“Las municipalidades no pueden vender o distribuir gas a sus vecinos sin una ley que los autorice. No se advierte inconveniente en que la entrega de ese producto se realice al amparo de un programa de asistencia social, de conformidad con las reglas generales”. Así lo señaló la Contraloría General de la República respecto a la postura de los municipios del país en cuanto a vender “gas a un precio justo”.
La Contraloría señala que solo podrían comercializar el gas si una ley aprobada en el Congreso así lo permite, y lo diferenció de los medicamentos que sí pueden distribuir a través de las “farmacias populares” porque la ley las considera dentro de las funciones de atención primaria de salud que si tienen los municipios.
A pesar de lo anterior, el organismo sostiene las municipalidades podrán entregar ayuda sociales a sus vecinos. En el documento de Contraloría se especifica que ante esto consultaron que si en cumplimiento de su deber de asistencia social, es posible financiar a sus vecinos parte del valor del gas que estos adquieran a los distribuidores establecidos, previa elaboración de un programa asistencial “a cuyo cargo se imputará dicho gasto y de la evaluación de las necesidades de los beneficiarios que cumplan los requisitos”.
Además, dichas municipalidades se manifestaron respecto del alza de los combustibles, por lo que se determinó que estas solo podrían vender y/o distribuir gas a sus vecinos en la medida que el legislador las autorice expresamente.
Ante esto también se detalló que la entrega del gas se puede realizar al amparo de un programa de asistencia social el cual se debe regir para los habitantes de la comuna donde también se aborden métodos, sistemas y procedimientos adecuados.
Asimismo, desde Contraloría especificaron que “no se advierte impedimento para que las municipalidades requirentes, en ejercicio de sus facultades relacionadas con la asistencia social y cumpliendo con las exigencias mencionadas, puedan prestar la ayuda por la que se consulta a sus vecinos”.
A través de subvenciones y alianzas público privadas, ya son muchos los municipios a lo largo del país que han comenzado con iniciativas destinadas a que los vecinos puedan comprar gas a menor valor. En algunos casos el ahorro puede alcanzar los $20 mil pesos al mes.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, planteó “hace años que hemos denunciado el monopolio que existe en la industria del gas, creemos que la mejor alternativa es la fijación de precios, a un costo razonable para que las empresas tengan utilidades, pero entendiendo que es un producto esencial”.
