Por Hernán Calderón Presidente de Conadecus
En materia de televisión digital aún estamos a tiempo de frenar la entrega de derechos valorados en miles de millones de dólares a pocas empresas con poco o nada a cambio para la ciudadanía.
La sala del Senado se encuentra próxima a debatir el proyecto sobre Televisión Digital en un contexto en el cual el gobierno y sus parlamentarios están presionando para acelerar un trámite que probablemente constituya la última oportunidad para regular la actividad capital para la construcción de ciudadanía e identidad cultural, así como para la delimitación de las libertades de expresión e información.
Pero no nos engañemos. Es cierto que el texto legal lleva largo tiempo en el Congreso y que su tramitación ha dado origen a uno de los mayores despliegues de presión empres
arial y política del que hayamos sido testigos, pero dicha situación no es excusa para hacer pasar bajo el manto de la premura los vacíos que la norma aún mantiene sobre los temas de fondo tras el negocio de la televisión.
Como organización, hemos dicho de forma explícita que la televisión pública debe ser por definición gratuita, sin importar la plataforma tecnológica por la cual sea recibida por la población. Del mismo modo, hemos advertido de los riesgos que importa el asignar de manera discrecional y arbitraria un bien público escaso (el espectro) a cuatro grandes corporaciones privadas nacionales y extranjeras, mediante permisos que, por su duración y por los derechos preferentes de renovación que se les asigna, son en realidad perpetuos.
Más aún, como consumidores y usuarios consideramos altamente regresivo que el texto propuesto por el gobierno no imponga criterios de calidad y universalidad en la emisión de señales, ni que tampoco diga nada respecto a obligaciones económicas derivadas del regalo que por ley pretenden legitimar para empresas que adquirieron señales otorgadas en un principio a las universidades y al Estado.
Durante el debate legislativo nos llamó la atención la falta de sensibilidad de los legisladores frente a materias a nuestros ojos tan relevantes para la población en su conjunto. Llegamos a pensar que el concepto de bien público que nos anima estaba alejado del que manejan los legisladores en general. Sin embargo, en el marco del debate sobre la ley de Pesca descubrimos que materias como la asignación gratuita y perpetua de un bien público sí eran consideradas por muchos senadores y diputados como lo que son: un error histórico, económico y moral de proporciones.
Por lo mismo, hoy nos preguntamos si los senadores y diputados -principalmente de oposición-, que con encendidos discursos se rebelaron contra la asignación de las licencias renovables de pesca por 20 años para siete familias, tendrán la misma disposición para negarse a la asignación de espectro gratis, a cuatro empresas, por 20 años con renovación preferente. Los abogados suelen decir que frente a igual razón opera igual disposición.
Aún estamos a tiempo de frenar la entrega de derechos valorados en miles de millones de dólares a pocas empresas con poco o nada a cambio para la ciudadanía. Sin importar cuán apresurados estén algunos, la televisión debe ser abierta, gratuita, de calidad y con cobertura universal. Los discursos que se dan para las cámaras deben ser iguales cuando se regula a los dueños de éstas.
