La Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, en conjunto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) y locatarios de San Diego solicitaron a la Contraloría investigar diversas irregularidades relativas a los textos escolares y las editoriales que los publican.
Las agrupaciones se reunieron con el contralor, Ramiro Mendoza, para solicitarle que investigue diversas irregularidades que se producen en las licitaciones de textos escolares que realiza el ministerio de Educación.Además, cuestionaron que la Fiscalía Nacional Económica todavía no se pronuncie sobre un caso que se ha venido denunciando hace más diez años.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que una de las denuncias que le presentaron al contralor, Ramiro Mendoza, es que sólo uno o dos oferentes se están adjudicando cifras cercanas a 20 mil millones al año por concepto de compra de libros destinados a los alumnos de menores recursos.
El abogado planteó además que el Ministerio de Educación no estaría cumpliendo con sus funciones, a través de la Unidad Curricular, de revisar los contenidos de los textos, tanto los que adquiere el Mineduc, como los que están a la venta para público.
Ello porque, según Calderón, aún no se cumple la palabra del ex ministro Joaquín Lavín, quien aseguró que se prohibiría la publicidad en los libros escolares, ya que esa situación aún no ha sido corregida.
El presidente de Conadecus señaló además que otra irregularidad tiene que ver con una supuesta colusión entre los sostenedores de colegios y las empresas editoriales.
“Los colegios privados subvencionados tienen una práctica permanente de, creemos, colusión con las editoriales, las que exigen que los libros sean reemplazados año a año, permitiendo mayor lucro. También se les deja poner stands al interior de los colegio”, dijo.
En este sentido, Ismael Calderón, vocero de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, denunció que existen editoriales que sólo cambian la apariencia de los textos, y no los contenidos, para cobrar más caro de un año a otro.
“Libros del año pasado que dividen en dos tomos y cobran el valor doble a lo que se pagaban y es lo mismo, la malla curricular es idéntica. Podemos decir que eso es una estafa o un engaño y vamos a pedir mano dura contra todos aquellos que se estén coludiendo para meter la mano a los bolsillos de las familias”, sentenció.
En la denuncia se dio como ejemplo el texto de lenguaje de la editorial Santillana para octavo básico, que durante 2011 tenía un valor de cinco mil pesos y en su edición de 2012, con el mismo contenido y numeración, un precio de 24 mil en dos tomos. Algo similar ocurre con el libro “Sendas” de la editorial SM, que fue dividido en tres tomos de diez mil pesos cada uno.
Por su parte, Miguel Espinoza, locatario de la Librería Liquidadora de Libros de San Diego, solicitó investigar por qué la Fiscalía Nacional Económica aún no se pronuncia por los supuestos abusos de los editores, que vienen denunciando hace más de diez años.
Las organizaciones aseguraron que le presentaron anteriormente los antecedentes al ministro de Educación Harald Beyer, quien declaró que no tiene las atribuciones para intervenir en esta situación, aun cuando es su cartera la que define el contenido educacional de los textos.
Según señalaron las agrupaciones ciudadanas, el contralor se comprometió a que se realizará una auditoría en el Ministerio de Educación para investigar estas situaciones, debido a la gran cantidad de dinero involucrado.
