En el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) podría terminar la pelea entre la banca privada y BancoEstado por los costos de las transferencias electrónicas. Mientras la entidad estatal cobra menos a los bancos grandes, aplica mayores tarifas a las entidades de menor tamaño.
Según ejecutivos del sector, los bancos más chicos están pagando hoy 10 veces más por enviar una transferencia a BancoEstado, mientras que los medianos, siete veces más, y los grandes, más de tres. Esta situación es considerada por actores de la industria como perjudicial, pues los dejaría en una situación de desventaja para competir.
Por cada transferencia, el banco que envía le paga al que recibe una tarifa que hasta comienzos de este año fluctuaba entre $ 260 y $ 789. Tras varias negociaciones, hoy este precio es de $ 70, pero sólo entre las entidades de capitales privados, ya que BancoEstado no quiso sumarse a esta negociación, manteniendo la estructura de cobros antigua, que diferencia por tamaño de los bancos y cobra un menor valor a los más grandes, debido a su alto volumen de transacciones.
Y aunque la firma estatal estaría analizando extraoficialmente el tema, conocedores de las tratativas aseguran que la postura de la entidad aún dista de la propuesta de los bancos privados, que apunta a que la tarifa considere sólo el costo marginal de una empresa eficiente de recepcionar un traspaso.
Según datos de la Superintendencia de Bancos (SBIF), a septiembre, 7,4 millones de clientes (personas y empresas) realizaron operaciones online en su banco. En total, realizaron 36 millones de transferencias bancarias, de las cuales 68% fueron entre cuentas. La cifra es un 12% mayor que a igual mes de 2015.
Los datos de la SBIF también muestran que el 40% de los traspasos de fondos se realizan entre diferentes bancos, mientras que el 28%, dentro de la misma entidad. Por ello, el precio asociado a este servicio es relevante.
El consenso de los privados
Pese a que a finales de la década de los 90 la alternativa de realizar transferencias de fondos se veía lejana, los bancos locales ya buscaban la forma de hacer operativo el pago de planillas de sueldos.
Para ello era necesario contar con instrumentos y procesos, y tener sistemas interbancarios que garantizaran la circulación del dinero desde la cuenta del empleador a las de sus empleados. Así, en 1996 se creó el Centro de Compensación Automatizado (CCA), que estableció un esquema de compensación de pagos, lo que permitió ampliar los negocios del sector y sentar la base para el desarrollo de medios de pago electrónicos.
En un comienzo se determinó que la tarifa interbancaria que garantizaba la capacidad “de escuchar” del banco contraparte -recibir la transferencia que le enviaba otro banco- tendría un precio que si bien se fijó bilateralmente, diferenció a los bancos por su tamaño, beneficiando con una menor tarifa a los más grandes, producto del volumen de sus transacciones.
Así, los más grandes debían pagar en torno a 0,01 UF por cada transferencia enviada; los medianos, 0,02 UF, y los pequeños, 0,03 UF. A la UF de hoy, el costo de realizar un traspaso de fondos sería de $ 263, $ 526 y $ 790, respectivamente.
Este escenario se mantuvo por casi 20 años. Pero a fines de 2014, tras el fin de la negociación de la tarifa interbancaria de cajeros automáticos -que actualizó el precio que debe pagar un banco cuando su cliente retira efectivo de un dispensador de otra entidad-, la inquietud por renegociar las transferencias electrónicas tomó peso. Como el contrato establecido lo permitía, se inició un proceso de estudio multilateral con este fin.
Los bancos grandes -Banco de Chile, Santander y Bci- fueron representados por el entonces gerente del Banco de Chile Arturo Tagle. En la otra vereda, el gerente general del Banco Bice, Alberto Schilling, ejerció como vocero de los bancos medianos y pequeños.
BancoEstado fue invitado a participar en enero de 2015, cuando su presidente era el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Su respuesta fue clara: no estaban interesados en cambiar esta tarifa.
Pese a esto, el proceso continuó. Las bases para llevar a cabo este proceso las entregó la abogada Nicole Nehme, socia y directora del área de competencia de Ferrada Nehme Abogados. Su asesoría fue requerida para cumplir con las disposiciones establecidas en materia de libre competencia.
Para discutir una nueva estructura de precios, las partes encargaron un estudio a un perito económico para determinar cuál sería el costo de operar el actual mercado de transferencias de fondos en línea, cuyo desarrollo está en línea con el de países desarrollados.
Los bancos grandes escogieron a los investigadores de la Universidad de los Andes Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza, mientras que por los medianos y pequeños, realizó el informe el economista UC Claudio Sapelli.
La entrega de información a los expertos se hizo de acuerdo a lo recomendado por Nehme, que estableció los acuerdos de confidencialidad y el traspaso de datos a los economistas. También se dictaminó que se establecieran actas en las reuniones de análisis para registrar a los asistentes y las materias tratadas.
