Ex directores analizan los "pro y contras" del proyecto de ley que busca fortalecer al Sernac

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno para darle mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), y que actualmente se discute en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, ha provocado reacciones poco favorables en el empresariado y en parlamentarios de oposición.
La propuesta del Ejecutivo que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, consideraba originalmente un aumento en las multas, el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y la entrega de facultades para fiscalizar, sancionar y normar aspectos de la ley de protección de los consumidores.
Sin embargo, transcurridos más de tres meses desde la presentación del proyecto, el Gobierno introdujo 22 indicaciones que apuntan a precisar las nuevas atribuciones que tendrá el Servicio.
Luis Sánchez Castellón, el primer director de Sernac en democracia -entre los años 1990 y 1993-, calificó la reforma como “indispensable” y enfatizó en que “hay que dar este paso que ha dado el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Es muy importante para crear las condiciones para que el respeto a los derechos de los consumidores en Chile sea integral”.
En tanto, Juan Antonio Peribonio, director entre 2010 y 2012 durante el Gobierno de Sebastián Piñera, explicó a Emol que “puede parecer justificado que la misma institución fiscalice, sancione, interprete y demande indemnizaciones colectivas cuando se trata de defender a los consumidores, pero lo cierto es que tanta concentración puede generar también conflictos serios”.
Por esta razón, el ex director entre los años 2012 y 2014, Juan José Ossa, destacó los cambios que se introdujeron y aseguró que “es posible aplicar los cambios, porque, buena parte de los reparos que existían respecto del proyecto original, han sido mejorados”.
Rol de los Juzgados de Policía Local
Entre las indicaciones destaca la audiencia de conciliación obligatoria y dar más celeridad a la solución que entreguen los Juzgados de Policía Local, permitiendo ahora su actuar en última instancia, pero con la incorporación de un procedimiento de rápida tramitación que permita concentrar todo el proceso en una audiencia resolutiva.
Peribonio sostuvo que “deben ser los Juzgados de Policía Local los que deben conocer de las infracciones a la ley y así afortunadamente se enmendó en el proyecto, y es lo que me parece más razonable por múltiples factores”.
“Las más importante, es por la especialidad de estos jueces que son conocedores de esta materia; el aspecto territorial porque hay tantos juzgados como comunas en el país y, porque además no se requiere patrocinio de abogado para comparecer”, agregó.
En tanto, Sánchez aseguró que “cuando se trata de integrar el procedimiento administrativo y sancionador con el rol de los tribunales hay que buscar una ecuación adecuada para garantizar que el Servicio no tenga la calidad de juez y parte, sino que se maneje exactamente como se manejan las demás Superintendencias que operan en el país”.
Multas y “murallas chinas”
Por otro lado, se contemplan diferencias en la exclusividad sancionatoria del Sernac, ya que si la multa es menor a 30 UTM la entidad deberá resolverla de manera obligatoria. Pero si es mayor a dicha cifra, el consumidor podría tomar la opción de dirigirse directamente al Juzgado.
“Los esfuerzos deberían centrarse en recursos para acompañar al consumidor y dar asistencia judicial gratuita a quienes no puedan proveérsela, darles más opciones al consumidor como arbitrajes de consumo imparciales expeditos y gratuitos”, añadió Peribonio.
Además, se propuso establecer un sistema de “murallas chinas” entre las distintas funciones del Servicio para que los funcionarios que están en un área no puedan asumir responsabilidades en otras, especialmente en lo que tiene que ver con fiscalización y sanción.
“Veo difícil que opere correctamente la solución de la ‘muralla china’, hay pocas experiencias exitosas, más difícil aún en un servicio compacto y con una cultura organizacional como es el Sernac”, afirmó Peribonio.
Al respecto, Juan José Ossa, aseguró que “si bien creo que el Sernac debiese potenciarse como un organismo netamente persecutor, creo que sí es posible combinar la fiscalización con las sanciones, en la medida que las murallas chinas sean realmente sólidas. Lo anterior es posible sólo si se cuenta con los recursos necesarios para separar las funciones tanto desde un punto de vista orgánico como físico”.
Por su parte, Sánchez afirmó que “el proyecto está muy bien inspirado y busca fortalecer las capacidades de disuasión del servicio que son muy relevantes con la creación de una instancia administrativa donde se puedan resolver, con efecto vinculante para las partes, sin necesidad de conflicto jurisdiccional abierto, el conflicto entre un consumidor afectado y el proveedor”.
Peribonio señaló que “en la defensa de los consumidores debe primar una política de Estado a largo plazo, una especie de posta. Durante los 4 años del gobierno del Presidente Piñera tomamos lo que se había hecho, pero asumimos que se debía romper el hielo y así lo hicimos y empezamos a cambiar la cultura trabajando en todos los mercados”.
“Hoy el desafío es que los cambios vayan dirigidos a lograr mejoras estructurales en la relación proveedor-consumidor y no solo concentrarse en la aplicación de multas fiscales cuyos beneficios no llegarán directamente a la gente”, agregó el también ex intendente de Santiago.
Por último, Juan José Ossa acotó que el proyecto “era una buena oportunidad para determinar con exactitud las competencias del Sernac y los organismos sectoriales que supervigilan mercados regulados. Eso no está en el proyecto, pero imagino que habrá uno posterior en este sentido”.
Este lunes continuará la votación en particular del proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara Baja, sesión a la que estará invitado el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.