La crisis de la isapre Masvida responde a una cuestión que afecta a todo el holding. La Superintendencia de Salud se ha limitado a aclarar que su rol fiscalizador pesa sobre la aseguradora y que cualquier desbalance de sus números en algunas de sus empresas relacionadas, como la reciente coyuntura que afecta a Clínica Las Lilas –uno de sus principales activos–, no forma parte de su perímetro de acción.
¿Cuánto debe? ¿A quién? ¿Con qué espaldas? Son aspectos que para el regulador resultan irrelevantes en lo que respecta al grupo Masvida, pues mientras la isapre siga manteniendo indicadores dentro de lo exigido, no puede hacer mucho más. Esto, pese a que el gerente general de Las Lilas, Eduardo Serradilla, se dirigió a Sebastián Pavlovic, titular de la Superintendencia, para informarle a mediados de enero del millonario ajuste patrimonial negativo de la clínica.
El ente regulador conocía la desprolijidad financiera de la isapre, así como del conglomerado en su conjunto. En febrero le había instruido a Ernst & Young una auditoría de sus cuentas por cobrar y por pagar, todas deudas y acreencias que contaban con muy poco respaldo. Pasó el tiempo y, en paralelo, accedió a devoluciones de garantías que le permitirían a la isapre pagar de a poco a sus acreedores, entre ellos, varias empresas relacionadas, sin afectar su liquidez. Ya en agosto pidió una Plan de Normalización Financiera, el cual no fue cumplido por Masvida –y que consistía, entre otros aspectos, en el ingreso de un socio estratégico en el holding–, y hace un par de días exigió un Plan de Ajuste y Contingencia (PAC), cuestión que para la propia entidad regulada está lejos de ser una intervención, según comunicó en su web.
Es en este contexto que ya surgen voces en contra de una superintendencia que, amparadas en el anonimato, la califican como negligente ante lo que ocurre en Masvida. En la esfera pública, la cosa tampoco es distinta.
El viernes pasado, Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, dijo a La Segunda que el regulador debió haber actuado antes. “La situación de la isapre, y los especialistas en economía de salud lo han dicho, se ha ido deteriorando. Si él hubiese tomado antes la medida que tomó (Plan de Ajuste y Contingencia), tal vez se habría podido negociar mejor”, apuntó.
Luego, Alfredo Schönherr, presidente de la Asocación de Clínicas, expresó en La Tercera lo siguiente: “Creemos que aquí ha habido un descuido de la autoridad. Desde marzo del año pasado, como Clínicas de Chile, le hemos advertido en reiteradas ocasiones a la Superintendencia de Salud nuestras inquietudes sobre la suficiencia de las garantías legales del sistema de isapres, y luego sobre demoras en los pagos, anticipando lo que pensábamos era un eventual deterioro financiero. La respuesta siempre fue la misma: que se cumplía con los requisitos legales, desestimando nuestras preocupaciones, las que hoy se demuestra que eran fundadas”.
La superintendencia al banquillo
Al principio fueron solo $3 mil millones en garantías los que la superintendencia le permitió liberar a Masvida para ir pagándoles a sus acreedores. Esto fue el 13 de enero de 2016.
Al 28 de septiembre la cifra ya sumaba $37.773.044.060, y eso que ya había corrido mucha agua bajo el puente, pues en el transcurso la institución fiscalizadora tomó nota de primera fuente de la compleja situación de la isapre, monitoreando que sus balances eran desprolijos con respecto a la documentación de sus cobros y deudas. Como sea, en enero de este año, volvió a liberarle otros $20 mil millones, totalizando facilidades de este tipo que bordean los $60 mil millones.
Son 310 mil los beneficiarios de Masvida, según lo reportado a noviembre a la superintendencia. ¿Qué hacer con ellos en caso de quiebra?, es una interrogante incómoda para el regulador y para todo el sistema asegurador de la salud, razón que explica las facilidades que le ha dado, con tal de que la firma salga a flote.
