Durante varias semanas los integrantes de la Comisión de Economía han analizado las diversas aristas del proyecto que modifica la ley de los derechos del consumidor, fortaleciendo el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Existe coincidencia respecto de la necesidad gestionar un cambio, pero la pregunta es cómo.
Con ese fin, los legisladores han invitado a diversos actores, entre ellos, a dos académicos de distintas escuelas, quienes expresaron su parecer de la propuesta en segundo trámite en la última sesión. Se trató del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Miguel Valdivia, y el director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Aguëro.
Cabe consignar que durante agosto se desarrollarán las rondas de audiencias, mientras que en septiembre se procederá a votar al interior de la citada instancia parlamentaria, la idea de legislar. Tras ello, será el turno de la Sala de hacer lo propio.
El presidente de la Comisión, el senador Eugenio Tuma valoró las exposiciones, explicando que “ambos respaldaron el proyecto desde el punto de vista constitucional, indicando que acá no estamos frente a un Leviatán, un órgano con normas excesivas que perjudicarán la actividad económica”.
“Queremos escuchar a más académicos, sobre todo a quienes creen que esta iniciativa puede ser perjudicial. Nuestra intención es general una ley que no se preste para abusos que perjudiquen tanto a los consumidores como a las empresas. No queremos contar con una institucionalidad que exagere de su capacidad fiscalizadora”, aclaró.
Para el profesor Valdivia, el actual Sernac “es una institución pálida”. El académico aseguró que está de acuerdo con el proyecto considerando que “este organismo cuenta con mucho menor poder que sus antecesores como fueron la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) o la Subsecretaría de Abastecimientos y Precios (SAP)”.
“Hoy el Sernac solo recopila y entrega información. Tiene teóricamente facultades para velar por el cumplimiento de la ley de derechos del consumidor pero no puede en concreto vigilar los mercados que son cubiertos por este servicio”, relató el jurista valorando que “el proyecto busque ponerlo en línea con superintendencias, es decir, agencias reguladoras típicas de los sectores de la economía”.
Uno de los aspectos destacados por el académico fue la posibilidad que el Sernac cuente con atribuciones sancionatorias. “Al darle esta chance, se puede requerir información y efectuar inspecciones en terreno, acciones que son valoradas por la ciudadanía”, graficó.
A juicio del profesor Agüero, la norma ha experimentado mejoras importantes en el primer trámite legislativo. “Se ha perfeccionado las garantías hacia las personas investigadas, se regula el procedimiento de mediación colectiva que se realiza hoy informalmente. Además se mejorarán las remuneraciones de los funcionarios”, detalló expresando su interés de que los senadores profundicen algunos cambios.
A su juicio también es destacable el hecho que la norma impulse el resguardo de un control judicial que vele por los derechos tanto de los consumidores como de los comerciantes. “Ahora habrán sanciones e infracciones más claras”.
De acuerdo a las investigaciones que ha realizado el organismo que dirige, el jurista la nueva potestad normativa sería relevante. “Acá se establece que este servicio puede dictar normas de carácter general y éstas a su vez podrían influir en los comerciantes a través de una suerte de reglamento. Uno debiera esperar que hubiera una deliberación pública respecto a cómo se establecen las normas, por ejemplo que los servicios implicados fueran consultados o que la ciudadanía participara. El proyecto dice que habrá esa chance, pero pienso que debería hacerse en mayor medida”, confesó.
Fuente: Senado
