En España bancos dicen que la prohibición de las tasas de tarjetas aumentaría los costes para el consumidor.

El gobierno español, como parte de un paquete de medidas para impulsar la economía que debería entrar en vigor el 1 de septiembre, ha decidido limitar los honorarios de los pagos con tarjetas de débito o crédito: 0,3% para los pagos con tarjeta de crédito y el 0,2% para débito pagos con tarjeta.
Como una restricción adicional, se prevé una tasa máxima de siete centavos para los pagos de débito, a fin de evitar los casos en que el nuevo escenario podría generar comisiones más altas que hoy. Para pagos pequeños de hasta 20 euros,  estas comisiones se han fijado en un nivel aún más bajo: 0,2% a 0,1% para tarjetas de crédito y débito.
Estas normas se aplicarán a todos los pagos efectuados en los puntos de venta en España, lo que también incluye las transacciones de comercio electrónico. Pero se excluyen los retiros corporativos o de efectivo en cajeros automáticos. España está poniendo efectivamente en práctica la propuesta de reglamento de la Comisión Europea sobre las tasas de intercambio, que tiene por objeto la regulación de tarifas máximas como medida para promover el mercado interior.
El actual contexto económico con la recuperación gradual de la economía y la necesidad de dinamizar el consumo en todos los canales – incluyendo el electrónico -, se hace n necesarios medios para la disponibilidad de los pagos electrónicos seguros, eficientes y competitivos. Para ello, se aplica una tasa multilateral de intercambio (MIF) que es una tasa que el banco de un proveedor  debe pagar al banco del usuario por cada pago con tarjeta.
El MIF típicamente involucra cuatro partes: dos bancos, un consumidor (el titular de la tarjeta) y un minorista (comerciante que acepta un pago con tarjeta). Por cada pago con tarjeta individuo el minorista paga un cargo a su banco llama un cargo por servicio Merchant (MSC), la mayoría de las cuales el banco del minorista pasa al banco del consumidor bajo el nombre de un MIF.
Como resultado, la cantidad final recibida por el minorista es menor que la cantidad que paga el consumidor. Para compensar esta pérdida de ingresos, los minoristas normalmente suman estas tarifas al precio final pagado por los consumidores. Por lo tanto, en detrimento de los consumidores.
A través de los poderes legislativo de la UE, se ha hecho  un fuerte lobby  por algunos emisores de tarjetas y algunos bancos para detener esta iniciativa. Según las pruebas presentadas por estos grupos, los límites propuestos indefectiblemente van conducir a un aumento de las comisiones bancarias en general por ejemplo, en forma de cuotas de emisión de tarjetas.
Parte de las pruebas utilizadas por estas empresas se basa en las cifras españolas, ya que este país  ha adoptado las primeras medidas de limitación del FOMIN en el 2006 y con ello las comisiones bancarias no han dejado de aumentar. Sin embargo, nadie ha sido capaz de justificar que tal aumento se deba exclusiva o principalmente a estas  medidas. Mientras tanto, la crisis crediticia y la explosión de la burbuja inmobiliaria han hecho estragos en el sistema bancario español.
Las asociaciones de consumidores  españolas OCU y BEUC, rechazan estos argumentos y apoyan la propuesta europea que pretende impulsar el mercado interior para los consumidores. España es la prueba de que es posible una prohibición o limitación de este tipo, sin las consecuencias catastróficas para los consumidores que algunos grupos de presión parecen encontrar lo inevitable.
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Fuente: Consumer International