Las y los estudiantes que se acercan a Conadecus, normalmente junto a sus familias, ya tienen avanzado un proceso de cobro ejecutivo, que involucra a sus familias y los bienes que estaban garantizando en muchos casos el crédito. La contratación de créditos de consumo con intereses usureros, que contrata principalmente el jefe o jefa de hogar, quienes por variadas contingencias van dejando de pagar, muchas veces esos créditos tienen cláusulas de aceleración, por lo que se procede a acelerar las cuotas y éstos quedan con deudas castigadas e informadas al registro de DICOM.
Al año 2017, el 66% de los hogares tenía alguna deuda, una cifra que bajó respecto al 73% del 2014. De estos impagos, el más común tiene que ver con el consumo (55%), pero si se contabiliza según el monto, es la deuda hipotecaria la que predomina.
Por nuestra parte, la posición de Conadecus será siempre velar por que se aplique un enfoque en derechos humanos que apunte al otorgamiento de poder por la vía del reconocimiento de derechos.
Una vez que adoptemos este concepto en la elaboración de políticas públicas, la razón fundamental de la reducción de la pobreza ya no procede simplemente del hecho de que ciertos sectores sociales tienen necesidades, sino también de que tienen derechos, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros. No se trata sólo de personas con necesidades, que reciben beneficios asistenciales o prestaciones fruto de la discrecionalidad, sino titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado ciertos comportamientos.
Chile es uno de los países más caros para la educación superior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el más privatizado de América Latina. En la región las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno. Por eso, la alternativa para los estudiantes chilenos es aceptar un crédito que fue pensado especialmente para ellos.
Según los últimos datos de la Comisión Ingresa, administradora del sistema de créditos para estudios superiores, hay más de 874.000 beneficiarios del CAE, de los cuales 397.000 están estudiando. De éstos, 151.000 están morosos, es decir, cerca del 40% del total, y arrastran una mochila que les afecta en muchos otros aspectos: desde la imposibilidad de acceder a una línea de teléfono u obtener su devolución de los impuestos hasta arrendar una vivienda.
Según el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, de la Fundación Sol, que investiga y analiza temas sobre trabajo, sindicalismo y educación, en Chile la implementación del CAE logró cumplir con la promesa inicial de aumentar el acceso a la educación superior, pero el 70% del incremento se concentró solo en 20 centros educativos. La mayoría de ellos pertenecen a cuatro grandes grupos educativos privados y, además, varios están siendo investigados por lucrar con las utilidades que, según establece la ley, debieran ser reinvertidas en las universidades.
Como se ve, este proyecto de ley solo busca tapar el sol con un dedo, sin perjuicio del alivio que tendrán muchas familias, pero ese alivio solo procederá para que estas mismas familias, puedan seguir activas en un sistema económico que lucre con derechos como la educación o la salud.
