El tratado de libre comercio EE.UU.-UE o la batalla entre estados y multinacionales

Las instituciones de la Unión Europea y el Gobierno federal de Estados Unidos negocian desde hace dos años un tratado de libre comercio entre ambas áreas económicas, conocido en lengua inglesa como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). El objetivo formal del mismo es abrir a las pequeñas y medianas empresas el acceso a un mercado conjunto de 850 millones de habitantes, eliminando aranceles y trabas burocráticas, al establecer unas normas y estándares comunes para EE.UU. y Europa.
En principio un acuerdo de tales características es positivo porque permitiría, según sus impulsores, dinamizar la economía, crear empleo e incrementar las exportaciones; amén de fortalecer la posición competitiva de las empresas europeas y norteamericanas frente a las asiáticas, en especial las chinas, pero ciertos puntos susceptible de ser incluidos en el acuerdo han levantado opiniones encontradas entre defensores y detractores del mismo. Para estos últimos lo que está en juego, y temen, es que las corporaciones multinacionales se impongan a los estados.
De la forma que quede redactado el acuerdo definitivo se podrá deducir si las grandes empresas quedan por encima de las legislaciones gubernamentales o si estas siguen siendo el reducto final de la soberanía.
Los defensores del tratado señalan que el favorecimiento del libre comercio, históricamente, ha servido para impulsar la economía en el mundo pero ahora con la globalización acuerdos como el TTIP pueden ser la última frontera a superar por las corporaciones multinacionales para actuar por encima de las diferentes legislaciones nacionales.
Más crecimiento Las tesis favorables al acuerdo insisten en que facilitará el crecimiento económico, ayudará a generar empleo, liberalizando servicios y defendiendo al eje atlántico del creciente poder asiático personificado en China.
Para los detractores del acuerdo será una “constitución de las multinacionales” o un “caballo de Troya” que definirá un orden legal por encima de derechos sociales y medioambientales, derechos que están mucho más desarrollados en Europa que en Estados Unidos. Además critican el oscurantismo con que se desarrollan las conversaciones, algo que rebaten desde la Comisión Europea, aunque reconocer, como señala uno de los negociadores por parte de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, que los documentos relacionados con las citadas negociaciones estarán cerrados al público durante 30 años no ayuda a generar confianza.
El tratado de libre comercio fomentaría la economía pues eliminaría o reduciría al mínimo los aranceles con se gravan las importaciones en un bloque y otro, pero como estos ya son muy bajos, por debajo del 3%, se supone que la principal ventaja del acuerdo es eliminar las barreras no arancelarias o sea la normativa que limita los intercambios comerciales.
Y aquí el miedo europeo es a la pérdida de derechos ya que, a juicio de sus detractores, no parece plausible que EE.UU. quiera asumir una legislación más garantista en el ámbito laboral, ni que Europa desee regular los servicios financieros como hiciera Barack Obama después del crack de 2008. Curiosamente ahora Estados Unidos regula más a la banca que la propia Europa.
Y un tema que levanta suspicacias a este lado del Atlántico es el temor a que el acuerdo elimine el principio de precaución que opera en la UE, por el que si existen dudas para la salud o el medio ambiente de un producto, este no puede comercializarse. En cambio en EE.UU. la normativa opera al revés: se retira el producto solo cuando existen pruebas fehacientes de que tiene efectos nocivos. Abolir este principio podría llevar a que productos hoy prohibidos en Europa, -el bloque más avanzado del mundo en seguridad alimentaria y medioambiental, (desde los modificados genéticamente o clonados, a pesticidas o medicamentos)-, tengan una puerta de entrada en la Unión Europea.
A ello hay que sumar otra exigencia de los lobbies estadounidenses: retirar las obligaciones de etiquetado y de denominación de origen, ya que alegan que afecta a la libre competencia; así, el consumidor tampoco podría saber si estos productos contienen materias dudosas (transgénicos) o determinar el origen concreto.
La apertura de los servicios sanitarios y de educación o el agua, las políticas de protección de datos (comercializar con la privacidad de los consumidores), el aumento del poder de las patentes y de la propiedad intelectual, o el hecho de que en protección laboral Estados Unidos no haya ratificado 70 convenios, algunos fundamentales, de la Organización Mundial del Trabajo, entre otras aristas, siguen siendo asuntos sin aclararse. Aunque en el mandato que está negociando el Parlamento Europeo y que se votará el próximo día 29 de junio se contempla fijar barreras para que estos temas queden garantizados en Europa.
El tribunal de la discordia Pero un punto que ha levantado ampollas es la posibilidad de que la Unión Europea y Estados Unidos incluyan en el tratado un Acuerdo de Cierre de Disputas entre Estados e Inversores (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). El llamado ISDS implicaría una subversión de los procedimientos de toma de decisiones por los órganos de representación de la voluntad popular y un cuestionamiento de la capacidad de jueces y tribunales para aplicar la ley a los inversores extranjeros. Este acuerdo facilitaría a las corporaciones estadounidenses llevar a juicio a los gobiernos cada vez que estos hagan algo que no les guste porque dañen sus beneficios, según fuentes del Observatorio Europeo de las Corporaciones.
El premio Nobel de economía estadounidense Joseph Stiglitz considera que “estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas”.
Las negociaciones, postergadas en varias ocasiones, arrancaron definitivamente en enero de 2013 tras el discurso del Estado de la Unión de Barack Obama. El mismo día en que el presidente estadounidense proclamaba ante el Congreso su intención de poner en marcha las negociaciones, Bruselas aceptó la propuesta.
 
Fuente: Deia.com