El 18 de agosto de 2015, BancoEstado fue invitado nuevamente a participar del proceso, lo que requería la entrega de información a los economistas. La entidad, una vez más, aunque ahora liderada por Jorge Rodríguez Grossi, desistió integrarse a las negociaciones, pero aceptó participar como observador sin aportar datos, para tomar una decisión más informada.
Una vez que los economistas concluyeron sus estudios, expusieron sus resultados ante una comisión integrada por los bancos privados y un abogado en representación de BancoEstado.
La conclusión fue que la tarifa interbancaria debía tener un precio plano: 0,0028 UF, es decir $ 73,76 a la UF de hoy, lo que representa una baja de 91% respecto del mayor precio de la tabla de precios antigua.
CuentaRUT
Luego de que los bancos privados acordaran una tarifa plana para este proceso, consideraron que el paso siguiente era invitar a BancoEstado a actualizar sus precios. Para ello, Tagle y Schilling enviaron en enero de este año una carta a la entidad estatal solicitándole formalmente que migrara a estos nuevos valores.
A esa fecha, BancoEstado ya estaba convertido en uno de los receptores más importantes de transferencias electrónicas del mercado producto de sus numerosos clientes de CuentaRUT, lo que le genera ingresos netos en transferencias, ya que la industria le paga más de lo que el banco desembolsa por realizar transferencias.
En marzo, el banco liderado por Rodríguez Grossi respondió en otra misiva a los privados que no iba a adherir a estas nuevas tarifas por considerar que el precio estaba siendo impuesto contra su voluntad. No obstante, de manera informal indicaron que comenzarían un análisis, el cual aún no concluyen.
Han pasado ocho meses desde este pronunciamiento, período en que la entidad ha estado explorando las implicancias del tema. Entendidos confidencian que “estas políticas tarifarias vienen desde hace mucho tiempo y modificarlas implicaría un perjuicio en beneficio de los privados”.
Y es que para muchos dentro del banco, la CuentaRUT es como una carretera que permitió acercar a la ciudad a las personas que vivían en la alta montaña. Pero advierten que si el Estado financia esta ruta, que luego es usada por otros clientes, lo lógico es que se cobre, ya que su construcción tuvo otra finalidad. Además, destacan, la CuentaRUT “no se entiende” sin la red de CajaVecina y de cajeros automáticos de la entidad estatal en todo Chile, lo que requiere una alta inversión.
“El que las transferencias electrónicas se hayan masificado es gracias a la CuentaRUT, lo que ha beneficiado principalmente a las empresas y al sistema financiero en su conjunto. Esto tiene directa relación con la disminución del uso del cheque y del efectivo, lo que aporta a la eficiencia del sector”, plantea un conocedor del proceso.
Ingresos por US$ 30 millones
BancoEstado está realizando un análisis minucioso, porque el tema no sólo afectaría las tarifas y los ingresos asociados, sino que también a los usuarios, la industria, la libre competencia y la política.
Por esto, la entidad optó por solicitar un informe a la ex ministra del Tribunal de la Libre Competencia Andrea Butelmann, el que avalaría mantener la situación tarifaria actual, considerando que el costo por bancarizar a gran parte de la población, asumido por el banco, no habría sido financiado por ninguna entidad privada.
Al tercer trimestre, la entidad estatal totaliza casi nueve millones de Cuentas RUT, 80% de las cuales están activas. Esto les permite concentrar 47% del mercado de las tarjetas de débito, que contempla cuentas vista y cuentas corriente. Para el banco, estos números son fruto del esfuerzo que han hecho en materia de bancarización, algo que, enfatizan, “no sería bueno que la industria olvidara”.
Es más, las pérdidas asociadas a la CuentaRUT totalizan US$ 37 millones al año, según dijo Rodríguez Grossi a La Tercera en febrero pasado.
Es esta situación la que impediría al banco estatal migrar a las nuevas tarifas, señalan algunos actores de la industria. Aunque otros revelan que llama la atención que el ex presidente Valdés dijera que las pérdidas de este producto fueran de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones, lo que los lleva a pensar que los ingresos por recibir más transferencias que las que envían no fueron considerados por Rodríguez.
Algunos actores de la banca calculan en unos US$ 30 millones al año los ingresos que el banco estatal dejaría de recibir si decide adoptar una tarifa plana en materia de traspaso de fondos en línea.
Si bien fuentes del banco dicen desconocer si esta cifra es acertada, enfatizan que “nadie en esta administración está dispuesto a tomar una decisión patrimonial o que afecte la última línea del banco, legalmente no es posible, no estamos mandatados para ello”.
Otra fuente, en tanto, señala lo complejo que sería visar este nuevo régimen tarifario: “¿Cómo les explico a los parlamentarios que mientras me están pidiendo que el costo de la CuentaRUT sea cero, yo esté bajando las tarifas interbancarias de transferencias?”.
