El texto fue presentado en enero y ha sido sistemáticamente estudiado en la Comisión de Economía, donde cuatro de sus integrantes son autores de la moción. Autoridades y privados están en contra de esta idea y señalan que perjudicaría a las Pymes.
El diputado Fuad Chahín (DC) tiene de cabeza a los privados y a varias autoridades. El motivo es que desde que se retomó la actividad legislativa en marzo en la Comisión de Economía, han puesto en tabla un proyecto de ley para regular los intereses que se cobran en la industria del factoring o el mercado de las facturas.
Aunque la iniciativa es de artículo único los incumbentes que han acudido a la instancia legislativa han señalado sus reparos y criticado abiertamente las pretensiones de los parlamentarios. Y hoy harán lo mismo el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, pues ambos están invitados a exponer sobre este tema.
El objetivo de esta idea es que se aplique “a este mercado lo dispuesto en la Ley N°18.010 que regula las operaciones de crédito para así evitar los abusos que se dan en este mercado, especialmente, contra las micro y pequeñas empresas, ya que, para obtener liquidez están dispuestos a aceptar tasas de interés que superan el máximo legal”.
Críticas
Entre los invitados que han entregado su opinión al proyecto sólo la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) estuvo de acuerdo con el contenido.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) si bien calificó de interesante la idea de aplicar la Tasa Máxima Convencional (TCM) a estas operaciones, advirtió que “podría tener otros potenciales efectos que habría que evaluar, como la eventual aplicación del impuesto de timbres y estampillas, y el impacto en el acceso al financiamiento de algunas Pymes por esta vía, si su nivel de riesgo no se compensa con el descuento que permitiría la TMC”.
Por su parte, Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos, propuso separar las operaciones de factoring con y sin cesión de factura, y “aplicar la TMC a las operaciones que no tienen cesión de factura porque son una operación de crédito de dinero puro y simple. La SBIF podría elaborar un registro público de empresas de factoring para corregir el grado de informalidad y otorgar mayor transparencia al financiamiento que se entrega a las Pymes”.
En tanto, las empresas de factoring en su presentación indicaron que sólo 35.208 empresas realizan este tipo de operaciones, de un total de 917.329, y que de ellas muy pocas son Mipymes.
Chahín contraataca
En todo caso el diputado Chahín está dispuesto a seguir adelante y a perfeccionar el proyecto, manifestando que le agregarán indicaciones para aplicarle la TMC al factoring pero sin que sea regulado como crédito para evitar el pago del impuesto de timbre y estampillas.
“Es curioso que los dueños de factoring digan que entre sus clientes no hay empresas pequeñas, porque fueron las Pymes a través de la Conapyme y la Unapyme las que nos fueron a pedir el proyecto porque las tasas de descuento era muy altas” acotó.
Afirmó que esta industria necesita ser regulada, y que así lo han admitido algunos invitados. “Acá se dan situaciones perversas porque las mismas empresas que les pagan a las Pymes en 90 días, tienen una ventanilla de factoring al lado que les anticipa dinero a tasas altísimas, o sea trabajan con las platas de las Pymes haciendo un doble negocio, es un abuso de los proveedores”, acotó.
Fuente: Pulso
