Evópoli apoya pena de cárcel para colusión, aunque con reparos

Nueve serán las indicaciones que ingresará el martes Evópoli al Congreso para modificar ciertos aspectos del proyecto de libre competencia. Si bien gran parte de los expertos se han mostrado contrarios a aplicar penas de cárcel a los delitos de colusión, este no será un aspecto cuestionado por el movimiento. “Me parecen correctas las penas de cárcel, siempre y cuando se resguarde que no haya juicios paralelos”, señala el diputado de Evópoli Felipe Kast. Añade que, dado ello, recomendarán que solo una vez que se haya terminado el proceso ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) y se haya dictado la sanción, pueda perseguirse la responsabilidad penal de las personas involucradas. Subraya así que la potestad de abrir la acción penal podría recaer también en el TDLC y no solo en el fiscal nacional económico, como plantea la iniciativa.
En las indicaciones -que presentará ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados- se pedirá, a su vez, eliminar del proyecto la sanción que establece la prohibición de realizar contratos con el Estado a todas las personas condenadas por delitos graves contra la libre competencia. Esto, puesto que puede repercutir en que el Gobierno se quede sin proveedores. “La colusión es mala y debe disuadirse, ya es suficiente con el aumento de las multas y la incorporación de la cárcel”, dice.
En la oportunidad, se propondrá que el TDLC mantenga la facultad de proponer derogaciones o modificaciones legales ante situaciones que se estimen contrarios a la libre competencia. Hoy, esa potestad recae en el tribunal, pero la iniciativa legal pretende traspasarla a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
En esa línea, se mostrarán a favor de que los ministros del TDLC tengan dedicación exclusiva, pero siempre y cuando el Ejecutivo mejore las remuneraciones, equiparándolas, por ejemplo, a la de los consejeros del Banco Central, con el fin de que existan los incentivos para que los buenos profesionales del área se interesen por desempeñarse en la entidad. Dado ello, y con miras a resguardar la independencia, se planteará que el presidente del Tribunal sea elegido por los ministros del organismo y no por el Presidente de la República, como es hoy.
Por último, el proyecto plantea el establecimiento de un cierto umbral de ventas, sobre los cuales todas aquellas empresas que quieran fusionarse deberán someter la operación a evaluación de la FNE. Evópoli plantea que si bien este reglamento será elaborado por el Ejecutivo, el TDLC debiera entregar al menos su opinión al respecto.
 
Fuente: EyN