema chileno se sitúa en último lugar entre 10 países sudamericanos evaluados por el Banco Mundial mediante un índice de profundidad de la información crediticia (ver Tabla 6).  Lo anterior, a pesar que Chile es el país tiene una relación créditos a PIB del orden de 120%, la más alta de la región.
La ausencia de esa información en calidad y cantidad que un consumidor juicioso requiere para adoptar decisiones correctas y costo-eficientes en los dispositivos o canales de comunicación dispuestos por el oferente atentan contra la eficiencia de la economía como un todo y debe ser resuelta.  Las autoridades regulatorias deben diseñar las normas apropiadas y los supervisores deben velar por su cumplimiento, abarcando todos los mercados que operan servicios financieros, para beneficio tanto de los oferentes como de los consumidores.
De acuerdo a la información que entregan al público las entidades de crédito en materia de tarifas y comisiones, se observa que ella es difícil de comprender por parte de los consumidores financieros.  Las Tablas 1, 2,3 y 4, referidas a los productos cuenta corriente, tarjeta de débito, línea de crédito y tarjeta de crédito, respectivamente, muestran que la característica general de la información disponible su amplia variedad, lo que dificulta su comparación, acompañada de largas y complejas descripciones de una extensa casuística para la aplicación de las tarifas.
El rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en materia de impulsar la transparencia del mercado en materia de tarifas y comisiones es muy relevante y puede ser un importante aporte.  Sin embargo, la información sobre tarifas y comisiones que publica este organismo resulta insuficiente para suplir la escasez de información provista por los oferentes o al menos complementarla.  De hecho, varios cuadros informativos referidos a tarifas y comisiones, que se publicaban regularmente, han sido descontinuados, lo que es indicativo de un retroceso en el aporte de ese organismo a la transparencia del mercado en este ámbito.
Es crucial que la Superintendencia utilice sus amplias facultades para requerir información de las entidades fiscalizadas a fin de mejorar sustantivamente la calidad y cantidad de información relativa a las tarifas de los servicios financieros minoristas.  Los esfuerzos que despliega en materia de educación financiera se verían favorablemente potenciados por esta vía.
Cabe destacar que los ingresos por comisiones tienen una incidencia importante en los ingresos de la banca, representando entre un 15% y un 20% del margen operacional.  En términos absolutos, los ingresos por comisiones alcanzan a cerca de 14 millones de UF anuales, equivalentes a más de 500 millones de dólares.
Tales volúmenes bien pueden justificar un mayor aporte de los oferentes de servicios financieros minoristas a una mayor transparencia de sus tarifas y comisiones para hacerlas más comprensibles a los consumidores financieros con beneficio para el sistema en su conjunto.
undidad de la información crediticia (ver Tabla 6).  Lo anterior, a pesar que Chile es el país tiene una relación créditos a PIB del orden de 120%, la más alta de la región.
La ausencia de esa información en calidad y cantidad que un consumidor juicioso requiere para adoptar decisiones correctas y costo-eficientes en los dispositivos o canales de comunicación dispuestos por el oferente atentan contra la eficiencia de la economía como un todo y debe ser resuelta.  Las autoridades regulatorias deben diseñar las normas apropiadas y los supervisores deben velar por su cumplimiento, abarcando todos los mercados que operan servicios financieros, para beneficio tanto de los oferentes como de los consumidores.
De acuerdo a la información que entregan al público las entidades de crédito en materia de tarifas y comisiones, se observa que ella es difícil de comprender por parte de los consumidores financieros.  Las Tablas 1, 2,3 y 4, referidas a los productos cuenta corriente, tarjeta de débito, línea de crédito y tarjeta de crédito, respectivamente, muestran que la característica general de la información disponible su amplia variedad, lo que dificulta su comparación, acompañada de largas y complejas descripciones de una extensa casuística para la aplicación de las tarifas.
El rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en materia de impulsar la transparencia del mercado en materia de tarifas y comisiones es muy relevante y puede ser un importante aporte.  Sin embargo, la información sobre tarifas y comisiones que publica este organismo resulta insuficiente para suplir la escasez de información provista por los oferentes o al menos complementarla.  De hecho, varios cuadros informativos referidos a tarifas y comisiones, que se publicaban regularmente, han sido descontinuados, lo que es indicativo de un retroceso en el aporte de ese organismo a la transparencia del mercado en este ámbito.
Es crucial que la Superintendencia utilice sus amplias facultades para requerir información de las entidades fiscalizadas a fin de mejorar sustantivamente la calidad y cantidad de información relativa a las tarifas de los servicios financieros minoristas.  Los esfuerzos que despliega en materia de educación financiera se verían favorablemente potenciados por esta vía.
Cabe destacar que los ingresos por comisiones tienen una incidencia importante en los ingresos de la banca, representando entre un 15% y un 20% del margen operacional.  En términos absolutos, los ingresos por comisiones alcanzan a cerca de 14 millones de UF anuales, equivalentes a más de 500 millones de dólares.
Tales volúmenes bien pueden justificar un mayor aporte de los oferentes de servicios financieros minoristas a una mayor transparencia de sus tarifas y comisiones para hacerlas más comprensibles a los consumidores financieros con beneficio para el sistema en su conjunto.