Según ejecutivos del sector, los bancos más chicos están pagando hoy 10 veces más por enviar una transferencia a BancoEstado, mientras que los medianos, siete veces más, y los grandes, más de tres. Esta situación es considerada por actores de la industria como perjudicial, pues los dejaría en una situación de desventaja para competir.
Por cada transferencia, el banco que envía le paga al que recibe una tarifa que hasta comienzos de este año fluctuaba entre $ 260 y $ 789. Tras varias negociaciones, hoy este precio es de $ 70, pero sólo entre las entidades de capitales privados, ya que BancoEstado no quiso sumarse a esta negociación, manteniendo la estructura de cobros antigua, que diferencia por tamaño de los bancos y cobra un menor valor a los más grandes, debido a su alto volumen de transacciones.
Y aunque la firma estatal estaría analizando extraoficialmente el tema, conocedores de las tratativas aseguran que la postura de la entidad aún dista de la propuesta de los bancos privados, que apunta a que la tarifa considere sólo el costo marginal de una empresa eficiente de recepcionar un traspaso.
Según datos de la Superintendencia de Bancos (SBIF), a septiembre, 7,4 millones de clientes (personas y empresas) realizaron operaciones online en su banco. En total, realizaron 36 millones de transferencias bancarias, de las cuales 68% fueron entre cuentas. La cifra es un 12% mayor que a igual mes de 2015.
Los datos de la SBIF también muestran que el 40% de los traspasos de fondos se realizan entre diferentes bancos, mientras que el 28%, dentro de la misma entidad. Por ello, el precio asociado a este servicio es relevante.
El consenso de los privados
Pese a que a finales de la década de los 90 la alternativa de realizar transferencias de fondos se veía lejana, los bancos locales ya buscaban la forma de hacer operativo el pago de planillas de sueldos.
Para ello era necesario contar con instrumentos y procesos, y tener sistemas interbancarios que garantizaran la circulación del dinero desde la cuenta del empleador a las de sus empleados. Así, en 1996 se creó el Centro de Compensación Automatizado (CCA), que estableció un esquema de compensación de pagos, lo que permitió ampliar los negocios del sector y sentar la base para el desarrollo de medios de pago electrónicos.
En un comienzo se determinó que la tarifa interbancaria que garantizaba la capacidad “de escuchar” del banco contraparte -recibir la transferencia que le enviaba otro banco- tendría un precio que si bien se fijó bilateralmente, diferenció a los bancos por su tamaño, beneficiando con una menor tarifa a los más grandes, producto del volumen de sus transacciones.
Así, los más grandes debían pagar en torno a 0,01 UF por cada transferencia enviada; los medianos, 0,02 UF, y los pequeños, 0,03 UF. A la UF de hoy, el costo de realizar un traspaso de fondos sería de $ 263, $ 526 y $ 790, respectivamente.
Este escenario se mantuvo por casi 20 años. Pero a fines de 2014, tras el fin de la negociación de la tarifa interbancaria de cajeros automáticos -que actualizó el precio que debe pagar un banco cuando su cliente retira efectivo de un dispensador de otra entidad-, la inquietud por renegociar las transferencias electrónicas tomó peso. Como el contrato establecido lo permitía, se inició un proceso de estudio multilateral con este fin.
Los bancos grandes -Banco de Chile, Santander y Bci- fueron representados por el entonces gerente del Banco de Chile Arturo Tagle. En la otra vereda, el gerente general del Banco Bice, Alberto Schilling, ejerció como vocero de los bancos medianos y pequeños.
BancoEstado fue invitado a participar en enero de 2015, cuando su presidente era el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Su respuesta fue clara: no estaban interesados en cambiar esta tarifa.
Pese a esto, el proceso continuó. Las bases para llevar a cabo este proceso las entregó la abogada Nicole Nehme, socia y directora del área de competencia de Ferrada Nehme Abogados. Su asesoría fue requerida para cumplir con las disposiciones establecidas en materia de libre competencia.
Para discutir una nueva estructura de precios, las partes encargaron un estudio a un perito económico para determinar cuál sería el costo de operar el actual mercado de transferencias de fondos en línea, cuyo desarrollo está en línea con el de países desarrollados.
Los bancos grandes escogieron a los investigadores de la Universidad de los Andes Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza, mientras que por los medianos y pequeños, realizó el informe el economista UC Claudio Sapelli.
La entrega de información a los expertos se hizo de acuerdo a lo recomendado por Nehme, que estableció los acuerdos de confidencialidad y el traspaso de datos a los economistas. También se dictaminó que se establecieran actas en las reuniones de análisis para registrar a los asistentes y las materias tratadas.
