La iniciativa, aprobada mayoritariamente en la Cámara Baja, separa las tareas regulatorias del desarrollo de la Industria, de las labores de supervisión y sanción a las empresas, en dos instituciones.
La actual Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se quedaría a cargo de la supervisión y sanción, mientras que la fiscalización de mercado pasaría a manos de esta nueva Superintendencia, que pretende modernizar la institucionalidad sectorial para cautelar – de forma proactiva – los derechos de los consumidores, en un mercado con 35 millones de relaciones comerciales entre telefonía, internet y televisión, señala la iniciativa.Posterior a la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, el subsecretario del ramo, Jorge Atton, señaló que el amplio apoyo del proyecto “demuestra que existe voluntad política transversal para mejorar la fiscalización del mercado de telecomunicaciones y cautelar de forma más eficiente los derechos de los consumidores, en un marco de transparencia, plena competencia y certeza jurídica”.
En este momento, el proyecto se encuentra en La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, presidida por el senador Francisco Chahuán (RN). La instancia busca analizar las viabilidades de la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo, con carácter de urgencia.
En la sesión del pasado lunes, los legisladores recibieron invitados del sector, entre ellos el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), Hernán Calderón, quien enfatizó que en el actual estado del proyecto, no representa beneficio para los consumidores. remitiendo a las falencias que presenta en cuanto a independencia política. Para el gremio, es necesaria una institución de carácter colegiado.
Esta es una Superintendencia que tiene un modelo, que principalmente, está destinada a tener una interlocución y una relación con la industria, pero no tiene mecanismos de protección del consumidor. Los consumidores hemos propuesto, a través de un organismo colegiado que sea la Superintendencia, pero además que en su interior tenga también un comité de conducta de la industria, para que el consumidor tenga la protección adecuada.
En lo técnico, el proyecto ya aprobado por la Cámara Baja, pasa por una revisión más detenida y pausada en la Comisión del Senado, cuyas posibilidades de cambio son realizar indicaciones para que entre nuevamente en revisión.
Respecto de sus alcances, un aspecto sería la facultad de aumentar el monto actual de las multas a las empresas por incumplimiento normativo, pero a la vez, las categorizar conforme al tamaño de los concesionarios, para recoger las diferencias entre un canal o radio nacional, de otra emisora comunitaria o local.
En el escenario local internacional, sólo Antigua y Barbuda, Cuba y Bárbados no cuentan con una Superintendencia de telecomunicaciones, de ahí se explica la urgencia interpuesta desde la Administración Central para aprobar la creación del ente fiscalizador.
