Por Rodrigo Lobos P.
Santiago, 31 de julio de 2019.- En Chile está de moda que las multinacionales y grandes empresas extranjeras, contraten en su directorio a representantes del mundo político. Personeros de gobierno, de todos los colores políticos, que saltan del “servicio público” al sector privado, como algo natural. Un ejemplo de ello es el caso del abogado Juan Piña, ex presidente del Consejo de defensa del Estado (CDE). Uno de los abogados encargados de ver la demanda de Bolivia por las aguas del Silala; no dudó en renunciar a su cargo para asumir la defensa de la Sanitaria Essal S.A. Su caso no es el único, ni será el último. Otro conocido por todos, es el presidente del directorio de Aguas Andinas y de Essal S.A, Guillermo Pickering, que tras ser personero de gobierno en variados cargos de responsabilidad política, saltó a la escena privada en el directorio de Mineras, Telefónicas y Sanitarias.
En este contexto es imposible evitar las suspicacias y sospechar, al menos, de la celeridad con que se atacó el problema y la dinámica normal del mundo político, el fuerte lobby y las consecuencias reales a las que se ven expuestas aquellas empresas que actúan fuera del marco de la Ley.
Cómo entender que una empresa que surte el vital elemento, acumule a la fecha, más de 85 procesos sanitarios y multas que superan los $3.500.000 millones de pesos. La respuesta es clara, en Chile la prestación de Servicios Sanitarios, constituye un monopolio natural de 4,6 millones de clientes, lo que asegura un “negocio redondo”, en el que el pago de multas es un detalle para utilidades que superan los $10.857.000 millones para el 2018, según fuentes del Diario Financiero.
En este contexto, los pagos de multas por infracciones graves de Essal, son un “pelo de la cola” para la multinacional. Son ellos los que manipulan e infringen las leyes a su antojo, generando un daño ambiental que no es acorde al rubro que la sostiene. En esa tónica, Essal S.A acumula un gran número de denuncias por faltas graves contra el medio ambiente. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, informará esta semana el fallo por la demanda de la Municipalidad de Puerto Varas, por la contaminación del Lago Llanquihue con aguas servidas. En esta oportunidad se multa a la empresa con $400.000.000 millones, por: “reiteradas descargas de aguas servidas sin tratamiento al Lago Llanquihue”. También se habla de su responsabilidad en la contaminación de la Bahía de Ancud, avalado por un estudio que entregó el diputado (DC) Gabriel Ascencio, en el que se habla de contaminación por presencia de coliformes fecales. 16 mil por cada 100 mililitros de agua, totalmente fuera de norma.
Si nos remontamos al periodo electoral, existen antecedentes que Aguas Andinas hicieron aportes directos a las campañas políticas de Frei (privatizó el agua, en ese marco surge Essal) y de Piñera, que en su primer gobierno vende la participación de CORFO (35,5%) en las sanitarias, quedando con un 5% de las acciones. Lo que en la práctica la deja fuera de las decisiones importantes.
Por qué el caso Essal y la crisis sanitaria de Osorno han despertado tanto revuelo? Porque el presidente Piñera debe esperar un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para decidir el futuro de Essal? No bastaba con el informe elaborado el año pasado que dejaba en evidencia el largo prontuario de la Sanitaria y el pago de cuantiosas multas. En dicho informe, se calificó a la planta de Osorno, como una instalación de “riesgo alto”: equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza, falta de mantenimiento, falta de control sobre los operarios, lechos de aguas sucias y omisión de información. Al parecer lo complejo es tomar medidas en contra del grupo AGBAR (Aguas Barcelona) que controla el 42% del mercado del agua en Chile. Refiriéndose a la planta de tratamiento de Caipulli (que abastece al 60% de Osorno), el informe señala: “La planta presenta una brecha importante respecto de las prácticas y estándares acordes con la tecnología disponible; y del control operacional necesario para asegurar su adecuado desarrollo.” Resulta inexplicable que tales deficiencias, no hicieran saltar las alarmas. En palabras de Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, “cuando se habla de sanciones graves por el descalabro de Osorno, lo que corresponde hacer, es caducar la concesión a la empresa Essal.”
¿Por qué el Superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, señala entonces ante el Congreso que aplicar la caducidad no es algo simple y que “debe existir una serie de incumplimientos para que se termine por caducar la concesión”. ¿Acaso no hay antecedentes suficientes? ¿Cuántos procesos sanitarios y crisis de este tipo deben suceder para reaccionar? Pero el personero de gobierno, va más allá y postula que “nadie garantiza el buen funcionamiento de la concesión en caso de sacar a Essal de la ecuación”. Acaso desconoce la ley o solapadamente defiende otros intereses?
Lo propio hace Jessica López, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, al señalar “el problema de Osorno, no debe generar decisiones precipitadas, como cambios regulatorios o sanciones que no estén contempladas en la ley”.
Lo alarmante aquí, es el total desapego a la norma por parte de la sanitaria Essal y la inexistente supervisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).
Como entender que se hayan vertido 1.100 litros de combustible y que éste escurriera directo a las piscinas de filtrado? De acuerdo a la emergencia descrita a la PDI por el operario que provocó el derrame de petróleo, se desprende que no se han cumplido los protocolos mínimos de seguridad y mucho menos se han inspeccionado las instalaciones de Essal. Aquí falló gravemente la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) encargada de la supervisión de las concesiones, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), que específica claramente la metodología de almacenaje y uso del petróleo y sus derivados: “Toda instalación debe ser diseñada, operada e inspeccionada para evitar riesgos de contaminación. Toda precaución para evitar eventuales fallos en la cadena operacional. Así cómo los estanques de combustible, deben contar con un sistema de conducción de derrames.”
¿Cuál será el futuro de la Sanitaria Essal S.A? Todo Chile espera una resolución concreta y severa, que establezca claramente a las empresas que decidan participar del mercado Chileno las reglas a seguir. El presidente Piñera cuenta con el piso político para caducar la concesión. El mensaje debe ser claro y firme, Chile no aceptará prácticas tercermundistas que contravengan gravemente la normativa vigente y que pongan en riesgo a comunidades enteras. La ley está para ser cumplida y Chile no debe aceptar multinacionales que vean en el pago de multas, una salida a sus prácticas ilegales, sea Essal o la empresa que desee participar en nuestro mercado.
