Tras la negativa por parte de la Universidad Andrés Bello (UNAB) de ejercer el derecho a retracto del contrato suscrito por el estudiante, Camilo Gallardo, el senador Eugenio Tuma, junto al presidente de Conadecus, Hernán Calderón, demandaron a la casa de estudios por cláusulas abusivas en sus contratos que vulneran el derecho de los alumnos inscritos y piden indemnización para la familia afectada.
Al respecto, el senador Tuma, manifestó que “queda claro que esta universidad tiene como fin el negocio educacional y persigue sus fines de lucro violando los más básicos derechos de los consumidores”.
El legislador aseguró que la universidad contempla una cláusula abusiva que impide que los alumnos ejerzan el derecho a retractarse de los contratos firmados y no efectuarán sus estudios en esa casa de estudios, derecho consagrado en la Ley del Consumidor.
“La UNAB actúa de mala fe porque sabe que al momento de suscribir el contrato el plazo para que ejercer el derecho de retracto está vencido por lo cual no podrán solicitar la devolución de la matrícula, aún más la universidad pretenderá cobrar todo el arancel por un servicio que nunca el alumno utilizará”, denunció el senador PPD de La Araucanía.
La demanda
En la demanda interpuesta por la abogada experta en derechos del consumidor, María Jimena Orrego, se denuncia a la universidad por infracciones a la Ley Nº 19.496, sobre los derechos de los consumidores y se solicita al tribunal declarar la nulidad de cláusula del contrato de adhesión que vulnera el derecho retracto contemplado en la legislación.
“El derecho del consumidor es un derecho irrenunciable y todos los proveedores deben respetarlo. Por lo tanto a nuestro juicio resulta evidente que las cláusula del contrato de prestación de servicios educacionales de la UNAB es abusiva y nula, por lo que esperamos que esto sea ratificado por el tribunal”, declaró el legislador.
Al respecto, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, manifestó que “es de suma importancia apoyar este tipo de demandas cuando se están cometiendo abusos y atropellos en contra de los estudiantes por parte de diferentes casas de estudio”.
Calderón agregó que “la Universidad Andrés Bello debe indemnizar y reparar por el daño causado al estudiante, ya que este puede ser un precedente importante para muchos más jóvenes que se han visto atropellados en sus derechos como consumidores”.
