Hernán Calderón, presidente de Conadecus en entrevista con El Siglo hizo la advertencia: “Los consumidores seguimos estando desprotegidos”.
Sin proponérselo se ha transformado en el rostro emblemático de la defensa de los consumidores. El constructor civil, Hernán Calderón (PS, casado, tres hijas), presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) desde 2008, no deja de estar en primera línea en temas polémicos y sensibles para los ciudadanos.
Ello se debe -admite- a que la gente se da cuenta, más que antes, que en la entidad que él lidera están representados sus derechos. Y remarca que los casos de abuso y malas prácticas provocan que la ciudadanía tome conciencia de que estas deben sancionarse y que, en caso de perjudicar a los consumidores, deben ser compensados.
Un día después de que se reuniera la denominada Mesa del Tissue -que integran el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), Odecu (Organización de Consumidores y Usuarios) y Conadecus- que trabaja en un mecanismo de compensación a causa de la colusión que protagonizó “La Papelera”, El Siglo conversó con el dirigente, de 62 años, en su oficina de calle Valentín Letelier sobre este caso, otras demandas colectivas que ha encabezado y su posición acerca de los cortes masivos de electricidad que afectaron a diversas regiones del país tras los temporales de junio y la nevazón del 15 de julio.
¿Todavía no se define cuándo se pagará a los chilenos la compensación por la colusión del papel Tissue?
Estamos a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Puede que se pronuncie de inmediato sobre el fondo de las alegaciones, que no debieron haberse considerado nunca, porque la sentencia del Tribunal de primera instancia está ejecutoriada.
Calderón se refiere a que el 15 de agosto pasado se sumó a la carpeta que posee el caso en el Tribunal de alzada, un escrito del abogado Jaime Moraga que representa a las comunidades indígenas de La Araucanía que buscan ser parte de este acuerdo.
“La Ley del Consumidor -agrega- es clara en este sentido: cuando una sentencia en derechos del consumidor está ejecutoriada no admite recurso alguno y aquí se admitió. Entonces es una anomalía. Si no se acoge tendríamos entonces que dar el segundo paso que es la implementación de la compensación (se estima en 7 mil pesos para los mayores de 18 años). Después del fallo, la CMPC tendrá 15 días para depositar en una cuenta del BancoEstado los 150 millones de dólares o casi 98 mil millones de pesos que están dando intereses (van en mil millones)”.
Los mecanismos para la cancelación del monto ya están establecidos. ¿Hay alguna novedad?
Algunos ya se han conocido como, por ejemplo, la Cuenta RUT, que es uno de los tres productos que tiene el BancoEstado. El segundo mecanismo, y que también nosotros lo hemos validado, se refiere a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), que son cerca de 2 millones de personas. Por lo tanto, ya se ha establecido cómo será el pago para alrededor del 80% de las personas. Se están estudiando otros mecanismos para que los que no tienen ninguno de estos instrumentos reciban directamente la compensación. Los beneficiados, en total, se estiman en 14 millones de personas.
¿A cuánto ascenderán los favorecidos si el Tribunal acoge la solicitud de las comunidades indígenas de La Araucanía?
Las comunidades están incorporadas. Es una contradicción que el abogado Moraga, que está demandando, les recorte (del monto) a las comunidades mapuche. En el marco de su patrocinio, indicó que él se llevará el 30% del beneficio que obtengan. O sea, aquí los perjudicados con la demanda será la propia comunidad (integrada por 1.200 personas) que en vez de recibir 7 mil pesos, obtendrán 4.900. El abogado se llevará 2 mil 100 pesos por cada persona. Nos parece que esto es una frescura. Moraga aduce que las personas, para poder cobrar y movilizarse, gastarían 20.000 pesos por ir y volver. Muchos de ellos son pensionados y tienen Cuenta RUT. Entonces, esto es un aprovechamiento. Hay que decirlo por su nombre: este es un abogado pirata.
¿Este es uno de los casos que más dolores de cabeza le ha provocado a Conadecus?
Lejos, uno de los casos más difíciles ha sido la demanda colectiva contra el BancoEstado, cuya tramitación demoró nueve años. Pasamos por todas las instancias judiciales, dos veces por la Corte Suprema, llegamos al Tribunal Constitucional (recurso se presentó en 2003 contra la entidad bancaria por realizar cobros de comisiones de manera ilegal en cuentas de ahorro a la vista). BancoEstado nunca estuvo disponible para negociar e hizo maniobras dilatorias; ha sido el peor litigante que hemos tenido. Otro caso complejo fue la consulta en el Tribunal de Libre Competencia sobre la fusión Latam. En el caso de la colusión del papel Tissue, se trata de la compensación más masiva que tendremos en Chile y probablemente en el mundo. La única demanda que se ha hecho en contra de las empresas de papel higiénico es la que interpuso Conadecus. Si ello no hubiera ocurrido, el recurso tendría que haberse presentado en el Tribunal de Libre Competencia una vez que se hubiese dictado el fallo. Que nos den entonces el mérito.
¿Los consumidores se lo dan? Conadecus marca una impronta.
Hemos marcado una impronta, hemos estado siempre en la primera línea, llevando casos que son emblemáticos. Conadecus es una organización diferente al resto de las agrupaciones de consumidores. Nació de un encuentro nacional que se realizó en 1996. Primero se llamó Consejo Nacional de Consumidores y estaba integrado por un representante de la CUT, de la Afemuch, del mundo ecologista, de la Corporación del Adulto Mayor, de los Deudores Hipotecarios.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó recientemente con 14 millones de dólares a 10 empresas eléctricas por los cortes de junio pasado que afectaron a 300 mil clientes. La sanción es inédita, ¿lo dejó conforme?
