El día martes 12 de diciembre, en horas de la mañana, se filtraba a la prensa[1] y, consecuentemente, a la opinión pública, el posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de ley que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor, consignando que gran parte de los “dientes” que se pretendían darle a este organismo público, habrían sido abruptamente sacados por el fallo del nombrado tribunal, todo esto a propósito del “Téngase presente” ingresado el día 13 de noviembre por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC). En este sentido, la prensa expone que, por ejemplo, las facultades de llevar adelante un procedimiento administrativo opcional al judicial; sancionatorias; normativas; entre otras, (artículo 58° letras b), c) y e)), habrían sido eliminadas por el TC, manteniendo las actuales potestades de las cuales hoy goza SERNAC, y enterrando quizás uno de los mayores anhelos de los consumidores y consumidoras de Chile.
Para justificar dicha eliminación, la CNC señala que ellos presentan dicho escrito básicamente porque “las inconstitucionalidades se producen por una deficiente regulación de las nuevas atribuciones y potestades con las que contará el nuevo SERNAC”. Al parecer, su escrito de más de 30 páginas hizo algún sentido a los ministros del TC.
Sobre el particular, como Asociación de Consumidores, que el mismo día de la filtración cumplió 15 años de existencia en pos de mejorar la educación y protección de los derechos e intereses de los consumidores y consumidoras, tenemos algunas opiniones que queremos expresar y discutir.
La primera tiene que ver con la sordera de este “gigante” SERNAC que aspiraba a erigirse como un Godzilla de los consumidores. Desde la génesis del proyecto de ley, como también durante su larga tramitación, nunca existió un real y efectivo acercamiento entre dicha institución y las Asociaciones de Consumidores de Chile (AdC), no levantando ningún proceso de reflexión y discusión. Ello, sin lugar a dudas, hace eco del nulo entendimiento de las opiniones y críticas que se dirigían precisamente a esta excesiva concentración de facultades y atribuciones (tanto desde las AdC como desde la academia), y no apoyarse ni fortalecer de manera real el trabajo y misión de las AdC. En un contexto moderno, y mirando la experiencia comparada, es en estas asociaciones donde se busca el aliado natural para fortalecer el sistema de protección al consumidor, y son ellas las que, a la vez, apoyan y aportan a que el aparataje estatal pueda cumplir sus fines a cabalidad. Por lo mismo, FOJUCC no hace eco del llamado del Senador Felipe Harboe, quien también en el diario La Tercera expresa “acá me gustaría ver a todas las asociaciones de consumidores llamando a protestar frente al TC”. Pedimos ser escuchados, incluidos y partícipes de la discusión, y sólo lo logramos a través de otros canales y nunca de la mano del SERNAC; ¿qué motivaría ahora abogar por una causa que no nos hicieron parte?
Lo segundo tiene que ver con esta falta de confianza hacia las AdC que tiene la institucionalidad pública, donde no se apostó ni se avanzó de manera real en el fortalecimiento y profesionalización de éstas organizaciones, sino que sólo se aumentó el fondo concursable y se eliminaron algunas prohibiciones que existían. En estos últimos 10 años, las AdC han demostrado y logrado triunfos importantes en dirección a la protección judicial de los derechos e intereses de los consumidores (Banco Estado, CENCOSUD, La Polar, CMPC, LAN – TAM, por nombrar algunos); pero también en la discusión política y educación para el consumo responsable (planes de descontaminación ambiental; uso responsable de la leña; crisis hídrica; calidad del transporte público; inclusión; estudios y testeos de productos; entre otros); entonces, ¿por qué no buscar esa alianza natural que se debería producir para un mejor Estado de Derecho? ¿Por qué ciegamente seguir insistiendo en un solo organismo que concentre todo y no fortalezca nada?
Finalmente, acá hay algo claro que ninguno puede desconocer: los consumidores y consumidoras de Chile perdimos ante el Tribunal Constitucional. El no avanzar hacia la regulación, fiscalización, modernización de los procedimientos, armonización de las normas de protección del consumidor (bastantes dispersas e inorgánicas por lo demás), y no tener un órgano público más presente, sólo empobrece y debilita las relaciones de consumo, y avala las malas prácticas de las cuales hemos sido víctimas (sí, víctimas), en los últimos 20 años, y de manera escandalosa, los últimos 10 años. Sin embargo, el llamado que hacemos es a discutir y reflexionar, pero de verdad, sobre la construcción de un nuevo sistema de protección de los consumidores y consumidoras, donde se abra el espacio para que Asociaciones de Consumidores, académicos, empresarios y servicio público definan lo mejor para Chile, y donde se respete y fortalezca el rol, legal y constitucional, que cada uno tiene y en el cual se debe avanzar en este mercado de bienes y servicios, que hoy por hoy pide a gritos mayor regulación y menos abusos.
Pablo Rodríguez Arias
Director Ejecutivo
Asociación de Consumidores FOJUCC
