Este lunes la Corte Suprema acogió el recurso de reclamación que presentó la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia –TDLC- que rechazó con costas la demanda interpuesta contra Movistar, Claro y Entel, por acaparamiento del espectro en la banda de 700 MHz.
Para el máximo tribunal, “las tres compañías han incurrido en una conducta anticompetitiva al adjudicarse bloques en la licitación del concurso público de la banda 700, sin respetar el límite de 60 MHz impuesto como máximo que puede tener cada incumbente en el mercado de servicios avanzados de comunicaciones móviles”.
El fallo de la tercera sala de la Corte ordena a las recurridas “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”.
“En el evento que la Subtel estime necesaria la revisión del límite máximo del espectro radioeléctrico que puede tener cada operador, deberá iniciar un proceso consultivo ante el TDLC con este fin. En caso contrario deberá iniciar los procedimientos necesarios para adecuar el límite establecido a los parámetros definidos de 60 MHz para cada operador participante en el referido espectro radioeléctrico”, afirmó la sentencia.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, indicó que el fallo es “histórico porque el tribunal pone límites al espectro que deben ocupar las empresas de telecomunicaciones”.
“Aquí hubo un acaparamiento de espectro que no se utilizó en su totalidad. Además, hubo tres empresas que se repartieron los tres bloques de la banda 700 que se podían licitar por parte del gobierno, incurriendo en una conducta anticompetitiva. Finalmente, el fallo permite que aumente la competencia en el sector, lo que es beneficioso para todos los consumidores”, sentenció el presidente de la corporación.
Cabe recordar, que tanto la demanda como el recurso de relamación ante el máximo tribunal fue presentado por abogados del Estudio Bravo, liderado por Mario Bravo y Cristián Reyes, mandatados por Conadecus.