El 18 de agosto de 2015, BancoEstado fue invitado nuevamente a participar del proceso, lo que requería la entrega de información a los economistas. La entidad, una vez más, aunque ahora liderada por Jorge Rodríguez Grossi, desistió integrarse a las negociaciones, pero aceptó participar como observador sin aportar datos, para tomar una decisión más informada.
Una vez que los economistas concluyeron sus estudios, expusieron sus resultados ante una comisión integrada por los bancos privados y un abogado en representación de BancoEstado.
La conclusión fue que la tarifa interbancaria debía tener un precio plano: 0,0028 UF, es decir $ 73,76 a la UF de hoy, lo que representa una baja de 91% respecto del mayor precio de la tabla de precios antigua.
CuentaRUT
Luego de que los bancos privados acordaran una tarifa plana para este proceso, consideraron que el paso siguiente era invitar a BancoEstado a actualizar sus precios. Para ello, Tagle y Schilling enviaron en enero de este año una carta a la entidad estatal solicitándole formalmente que migrara a estos nuevos valores.
A esa fecha, BancoEstado ya estaba convertido en uno de los receptores más importantes de transferencias electrónicas del mercado producto de sus numerosos clientes de CuentaRUT, lo que le genera ingresos netos en transferencias, ya que la industria le paga más de lo que el banco desembolsa por realizar transferencias.
En marzo, el banco liderado por Rodríguez Grossi respondió en otra misiva a los privados que no iba a adherir a estas nuevas tarifas por considerar que el precio estaba siendo impuesto contra su voluntad. No obstante, de manera informal indicaron que comenzarían un análisis, el cual aún no concluyen.
Han pasado ocho meses desde este pronunciamiento, período en que la entidad ha estado explorando las implicancias del tema. Entendidos confidencian que “estas políticas tarifarias vienen desde hace mucho tiempo y modificarlas implicaría un perjuicio en beneficio de los privados”.
Y es que para muchos dentro del banco, la CuentaRUT es como una carretera que permitió acercar a la ciudad a las personas que vivían en la alta montaña. Pero advierten que si el Estado financia esta ruta, que luego es usada por otros clientes, lo lógico es que se cobre, ya que su construcción tuvo otra finalidad. Además, destacan, la CuentaRUT “no se entiende” sin la red de CajaVecina y de cajeros automáticos de la entidad estatal en todo Chile, lo que requiere una alta inversión.
“El que las transferencias electrónicas se hayan masificado es gracias a la CuentaRUT, lo que ha beneficiado principalmente a las empresas y al sistema financiero en su conjunto. Esto tiene directa relación con la disminución del uso del cheque y del efectivo, lo que aporta a la eficiencia del sector”, plantea un conocedor del proceso.
Ingresos por US$ 30 millones
BancoEstado está realizando un análisis minucioso, porque el tema no sólo afectaría las tarifas y los ingresos asociados, sino que también a los usuarios, la industria, la libre competencia y la política.
Por esto, la entidad optó por solicitar un informe a la ex ministra del Tribunal de la Libre Competencia Andrea Butelmann, el que avalaría mantener la situación tarifaria actual, considerando que el costo por bancarizar a gran parte de la población, asumido por el banco, no habría sido financiado por ninguna entidad privada.
Al tercer trimestre, la entidad estatal totaliza casi nueve millones de Cuentas RUT, 80% de las cuales están activas. Esto les permite concentrar 47% del mercado de las tarjetas de débito, que contempla cuentas vista y cuentas corriente. Para el banco, estos números son fruto del esfuerzo que han hecho en materia de bancarización, algo que, enfatizan, “no sería bueno que la industria olvidara”.
Es más, las pérdidas asociadas a la CuentaRUT totalizan US$ 37 millones al año, según dijo Rodríguez Grossi a La Tercera en febrero pasado.
Es esta situación la que impediría al banco estatal migrar a las nuevas tarifas, señalan algunos actores de la industria. Aunque otros revelan que llama la atención que el ex presidente Valdés dijera que las pérdidas de este producto fueran de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones, lo que los lleva a pensar que los ingresos por recibir más transferencias que las que envían no fueron considerados por Rodríguez.
Algunos actores de la banca calculan en unos US$ 30 millones al año los ingresos que el banco estatal dejaría de recibir si decide adoptar una tarifa plana en materia de traspaso de fondos en línea.
Si bien fuentes del banco dicen desconocer si esta cifra es acertada, enfatizan que “nadie en esta administración está dispuesto a tomar una decisión patrimonial o que afecte la última línea del banco, legalmente no es posible, no estamos mandatados para ello”.
Otra fuente, en tanto, señala lo complejo que sería visar este nuevo régimen tarifario: “¿Cómo les explico a los parlamentarios que mientras me están pidiendo que el costo de la CuentaRUT sea cero, yo esté bajando las tarifas interbancarias de transferencias?”.
Fuente: LaTercera
