La defensa de los consumidores por estas decisiones, por la falta de voluntad de incorporar las infracciones a la libre competencia en la Ley del Consumidor, los acuerdos con La Polar y el johnsonazo, ha entrado en crisis. Defendernos de los abusos será más difícil.
Tal y como era de esperarse, nuevamente los empresarios ganaron, al aceptar esta falsa mesa técnica formada por el Ministerio de Economía, el Sernac y la Asociación de Centros Comerciales, entre otros. El cobro en estacionamientos, con un tiempo de gratuidad de los primeros 29 minutos, son insuficientes para realizar cualquier compra y/o utilizar servicios. A esta mesa técnica, como ha sido lo habitual en el Ministerio de Economía, no fueron invitados a integrarla ninguna organización ciudadana o de consumidores.
La verdad es que los empresarios, personajes insaciables en la búsqueda de utilidades y lucro, impusieron su interés a un gobierno que a través del Sernac, con el apoyo del ministro de Economía, puso el tema en discusión, y fue incapaz de mantener su interpretación de la ley de construcción y la ordenanza general de construcción en detrimento de los consumidores; esto ha significado que quien se declaró el defensor de los consumidores como lo hizo el ministro Pablo Longueira, al final nos pasó gato por liebre.
La presión impropia establecida por los empresarios y centros comerciales ha deslegitimado al Sernac, el cual había tenido un comportamiento ejemplar y un apoyo gubernamental absoluto a sus acciones en contra de los abusos. Hay una ciudadanía que mostraba una creciente simpatía y credibilidad por el Sernac y principalmente en la persona de su director, pero al parecer se acabó el veranito y ha surgido el verdadero ADN que tanto temíamos del gobierno.
Este acuerdo significa un verdadero impuesto al consumo cuando se compren bienes, cuando los padres lleven a sus hijos al cine o juegos, a la salud cuando se requiera ir al centro medico, o los alimentos cuando concurran al supermercado entre otros servicios que entregan los centros comerciales. A muchos de estos no es posible concurrir en locomoción colectiva como se sugiere, porque no existe o no es posible trasladar grandes volúmenes. Esto significará a los centros comerciales obtener del gobierno un privilegio que debe ser evitado, ya que ello resulta, desde todo punto de vista, injusto.
La ley de construcción y su ordenanza, si bien no dice que no se pueda cobrar, tampoco dice que se pueda, ya que es un instrumento técnico. Los estacionamientos son una cuota exigible para que puedan funcionar por el impacto vial, peatonal y ruidos entre otros que provocan y son parte del servicio que deben entregar. El costo está incorporado en el canon de los arriendos de los locatarios, quienes se los traspasan a los consumidores en la venta de sus productos o servicios.
La defensa de los consumidores por estas decisiones, por la falta de voluntad de incorporar las infracciones a la libre competencia en la Ley del Consumidor, los acuerdos con La Polar y el johnsonazo, ha entrado en crisis. Defendernos de los abusos será más difícil. Esta decisión ha marcado un punto de inflexión, en que han quedado al desnudo los vacíos en la legislación de protección al consumidor, en que los empresarios son considerados de primera categoría y los consumidores de segunda categoría, por esto el único instrumento que nos queda al igual que los estudiantes, es la presión social y las movilizaciones para producir los cambios necesarios y urgentes.
