En junio del año pasado, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). La iniciativa ha recibido diversas críticas especialmente desde el sector empresarial, que acusa un exceso de facultades y una confusión entre ellas.
Esto, a juicio de los más críticos, podría incluso llevar a la quiebra a una empresa por las excesivas multas y compensaciones a los usuarios.
Precisamente, hoy se vence el plazo para entregar las indicaciones a la Comisión de Economía del Senado, contexto en el que Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero y presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor de la Sofofa, explica cuáles son los principales puntos que preocupan al comercio y qué modificaciones que se sugieren para el que califica como un “megaproyecto”, que implicará el aumento en 3,4 veces del presupuesto actual del organismo con una cantidad 2,4 veces mayor a la de funcionarios actuales.
“No estamos porque no se legisle, porque no se fortalezca el Sernac, estamos por un fortalecimiento justo y equilibrado”, asegura Ortiz.
Según revela una presentación de Sofofa, uno de los puntos que más preocupado tiene al comercio son las nuevas facultades que se le otorgan al servicio. Tal como se presenta el proyecto, el organismo podría mediar, fiscalizar, sancionar, dictar e interpretar normas y ejercer de defensor de los consumidores.
En los primeros dos puntos, Ortiz está de acuerdo con el rol que tiene cumplir el servicio en esos ámbitos. El problema viene cuando el proyecto de ley le entrega al Sernac la facultad de sancionar. “Creemos que la función sancionadora la deben ejercer los Tribunales de Justicia. El Sernac lo que tiene que hacer es fiscalizar, investigar y por así decir armarle la carpeta con información al consumidor para que puedas llegar a los tribunales con todos los elementos para defenderte. Pero que sean ellos los que finalmente resuelvan”, indica.
Sin embargo, las facultades que más preocupan al empresariado serían la posibilidad que tendrá el Sernac de dictar las sanciones y posteriormente ejercer de defensor. “Uno dice bueno entonces pongámonos de acuerdo qué es el Sernac. ¿Es un órgano neutral o es directamente un defensor de los consumidores? Yo no digo que tenga que ser A o B, solo queremos claridad. Si va a actuar en defensa de los consumidores, no hay problema, que tenga las atribuciones para ello. Pero no puede ser juez y parte. Ese es el gran dilema que tiene que resolver”, indica el ejecutivo de Retail Financiero.
Además de exigir claridad, el empresariado sugiere la modificación de la norma que concentra todas las facultades en el Director Nacional del Servicio por una que establesca un órgano colegiado.
Multas
Respecto al enfoque sancionador del proyecto, entre las regulaciones que más preocupan a las empresas está la multa aplicable en acciones colectivas donde se indican sanciones de hasta 1.500 UTM por cada consumidor afectado y que “podrán alcanzar como máximo el 30% de las ventas obtenidas por el infractor durante el período en que la infracción se haya prolongado”, medida que el empresariado califica como “absolutamente excesiva y sin precedentes en la legislación chilena”.
En el documento de la Sofofa además se añade que “es una fuente de presión, pues para muchas empresas una multa calculada de esta forma y con ese límite puede significar su quiebra”. Junto a esto, Sofofa indica además su descontento con el punto del proyecto que permite demandar indemnizaciones por daño moral en acciones colectivas ya que esto constituye un “perjuicio individual y personal que no puede ser ponderado en forma colectiva”, por lo que sugieren mantener la norma actual en esta materia.
Fuente: Pulso
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