En este escenario de ayudas, sin embargo, afloraron elementos que, por un lado, eran reveladores para la autoridad respecto de la salud financiera de la isapre y otros efectos indeseados, evidenciándose al tiempo que la isapre tenía santos en la corte. El ex jefe de fiscalización de la autoridad es sobrino del ex gerente de finanzas de la isapre y ejecutivo clave del holding Masvida.
Vamos por partes.
Las revelaciones de Ernst & Young
En agosto del año pasado, la Superintendencia de Salud le puso fin al traspaso de dineros por parte de la isapre a sus relacionados. Esto fue porque llegó a la convicción de que, a junio de 2016, la isapre había traspasado más de $90 mil millones. Y para ello un informe de la auditoria Ernst & Young (E&Y) fue clave, aunque era de febrero de ese año.
Dicho trabajo fue por instrucción de la propia superintendencia y en particular sobre las cuentas por cobrar y transacciones con relacionados.
Ahí la auditora informó que, para el caso de los saldos por préstamos otorgados, no existían contratos o documentos afines (pagarés) en los que pudieran observarse las condiciones de las deudas, su monto, moneda, tasas de interés, cuotas, garantías, fechas de pago, entre varias otras formalidades.
Ernst & Young consultó a empresas relacionadas y dio cuenta de que no existían garantías otorgadas sobre los préstamos, prepagos y otras cuentas por cobrar de la isapre.
Había deudas por parte de Empresas Masvida –el holding– por UF60 mil, que equivalían al 5% de sus cuentas por cobrar, y los préstamos a MV Financial fueron pactados bajo la modalidad de una cuota, en la cual en forma mensual se reajustaban por los intereses devengados, los que se acumulaban al valor del capital. Ahí E&Y evidenció que no existían abonos parciales de los préstamos ni tampoco cancelaciones de cuotas de interés.
En lo medular, la isapre le respondió a la entidad fiscalizadora que, en su mayoría, estas cuentas por cobrar respondían a préstamos a su red de clínicas, con tal de apoyar sus flujos de cajas.
Con todo ello, la superintendencia concluyó que “la isapre ha traspado una importante cantidad de fondos a sus empresas relacionadas, incluso en un monto mayor a su patrimonio, careciendo de contratos, pagarés, garantías, formalidades mínimas como montos, tasas de interés, fechas de pago, etc., destinando dichos fondos a cubrir necesidades de flujos de caja de las respectivas sociedades, afectando la isapre su propia situación de liquidez y tener que pedir préstamos de corto plazo para financiarse”.
Sin embargo, una manera de mantener su liquidez en los rangos exigidos por norma era a través de las ya mencionadas devoluciones de garantía, todas aprobadas por el jefe de fiscalización de la superintendencia y sobrino del entonces gerente de finanzas de Masvida.
Tío y sobrino
Marcelo Ricci Bäuerle, ex jefe de fiscalización de la Superintendencia de Salud, nunca transparentó su parentesco con José Bäuerle Madariaga, ex gerente de finanzas de la isapre y, a su vez, gerente general de MV Financial Service Group, otra de las filiales del holding.
El viernes 7 de octubre de 2016, Ricci Bäuerle presentaba su renuncia al cargo. Pero, un día antes, Isapre Masvida informaba a la superintendencia, a través de un hecho relevante, la desvinculación de Bäuerle Madariaga.
No era un alcance de nombres. Este último es tío materno de quien por casi un año lideró el departamento encargado justamente de fiscalizar a la industria, vínculo que al interior de la superintendencia nadie sabía, pese a que lideró labores que tuvieron directa injerencia en la aprobación de cinco devoluciones de garantía por parte de la entidad reguladora a la isapre, que sumaron casi 38 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2016.