He sostenido que son importantes las multas, porque esto inhibe a las empresas y las obliga a cumplir con la legislación vigente, con los protocolos, a invertir en la prevención y emergencias. Están bien las multas y montos, porque las empresas claramente no están otorgando los servicios que se merecen sus usuarios y tampoco aseguran su continuidad. Lo que no comparto es que el Estado se enriquezca con servicios que están afectando a las personas. En el fondo, la multa en beneficio del Estado es mayor que las compensaciones que reciben los consumidores. A mí no me parece que sea este el que se lleve la torta grande. El año pasado salió una ley que establecía que cuando un generador cortaba el servicio al distribuidor tenía que compensarlo en 15 veces y no se consideró a los consumidores. La compensación que recibirá el Estado siempre será superior a la que percibirá el usuario, ¿por qué no invertimos un poco eso?
¿Los servicios básicos no debieran pertenecer a privados, porque son del Estado, es decir, públicos?
Idealmente debiéramos tener servicios básicos que fueran del Estado, porque creemos que el agua o la luz no son para lucrar. En los servicios básicos hoy no existe competencia. Probablemente con el agua no se puede hacer lo que realizan otras naciones respecto al gas y la electricidad, pero lo que planteamos es que no haya más tarifas máximas si no que se regule las utilidades máximas.
Tras la nevazón del 15 de julio usted anunció que interpondría demandas colectivas contra Enel y otras distribuidoras por los prolongados cortes que afectaron a miles de usuarios. ¿En qué va eso?
Todavía no lo hemos hecho. No podíamos interponerla en forma instantánea, debíamos primero hacer una asamblea. Esta se realizó, pero luego debíamos registrarla en una escritura pública. En los próximos días estará listo el trámite y la presentaremos.
¿Conadecus se preocupa de los consumidores de todo el país? ¿Alguna vez los usuarios de regiones los han criticado de ser centralistas?
El centralismo es una crítica permanente, pero hemos dado muestras que no lo somos, porque nunca hemos querido hacer nuestra propia red de asociaciones en regiones. Lo que sí hemos apoyado la formación de asociaciones en las diferentes zonas. Les entregamos información respecto a los estatutos, les damos charlas, les enviamos nuestra folletería para que tengan material para poder operar. Lamentablemente estamos en Santiago, pero hemos intentado ser lo menos centralistas.
Faltan tres meses para las elecciones presidenciales. ¿Para la organización que usted encabeza da lo mismo quien gobierne?
Hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios gobiernos. Antes de que ganara (Sebastián) Piñera (en 2010) teníamos temores, pero pudimos dialogar; en esa administración hubo avances. El Sernac financiero fue un fracaso, pero en otros ámbitos, como en el área de las telecomunicaciones, se registraron logros. Siempre estaremos atentos a que no haya discriminaciones y buscaremos el diálogo con la autoridad que esté a la cabeza.
“¿Mercado oligopólico o competitivo?”
Hernán Calderón estima que en servicios como la electricidad, el gas y las telecomunicaciones debería crearse la figura del operador de infraestructura para que exista competencia.
“Me explico: en el caso de la luz el generador tiene un precio por la energía, por ende, la transmisión debería tener también un valor y debería haber un precio por redes. Y todo esto debería estar abierto a terceros de tal manera que tres o cuatro compañías compitieran entre ellas. Este modelo existe en España, por ejemplo”.
¿A quiénes les han planteado esta propuesta?
En el marco de lo que se habló en relación a la ley de gas, el senador PPD, Eugenio Tuma, propuso que las redes se abrieran a terceros, pero no pasó nada. Esta discusión se la estamos proponiendo a los candidatos presidenciales. El senador Alejandro Guillier -abanderado independiente apoyado por el PC, PR, PPD, PS, IC y MAS- vino a Conadecus y estuvo de acuerdo con ello. A todos los abanderados que nos visiten en nuestra organización se lo plantearemos y les pediremos que se pronuncien. ¿Acaso quieren un modelo de mercado oligopólico o uno competitivo?
Proyecto de fortalecimiento del Sernac
Está avanzado el trámite legislativo del proyecto que reformula el Sernac. La iniciativa es criticada porque algunos señalan que por las múltiples funciones que tendría el organismo -lo han llamado “zar del consumo”- dejaría de ser representante de la defensa de los consumidores.
Hemos discutido mucho con el Sernac sobre el rol que tendrá. Siempre hemos sido partidarios de fortalecerlo. Actualmente todo lo que considera la ley es voluntario y la voluntariedad de los actos a las empresas no les interesa. Por lo tanto, los consumidores seguimos estando desprotegidos. Según las estadísticas, por ejemplo, ante un reclamo de los usuarios el 50% de las empresas no contestan, porque la respuesta es voluntaria. Nos parece que el Sernac debe tener capacidad de fiscalización y de sancionar; debe tener la capacidad de emitir circulares y normas con respecto a la aplicación de la ley, e impedir las cláusulas abusivas de las empresas. Teníamos controversias con algunas indicaciones que se establecieron como es el caso de la mediación colectiva que nos hacía ruido, porque en principio paralizaba las demandas colectivas que se habían iniciado. Esto finalmente se corrigió. Otra diferencia es que nos hubiese gustado que se diera integración. Resulta que las asociaciones de consumidores van por un camino y el Sernac por otro. En consecuencia, no se produce un cruce de información. En los últimos días llegamos a un acuerdo bastante razonable para poder resolver estas diferencias, valoramos estos avances, porque entre todos hemos estado haciendo esta ley en los últimos tres años.
