A fin de 2013, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), órgano regulador de las telecomunicaciones chilenas, llamó a concurso público para licitar tres concesiones en la banda de 700 MHz, destinadas a proveer servicios de telefonía móvil de cuarta generación (4G).
Sin embargo, diversas voces advirtieron que ese concurso estaba mal encaminado, porque se estaba efectuando de manera apresurada y con exigencias que sólo podían cumplir los tres operadores dominantes (Entel PCS, Claro y Movistar), lo que significaba consolidar su posición y mantener cerradas las puertas del mercado.
Por ejemplo, Eduardo Bitrán, ex director del Magister en Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez y actual Ministro Vicepresidente de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), afirmó en noviembre de 2013, que exigir inversiones en zonas rurales a los licitantes, limitaba la participación a las empresas grandes, y que una licitación apresurada les entregaría “el filete” del espectro radioeléctrico.
De igual forma, Andrés Gómez-Lobo, experto en libre competencia y asesor entonces de la candidata presidencial Michelle Bachelet, sostuvo en la misma época que en vez de licitar la banda de 700 MHz, habría sido preferible hacer una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), de modo de dar garantías a los operadores entrantes, ya que existía “…un alto riesgo de dejar la estructura de mercado con tres grandes empresas. Esto puede ser óptimo, pero uno quisiera que esa decisión sea a través de una competencia de mercado y no de una decisión de adelantar la licitación de un segmento del espectro que es muy valioso…”
Esas opiniones fueron acertadas, lamentablemente, y a comienzos de 2014 solo los tres operadores dominantes se postularon al concurso de 700 MHz y cada uno se adjudicó un segmento de la banda —Andrés Gómez-Lobo fue nombrado Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en marzo de 2014, y cambió su postura, convirtiéndose en defensor del concurso—.
La ausencia de otros proponentes obedeció a que las bases del concurso habían impuesto una serie de exigencias que resultaban imposibles de cumplir para un operador que no fuese dominante, como la cobertura obligatoria en 1.200 localidades rurales, la atención gratuita de 500 escuelas rurales y el transporte de datos para terceros entre las capitales regionales y Santiago.
La cobertura obligada de zonas rurales pareciera ser un objetivo loable, pero en la práctica no lo es, ya que el mecanismo que aconsejan las mejores prácticas internacionales para dotar de servicios a aquellas zonas que el mercado no puede atender por si mismo —que en Chile está dispuesto por ley— es otorgar subsidios directos del Estado, procurando además no distorsionar el sistema de precios. Tal es, precisamente, el objeto del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), que está a cargo de Subtel.
Asimismo, las bases del concurso público de 700 MHz no consideraron el límite de 60 MHz de tenencia de espectro que dispuso la Corte Suprema en 2009, que había sido impulsado por la propia Subtel para facilitar el ingreso de nuevos operadores cuando licitó la banda AWS (2.100 MHz). Tampoco intentó Subtel pedir una ampliación de ese límite por medio del TDLC, que es el cause institucional para modificarlo.
En síntesis, Subtel realizó el concurso público de 700 MHz de manera apresurada y equivocada, ya que en lugar de aumentar la competencia, favoreció el acaparamiento de espectro por parte de los operadores dominantes, y estableció condiciones inviables para otros interesados, entre otros errores. Por lo anterior, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una demanda ante el TDLC en marzo de 2014, en contra de los tres operadores dominantes, por acaparar espectro y estorbar así la libre competencia.
Paralelamente, y aprovechando el mecanismo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, el operador Telestar presentó un recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para oponerse al otorgamiento de las concesiones de 700 MHz a los tres operadores dominantes —Conadecus también había intentado este camino, pero desistió para concentrarse en el juicio iniciado ante el TDLC—.
En todo caso, ambas acciones han retrasado la adjudicación de la banda de 700 MHz en Chile, lo que ha desatado una fuerte campaña comunicacional por parte de los operadores dominantes, para hacer ver a la opinión pública que Conadecus y Telestar están obstaculizando el desarrollo de la telefonía móvil, afectando la calidad de servicio —con el riesgo incluso de provocar un colapso en las redes—, dificultando el cierre de la brecha digital y perjudicando a los consumidores chilenos.
Sin embargo, esos recursos judiciales no son la causa de la calidad decreciente que muestra hoy la telefonía móvil en Chile, porque de no haber sido presentados, igualmente las redes de 700 MHz habrían estado operativas —con suerte— recién a fines de 2016, ya que el tiempo de despliegue es largo y la tecnología aún no está madura.
Más aún, la capacidad de tráfico de las actuales redes de telefonía móvil se puede aumentar perfectamente bien en el corto plazo —incluso con mayor eficiencia— mediante otras acciones, como por ejemplo el uso intensivo de la banda de 2.600 MHz —que ya está en manos de los tres operadores dominantes y que todavía tiene poco uso—; la celebración de contratos de “roaming” recíprocos para acceder a la banda de 2.100 MHz —adjudicada a VTR y a Nextel y que también tiene poco uso—; el aprovechamiento de la tecnología Wi-Fi, que operadores de otros países están empleando con éxito para descongestionar sus redes; o bien la instalación de pequeñas estaciones base en el interior de edificios, centros comerciales y oficinas, que es una mejor forma de lograr cobertura “indoor”.
Los recursos judiciales de Conadecus y Telestar tampoco son la causa de la brecha digital que todavía hay en Chile, ni de la falta de servicio en aquellas localidades y escuelas rurales que deberían ser atendidas por los operadores dominantes, como consecuencia obligada de la licitación de la banda de 700 MHz, toda vez que —como señalamos más arriba— el mecanismo que dispone la ley para ese efecto es el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones.
Más aún, el actual Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, ha señalado recientemente que la banda de 700 MHz no es determinante para el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, lo que viene a que confirmar que los operadores dominantes no la requieren hoy, y que sólo los mueve el afán de acaparar espectro.
Recientemente, en todo caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la oposición de Telestar al otorgamiento de las concesiones de 700 MHz a los operadores dominantes, por considerar que el mecanismo de las oposiciones sólo sirve para abordar problemas técnicos y no de libre competencia.
No obstante, la Corte señaló que los problemas de libre competencia que puedan afectar a la adjudicación de la banda de 700 MHz —incluyendo el eventual incumplimiento del límite de 60 MHz que dispuso la Corte Suprema— están siendo abordados por el TDLC, que es la instancia adecuada, en virtud de la demanda de Conadecus en contra de los operadores dominantes.
La demanda de Conadecus ante el TDLC sigue su curso, y lo que está en juego es clave: aumentar la libre competencia y mejorar las licitaciones del espectro, dos aspectos que hacen mucha falta en la telefonía móvil de Chile, porque este mercado —como cualquier usuario puede apreciar— perdió la competitividad de antaño y hoy se caracteriza por tener precios altos y servicios de calidad insuficiente.
En consecuencia, impedir el acaparamiento de espectro y reformular la licitación de la banda de 700 MHz no tendrá efectos adversos para el país, sino que todo lo contrario.
Fuente: Telesemana
