Consejos de la Sociedad Civil

Conviene preguntarse cuánta responsabilidad hay detrás de los alcaldes y concejales en el pálido funcionamiento que exhibe este espacio de participación de la sociedad civil en los asuntos comunales.
Es una realidad que la participación social de los ñublensinos es baja y que son pocas las instituciones formales que existen. El mejor ejemplo lo constituyen los Consejos de la Sociedad Civil, y en general, el cumplimiento de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana (20.500), promulgada en febrero del año 2011, donde 6 comunas están claramente al debe y muchas otras medianamente, ya que si bien han constituido formalmente esta instancia, no han estimulado su funcionamiento, incumpliendo su objetivo de ofrecer a la sociedad organizada un espacio que le permite transmitir sus principales inquietudes y propuestas respecto a la forma en que se deben priorizar las políticas de gobierno en las diferentes instituciones del país.
Especialistas en el tema y entidades no gubernamentales como la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) han advertido serias falencias en la Ley 20.500, como el hecho de que existiría falta de voluntad de las autoridades para abrir espacios de comunicación con el objetivo de que se conozca la legislación, factor que consideran clave, toda vez que esto les permitiría a los ciudadanos interiorizarse en la forma cómo podría incidir, con su participación, en las decisiones de los organismos públicos y especialmente en los organismos en donde las autoridades son elegidas mediante el voto popular, como los municipios.
Por otro lado, también han criticado el papel de los jefes comunales y concejales, quienes en muchos casos sencillamente no han fomentado la creación de los Consejos y no han convocado a los actores sociales porque ven en ellos potenciales liderazgos que podrían en el futuro amenazar sus posiciones de poder dentro de las comunas.
A todo esto también se suma la poca motivación por parte de las mismas personas, cuando se dan cuenta que este instrumento no es una real y verdadera plataforma que les sirva para que se concreten sus principales propuestas o se den solución a los principales problemas ciudadanos.
Sin embargo y a contracorriente de lo anterior, en los últimos años es posible apreciar también el surgimiento de otras instancias de participación desde la sociedad civil, donde lo que une a sus miembros son determinados intereses particulares, ya sea de ayuda social, influencia en las políticas públicas, defensa de ciertos derechos o la fiscalización de la acción gubernamental. Junto con ello, en los últimos años también se han generado instancias gremiales, asociaciones industriales, empresariales, deportivas, culturales, estudiantiles y académicas, que además de trabajar por intereses comunes de sus asociados, colaboran de forma muy importante en la gestión e implementación de las políticas públicas, ya que proveen de información al gobierno de turno, son intermediarios en su difusión y focalización y actúan como contrapeso a un exceso de poder o inmovilismo del sector público.
El camino de crecimiento de las organizaciones civiles, así como temáticas nuevas en torno a las cuales es posible organizarse, es como una gran carretera de muchas vías. Como tal, tiene pistas de ida y de regreso. Las primeras dependen del interés, responsabilidad social, entusiasmo y compromiso de los ciudadanos. Las vías de vuelta son copadas por acciones del Estado, como mecanismos de financiamiento, transparencia en la gestión pública y estrategias de trabajo conjunto con la comunidad.
La sociedad, téngase bien presente, no es indiferente y apática por naturaleza. Al contrario, siempre está disponible a participar si es debidamente convocada para intervenir en la vida cívica y ese llamamiento es realizado al margen de estrechos criterios partidistas o de mezquinos intereses materiales.
Diarioladiscusion.cl, 09, Noviembre, 2013