La situación derivó en un sumario administrativo. El mismo día que Masvida informó de la desvinculación de Bäuerle Madariaga, El Mostrador había publicado un reportaje que lo mencionaba brevemente. La historia se centraba en una querella presentada por el holding contra del ex gerente general de Clínica Las Lilas, Víctor Estrada, acusándolo de defraudar a la compañía junto a otros ejecutivos de su confianza, a través de tres sociedades de papel. Todas, domiciliadas en Málaga 115, oficina 505.
La nota detallaba que, un piso más abajo, la oficina 410, aparece registrada en el Diario Oficial como el domicilio de José Adolfo Bäuerle Madariaga en calidad de representante de Asesorías e Inversiones del Pacífico SPA, a través de la cual constituyó junto a Estrada la sociedad por acciones OBE Webcast Network SPA en mayo de 2005.
En la misma oficina, la 410, Víctor Estrada y su esposa constituyeron en noviembre de 2006, una sociedad llamada Rebisa Asesores Limitada.
La información no pasó inadvertida en la superintendencia, donde diversos funcionarios empezaron a atar cabos y nombres. Al día siguiente, el sobrino del alto ejecutivo presentaba su renuncia, alegando problemas personales porque su familia vivía en Temuco y quería ser trasladado. No mencionó el parentesco y el gordo conflicto de interés que lo implicaba.
Su traslado fue aprobado y Ricci Bäuerle asumió como analista del Departamento de Regiones, pasando de un cargo a contrata, con una remuneración bruta de $7.599.421, a un puesto de planta con sueldo de $3.566.919.
Pavlovic y el sumario
Según explica el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, “luego de presentar su renuncia, en algún momento se empieza a plantear que existía esta vinculación, que era desconocida para todo el equipo directivo y de fiscalización. Se envían antecedentes a fiscalía interna y obviamente que, recibida la denuncia, correspondía iniciar un sumario administrativo para determinar la efectividad de este parentesco y, a partir de eso, la infracción al deber de abstención y al deber de declarar este conflicto, cuestión que él reconoce en el sumario”.
El referido sumario ya está terminado, con informe del fiscal, a la espera de la resolución definitiva. En este se formulan cargos contra el ex jefe de Fiscalización por no haber declarado la existencia de este conflicto de interés ni haberse inhabilitado, que es la obligación legal que establece el estatuto administrativo cuando un funcionario se encuentra en una situación como la descrita.
“Pero al menos, de lo que concluye el sumario, en ningún momento nadie plantea que haya tenido una actitud condescendiente con la isapre ni mucho menos. De hecho, él fue uno de los que recomendó la iniciativa de cortar los flujos a entidades relacionadas alrededor de agosto del año pasado. Nadie ha planteado que este conflicto de interés se haya materializado o haya redundado en un trato preferencial, preferente o que haya inhibido las funciones de la superintendencia hacia la Isapre Masvida, sino fundamentalmente el incumplimiento formal de una obligación legal que, sin perjuicio de eso, obviamente que corresponde investigarla y sancionarla si corresponde”, aclara Pavlovic.
Ricci Bäuerle es un funcionario de carrera con 13 años en la entidad fiscalizadora. Antes de trasladarse a Santiago fue agente regional en Arica e Iquique. Por su cargo como jefe del departamento de Fiscalización, tuvo acceso y tomó decisiones en aspectos claves para la aseguradora privada de salud. Es así que, en el ejercicio de sus funciones, dio el visto bueno a la devolución de garantías de Masvida por $37.773.044.060 entre el 13 de enero y el 28 de septiembre de 2016.
El administrador público era parte del equipo que revisaba estas peticiones de devolución de garantías, junto a la intendenta de Fondos y el equipo directivo donde está Pavlovic.
El sumario en su contra, que fue llevado adelante por el abogado Osvaldo Varas, ya está terminado, a la espera de la resolución definitiva que aplica sanciones y que debe ser dictada por el superintendente.
“Tenemos que evaluar qué pasa con su destinación en Temuco, pero es algo que haremos una vez que este proceso de sumario este completamente terminado”, señala Pavlovic.
Fuente: ElMostrador
